MÁLAGA, 28 (EUROPA PRESS)
La vista oral comenzó el día 8 de marzo con las cuestiones previas de las defensas, que alegaron vulneración de derechos fundamentales, por un doble enjuiciamiento con el caso 'Malaya', y la prescripción. De hecho, la Sala declaró prescritos los delitos por los que se acusaba a cuatro de los procesados, entre ellos el exinterventor municipal José Antonio Castro, que quedaron fuera del proceso.
En el segundo día de juicio, siete exediles se declararon culpables de un delito de prevaricación y aceptaron los ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público pedidos por la Fiscalía Anticorrupción. Eran los exconcejales Marisa Alcalá, Rafael González, José Luis Fernández Garrosa, Alberto García Muñoz, Tomás Reñones, Javier Lendínez y José Luis Troyano.
La Sala ha fijado inicialmente 37 sesiones, con la previsión de terminar la vista oral a finales de octubre. Esta causa, instruida en el Juzgado de Instrucción número 1 marbellí, es una de las abiertas por convenios tras una querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción a raíz de un informe de fiscalización del Tribunal de Cuenta.
En la última sesión celebrada, comenzó la declaración de los acusados, el primero, el exsecretario municipal Leopoldo Barrantes, acusado por delitos de prevaricación administrativa, alteración de subasta y falsedad, entre otros. Éste se desvinculó de la tramitación de los expedientes de expropiación de la finca y su interrogatorio aún no ha terminado.
La Fiscalía Anticorrupción considera que a través de la operación urbanística desarrollada en dicha finca se permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados, a partir de la expropiación, subasta y posterior transmisión de los terrenos, que en el proceso se revalorizaron.
A Roca se le acusa de los delitos de cohecho, por el que, además de prisión, solicita seis millones de euros de multa; estafa, fraude, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa. La acusación pública pide en sus conclusiones iniciales 15 años de cárcel para el exasesor.
En lo que respecta a Muñoz, se le acusa de los delitos de prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado. Por esto, el ministerio fiscal solicita inicialmente una pena de 11 años de prisión.
La acusación pública sostiene inicialmente que desde que llegó el grupo GIL al poder en Marbella "los acusados Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con propósito de enriquecimiento injusto, gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros".
La finca pasó a ser urbanizable, "en claro perjuicio para el Ayuntamiento y respecto de sus anteriores propietarios". El fiscal relata una serie de operaciones "encadenadas" de transmisión del crédito hipotecario "que la gravaba" y en las que Roca participó, según el escrito, como interlocutor del Ayuntamiento, pero también a través de empresas para adquirir la deuda.
