SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)
Hay que recordar que, en un auto dictado el 9 de noviembre de 2015, la magistrada rediseñó la división del caso ERE y desgajó de la pieza matriz el denominado procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, las sobrecomisiones pagadas en las pólizas de prejubilaciones, las empresas Acyco, Surcolor y Surcolor Óptica S.A., y Cenforpre, y las ayudas a los empresarios de la Sierra Norte de Sevilla José Enrique Rosendo --ya fallecido-- y José María Sayago.
En un auto fechado el 7 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora acuerda incoar diligencias previas en relación a la empresa Cenforpre e incluye en esta pieza como "personalmente responsables" a Antonio Fernández, Guerrero, Antonio Aso, el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, el ex director gerente de la empresa Miguel Errecalde Treviño, y José Antonio Gómez Romón, más conocido como 'Pizo' Gómez, que fuera trabajador de la empresa, además de exfutbolista del Osasuna y del Atlético de Madrid.
La juez, que adopta la decisión de formar la pieza separada de Cenforpre tras el escrito presentado a tal efecto por la Fiscalía Anticorrupción, considera que todos ellos podrían haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Así, relata que 'Pizo' Gómez habría suscrito como asegurado en fecha 1 de agosto de 2007 una póliza de rentas de supervivencia y nueve pólizas de capital diferido, todas ellas en el mismo documento y "por mediación" del que fuera "su jefe" hasta junio de 2005, Miguel Errecalde Treviño, pólizas "por las que percibiría a sabiendas que ningún derecho tenía a recibir tales rentas" la suma de 491.424,43 euros desde el 1 de septiembre de 2007 hasta el 31 de agosto de 2008, "que se ingresaron en la cuenta corriente de la que era titular".
La juez precisa que, según la información recabada del Consorcio de Compensación de Seguros, esta cantidad "se cobró íntegramente", añadiendo que de dichas pólizas fue tomador la Consejería de Empleo, a través de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía.
Con el importe de tales rentas, dice la juez en el auto, el investigado "fue abonando las cuotas de amortización de un préstamo que pidió en la Caja Rural de Navarra de 500.000 euros".
Tanto el exconsejero de Empleo Antonio Fernández como Francisco Javier Guerrero también han sido incluidos por la juez Núñez en las piezas separadas relativas al procedimiento específico por el que se concedieron las ayudas, y a las empresas Acyco y Surcolor y Surcolor Óptica.
