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JpD

JpD reclama una Ley que fije las competencias que tiene un gobierno en funciones

04/03/2016
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El Comité Permanente de la asociación también pide revisar el delito fiscal y medidas ante la crisis de refugiados

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) ha hecho públicas este jueves las conclusiones de su último Comité Permanente en el que se han tratado, entre otras cuestiones, ka ausencia de límites nítidos sobre las competencias del ejecutivo después de las elecciones.

Señalan que mientras se forma nuevo gobierno el que se encuentra en funciones "es fuente frecuente de polémicas y actuaciones cuestionadas en tanto que no son las opciones de carácter discrecional o político que adoptaría un hipotético gobierno futuro".

Para acabar con esta inseguridad jurídica, Jueces para la Democracia considerara que debería regularse por ley este conjunto de facultades e incorporar la doctrina del Tribunal Supremo a este respecto

En la reunión, los jueces progresistas han acordado igualmente reclamar una modificación del delito fiscal ante la necesidad de revisar la cuantía económica de la defraudación que es necesaria necesaria para alcanzar el umbral del tipo básico, fijada actualmente en 120.000 euros o en 50.000 en el caso de los fondos comunitarios. Solicitan que se rebaje la cuantía de la cifra defraudada para ser delito

Por otro lado, Jueces para la Democracia considera un "deber moral e histórico" hacer un llamamiento a toda la sociedad española, en relación al tremendo drama humano que se está produciendo en el sur de Grecia y en el centro de Europa por los movimientos de poblaciones "que sólo son comparables a los acaecidos durante e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial2.

"Como juezas y jueces europeos nos produce una profunda desazón la situación que están sufriendo cientos de miles de seres humanos, con la muerte hombres, mujeres, niños y ancianos", continúa el comunicado al respecto, que añade que "Europa retrocedería décadas y posiblemente siglos, si se continúa permitiendo ese sufrimiento, que supone una vulneración lacerante y continúa de los esenciales valores que hacen de Europa un referente en cuanto a respeto de los derechos Humanos".

Por ello instan a todas las instituciones del Estado a que se impliquen seriamente en eliminar los efectos que ello está provocando. Jueces para la Democracia va a iniciar gestiones con las asociaciones judiciales de todos los países europeos a fin de acordar actuaciones que sirvan para remediar la inadmisible situación que día a día se está produciendo.

DEROGACIÓN LEY DE COSTAS

En la última reunión de su Comité Permanente la asociación progresista de jueces también ha tratado sobre la modificación operada hace dos años que redujo injustificadamente el ámbito de protección de la superficie que debía conformar el dominio público marítimo terrestre, y acotó, para excluirlos, una serie de supuestos que hasta ahora formaban parte de este concepto, además de reducir la franja de protección del litoral, con importantes efectos en cuanto a la consolidación de actuaciones urbanísticas gravemente lesivas al medio ambiente y al litoral. Por ello pide su derogación

Finalmente, JpD denuncia el tratado internacional sobre limitación de responsabilidad por daños causados por hidrocarburos transportados por mar al considerar que "supone un privilegio para la actividad de transporte marítimo de hidrocarburos, que determina que en caso de siniestro no exista una garantía real de reparación del daño causado por el vertido de petróleo y sus derivados, ni a las personas y bienes ni al medio ambiente".

Proponen por ello que e Parlamento denuncie el Tratado y que promueva uno nuevo "basado en los principios de responsabilidad objetiva, de carácter ilimitado y solidario entre todos los beneficiarios materiales de la actividad, así como la contemplación como indemnizable de todo el daño causado, incluido el ambiental".

En tanto esto no se logra, JpD propone la aprobación de una ley española en estos términos (semejante a la Oil Pollution Act norteamericana de 1990) y se condicione el paso inocente por las aguas jurisdiccionales españolas (incluida la ZEE) al cumplimiento de este régimen de aseguramiento.

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