SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
En la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Provincial de Sevilla estima así los recursos presentados por los acusados contra la sentencia de la juez de lo Penal número 10, que los condenó a seis meses de prisión por un delito de desórdenes públicos.
Cabe recordar que, a su vez, la juez de lo Penal absolvió en diciembre de 2014 a otros siete acusados al considerar que la prueba contra ellos es "insuficiente". Todos los acusados han sido defendidos por la cooperativa Jarsia Abogados y la asesoría del SAT.
El tribunal asevera que "de la prueba practicada no se puede afirmar con la rotundidad que requiere una sentencia de condena que los acusados impidieran el acceso de estudiantes, profesores y trabajadores al recinto universitario, máxime si se tiene en cuenta" que uno de los policías nacionales que declaró en el juicio "dijo que todas las personas que quisieron entrar en el recinto lo hicieron con su ayuda".
Asimismo, y al contrario que la juez, la Audiencia Provincial tampoco considera probado que los acusados impidieran entrar a la Universidad o que zarandearan a un profesor, así como que los manifestantes intentaran bloquear la puerta de acceso al interior de la Universidad de la calle María Padilla.
NO HUBO LESIONES
A todo ello se suma, según expone la Audiencia en esta sentencia consultada por Europa Press, que "no se ha acreditado que se causara lesiones a las personas" que pretendían entrar en la Universidad, "ni siquiera que fueran zarandeadas", mientras que "sí se ha acreditado que funcionarios policiales resultaron con lesiones y daños en sus uniformes" que "podrían constituir un delito de atentado o de resistencia, de los que no son acusados los apelantes".
"Tampoco se ha acreditado que se causaran desperfectos en la Universidad ni que se invadieran instalaciones o edificios", dice la Audiencia, que considera igualmente que la realización de una sentada con el propósito de dificultar el acceso al edificio universitario y los gritos pro huelga general que "sin duda" se efectuaron "no tienen la trascendencia suficiente para considerar que son constitutivos" de un delito de desórdenes públicos.
"Es cierto que los acusados con su conducta en el marco de una huelga general alteraron la vida cotidiana de los trabajadores, estudiantes y profesores de la Universidad Hispalense, que no pudieron acceder al edificio por el lugar que habitualmente lo hacían ni con la tranquilidad y sosiego de costumbre a causa de la presencia de los piquetes de información de la guisa que se relata en los hechos probados de esta resolución, pero entendemos que no se alteró la paz pública", dicen los magistrados de la Audiencia.
"LISTAS NEGRAS"
Luis de los Santos, uno de los abogados de la defensa, ha indicado a Europa Press que la sentencia "recoge que los policías nacionales se contradijeron durante todo el procedimiento" y, "casualmente, únicamente imputaron a activistas reconocidos de la ciudad de Sevilla, algunos de los cuales ni siquiera fueron identificados ese día, con lo cual únicamente puede explicarse con la existencia de listas negras de activistas políticos y sindicales".
A su juicio, el derecho fundamental a la huelga "no puede ser limitado por actuaciones policiales, ya que en el marco de la huelga puede alterarse la tranquilidad y el sosiego de costumbre a causa de los piquetes de información", añadiendo que la Policía "restringió este derecho y, como tal, debería ser investigado por Subdelegación de Gobierno".
La Audiencia considera probado que el 29 de septiembre de 2010, en el marco de la jornada de huelga general convocada por los sindicatos, un grupo de manifestantes del que formaban parte los acusados se reunieron en el Rectorado de la Universidad "con la finalidad de integrar un piquete informativo".
Ese día, "personas no identificadas, colocaron en la mayoría de las puertas de acceso al recinto universitario vallas de obras que impedían parcialmente el acceso al recinto de trabajadores, estudiantes y personal docente".
LA MAYORÍA DE LAS PUERTAS, CERRADAS
Sobre las 8,30 horas, un inspector de la Policía Nacional se desplazó al Rectorado junto a otro agente a fin de garantizar la seguridad y el ejercicio del derecho al trabajo de quienes no secundaban la huelga, de manera que, al llegar a este lugar, el inspector comprobó que la mayoría de las puertas de acceso al Rectorado se encontraban cerradas, permaneciendo abierta la entrada al recinto universitario.
Según la Audiencia, hasta este lugar se dirigieron los acusados junto a un numeroso grupo de personas que, "progresivamente, se concentró en la referida puerta" profiriendo "gritos y descalificaciones hacia los agentes de Policía y las personas que con ayuda de los agentes accedían al interior del recinto".
Sobre las 10,00 horas, y según recoge la sentencia, un grupo de manifestantes, entre ellos los acusados, "de común acuerdo se sentaron a pocos metros de la mencionada puerta de acceso al edificio universitario, entre la misma y la cancela de entrada al recinto".
En esta situación, un profesor de la Facultad de Historia que quería acceder a la Universidad, finalmente "no lo hizo por la puerta de la calle San Fernando, que estaba abierta, sino por la puerta de la calle María de Padilla, en la que se encontró a los manifestantes sentados", los cuales "fueron apartados" por la Policía Nacional, entrando el profesor y dos estudiantes en el edificio.
