SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS)
En un auto fechado el día 25 de febrero, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez Pilar Ordóñez Martínez procesa a los ex directores generales de Trabajo citados, a los ex secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado Hinojal y Lourdes Medina Varo, y al administrador de Umax, Ulpiano Cuadrado, al entender que podrían haber incurrido en un delito contra la Administración Pública.
La juez, que mantiene que "los trabajadores de Umax siempre prestaron sus servicios en la Consejería de Empleo", acuerda dar traslado de las diligencias a la Fiscalía y, en su caso, a las acusaciones personadas, a fin de que en el plazo común de diez días soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
Estas diligencias se abrieron tras un escrito presentado en abril de 2013 por el gabinete jurídico de la Junta y dirigido inicialmente al Juzgado de Instrucción número 6, cuya titular era entonces Mercedes Alaya, para su unión al caso de los ERE fraudulentos, aunque la magistrada consideró que no se trataba de hechos conexos y, por turno de reparto, la causa recayó finalmente en Instrucción 10.
La investigación se inició tras recibirse en la Junta dos escritos de 9 de marzo y 6 de agosto de 2012 del administrador de Umax, unos escritos que reiteraban otros presentado con el mismo contenido el 10 de octubre de 2011 en la Consejería de Empleo que "no consta fuera puesto en conocimiento de ningún Juzgado", en los cuales solicitaba la convalidación del gasto, reconocimiento extrajudicial del crédito y reconocimiento de deuda por importe de 1.550.114,67 euros.
Según indicaba Ulpiano Cuadrado, la cantidad reclamada obedecía a impagos entre los años 2007 y 2010 derivados de la prestación de servicios por parte de su empresa, que puso a disposición de la Dirección General de Trabajo a sus trabajadores para prestar servicios en la sede de la Consejería de Empleo "desarrollando tareas que requirieron los directores generales y secretarios generales técnicos, pues al parecer era necesaria la materialización de algunas actividades".
LA FAFFE
La juez explica que el objeto social de Umax es el de asesoramiento, formación y consultoría en general, constituyéndose en el año 2003, "aunque con objeto distinto que después modifica de fabricación, montaje, instalación y venta de productos informáticos", siendo el administrador único el propio Ulpiano Cuadrado.
En este sentido, asevera que, "al parecer" y desde 2003, Umax "prestaba sus servicios" a la Dirección General de Trabajo, de manera que "la retribución que obtenía se cifraba en el coste de los sueldos de sus trabajadores, que prestaban sus servicios en exclusiva para la Dirección General, más un porcentaje nunca inferior al 20 por ciento", añadiendo que Umax, "tras presentar la correspondiente factura, cobraba, suspendiéndose estos pagos sobre el año 2007".
La magistrada agrega que los trabajadores de Umax continuaron prestando sus servicios en la Dirección General de Trabajo hasta 2010, año en el que "al parecer son despedidos, aunque la mayoría de ellos fueron contratados inmediatamente" en la Fundación Pública Andaluza de Formación y Empleo (Faffe) "y posteriormente y hasta la actualidad" en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
Según indica la instructora, en 2012 la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo dictó una resolución desestimando el abono, ya que la adjudicación del contrato por el que prestó servicios Umax "se realizó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, no constando la existencia de tramitación de ningún expediente de contratación con tal objeto", una resolución que "no consta haya sido impugnada" por Umax, que no obstante "sí aportó copia de las nóminas de la totalidad de los trabajadores adscritos al trabajo impagado y que reclamaba".
SIN EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN
La juez pone de manifiesto que esos trabajadores ahí relacionados "prestaron sus servicios en la sede de la Consejería de Empleo, habiendo quedado acreditado la existencia de al menos unos 44 trabajadores pertenecientes a Umax", agregando que, "si bien no existe constancia de la tramitación de ningún expediente de contratación con Umax, sí consta que la antigua Consejería de Empleo", según el informe del interventor delegado, pagó a dicha empresa en 2003 un total de 11.719,73 euros "en concepto de datos de cursos envío INEM".
Al hilo de ello, enumera otros pagos realizados entre los años 2004 y 2010 por la Consejería de Empleo y el SAE por importe de más de 1,1 millones de euros, para a continuación indicar que, "ante la imposibilidad de Umax de continuar abonando los salarios, los trabajadores fueron despedidos, pero inmediatamente la mayoría de ellos integrados en la Faffe", mientras que "en el año 2011 algunos de ellos pasaron al SAE, donde aún continúan prestando sus servicios".
La instructora explica que ha "quedado acreditada, al menos indiciariamente, la realidad de la prestación contractual cuyo precio reclama Umax, prestación contractual sin la previa tramitación de un expediente de contratación pública, existiendo contratación verbal consistente en la puesta a disposición de trabajadores", punto en el que agrega que "al menos 44 trabajadores fueron contratados por Umax, la mayoría cercanos al círculo de amigos y familiares" de Guerrero.
La juez, que procesa a los tres directores generales de Trabajo entre 1999 y 2012, señala que los secretarios generales técnicos, encargados de la gestión del personal, organización y racionalización de las unidades y servicios de la Consejería, eran Francisco Javier Aguado Hinojal --que desempeñó el cargo de 2004 a 2008-- y Lourdes Medina Varo --desde 2008 hasta 2012--.
