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Zonas Especiales de Conservación Integrantes de la Red Natura 2000

04/03/2016
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Orden de 23 de febrero de 2016, por la que se aprueban las medidas de conservación de las Zonas Especiales de Conservación Integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas al mantenimiento o restablecimiento de sus hábitats, cuya delimitación coincide con espacios integrantes de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos que cuentan con plan o normas de conservación aprobados, correspondiente a 13 zonas (BOC de 3 de marzo de 2016). Texto completo.

ORDEN DE 23 DE FEBRERO DE 2016, POR LA QUE SE APRUEBAN LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN INTEGRANTES DE LA RED NATURA 2000 EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS, DESTINADAS AL MANTENIMIENTO O RESTABLECIMIENTO DE SUS HÁBITATS, CUYA DELIMITACIÓN COINCIDE CON ESPACIOS INTEGRANTES DE LA RED CANARIA DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS QUE CUENTAN CON PLAN O NORMAS DE CONSERVACIÓN APROBADOS, CORRESPONDIENTE A 13 ZONAS.

Mediante el Decreto 174/2009, de 29 de diciembre (BOC n.º 7, de 13 de enero de 2010), se declararon las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales, en cumplimiento de la Directiva 92/43/CEE Vínculo a legislación, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) y su transposición al ordenamiento jurídico español, mediante Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, así como la Ley 42/2007, de 13 de diciembre Vínculo a legislación, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; y que tenía por objeto aprobar la relación de las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y establecer nuevas medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales, además de las que ya resultan de aplicación de acuerdo con la normativa autonómica vigente.

Sin embargo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta), de 22 de septiembre de 2011, dictada en el asunto C-90/10, que tiene por objeto un recurso por incumplimiento interpuesto, con arreglo al artículo 258 Vínculo a legislación TFUE, el 16 de febrero de 2010, ha venido a declarar que el Reino de España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de determinadas disposiciones de la Directiva 92/43/CEE Vínculo a legislación, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Por una parte, al no haber establecido prioridades, de conformidad con el artículo 4 Vínculo a legislación, apartado 4 Vínculo a legislación, de la Directiva 92/43/CEE, para las zonas especiales de conservación correspondientes a los lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica macaronésica situados en territorio español e identificados por la Decisión 2002/11/CE, de la Comisión, de 28 de diciembre de 2001, por la que se aprueba la lista de lugares de importancia comunitaria con respecto a la región biogeográfica macaronésica en aplicación de la Directiva 92/43/CEE Vínculo a legislación ; y por otra parte, al no haber adoptado ni aplicado, de conformidad con el artículo 6 Vínculo a legislación, apartados 1 Vínculo a legislación y 2 Vínculo a legislación, de la Directiva 92/43, las medidas apropiadas de conservación y un régimen de protección que evite el deterioro de los hábitats y las alteraciones significativas de las especies, garantizando así la protección jurídica de las zonas especiales de conservación que incluyen los lugares mencionados en la Decisión 2002/11 situados en territorio español.

A la vista de lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la aprobación de órdenes departamentales que completen y desarrollen el Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, para la aprobación de las medidas de conservación con sus correspondientes planes de gestión, de acuerdo con los criterios de conservación y protección aplicables a los lugares de la Red Natura 2000, en concordancia con las prioridades para la aprobación de los mismos. A tal efecto, el propio Decreto 174/2009, en su Disposición final segunda, faculta al titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma para dictar cuantas disposiciones y actos resulten necesarios para el desarrollo y ejecución del citado Decreto.

El citado Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, señala en su artículo 2.1, que para las ZEC no coincidentes con espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, deberán elaborarse disposiciones específicas de conservación que complementen las medidas protectoras establecidas, ya sea en la legislación vigente o en los instrumentos de ordenación de los recursos naturales o planes de recuperación y conservación de especies aplicables en dicho ámbito. Sobre la base del criterio establecido en el mencionado precepto, se determinó como primera actuación la aprobación de los planes de gestión de las ZEC no coincidentes con los espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, culminándose la misma con la aprobación de la Orden de 18 de noviembre de 2013 y de la Orden de 12 de mayo de 2014, por las cuales se aprobaron las medidas de conservación de las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de Canarias, salvo la Zona de Especial Conservación ES7020018 Tubo Volcánico de Todoque, en la isla de La Palma, cuya tramitación se ha seguido de forma separada y cuya aprobación definitiva se ha formalizado con la promulgación de la Orden de 26 de noviembre de 2015.

Para continuar con el cumplimiento de las obligaciones reguladas en los artículos 6 Vínculo a legislación, apartados 1 Vínculo a legislación y 2 Vínculo a legislación, de la Directiva 92/43/CEE; y 45, apartados 1 y 2, de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre Vínculo a legislación, la Comunidad Autónoma de Canarias inició entonces la elaboración de los planes de gestión de las ZEC coincidentes con Espacios Naturales Protegidos sin instrumento de ordenación aprobado (ES7010004 Azuaje, ES7010028 Tufia, ES7010038 Barranco de la Virgen, ES7010046 Los Volcanes, ES7020022 Tamanca, ES7020041 Charco del Conde, ES7020066 Roque de Garachico, ES7020074 Los Campeches, Tigaiga y Ruiz, ES7020075 La Resbala), que culminó con la aprobación de la Orden de 12 de junio de 2015.

Posteriormente, se procede ahora a la aprobación definitiva de las medidas de conservación de las primeras 13 ZEC de un total de 99 coincidentes con espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos que cuentan con instrumento de ordenación aprobado: ES7020002 Roques de Salmor, ES7020025 Barranco del Agua, ES0000108 Los Órganos, ES7020032 Roque Cano, ES7020033 Roque Blanco, ES7020034 La Fortaleza, ES7020045 El Pijaral, ES7020046 Roques de Anaga, ES7020056 Montaña Centinela, ES7010002 Barranco Oscuro, ES7010005 Los Tilos de Moya, ES0000113 Macizo de Tauro, ES7010027 Jinámar.

Se verifica, asimismo, la inaplicabilidad de la Ley 14/2014, de 26 de diciembre Vínculo a legislación, de Armonización y Simplificación en materia de Protección del Territorio y los Recursos Naturales, que contiene, en sus artículos 8 y 49, un cambio respecto al régimen jurídico anterior y a la tramitación que se ha venido siguiendo, ya que atribuye la competencia para la aprobación de los planes de las ZEC que antes correspondía a la Comunidad Autónoma a los Cabildos Insulares, pero afectando esta nueva atribución competencial única y exclusivamente a las ZEC correspondientes a los espacios de la Red Natura 2000 no coincidentes con la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, tal y como recoge el tenor literal del artículo 49.2, párrafo segundo, sin que por tanto, sea este el caso.

En aplicación del artículo 41.3 Vínculo a legislación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, con la participación de las Comunidades Autónomas, elaboró unas Directrices de conservación de la Red Natura 2000 (BOE de 10 de octubre de 2011). Este documento se entiende como un conjunto de directrices y recomendaciones puestos a disposición de las Administraciones Públicas competentes para la planificación y gestión de los espacios de Red Natura 2000. Los presentes planes de gestión se redactan teniendo en cuenta dichas Directrices.

Para la aplicación de las medidas de conservación contenidas en los planes que se aprueban por la Orden que se propone Vínculo a legislación, se ha incorporado una estimación de medidas y actuaciones y su correspondiente evaluación de costes, con objeto de posibilitar la solicitud de cofinanciación comunitaria, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8 de la Directiva Hábitats y el artículo 9 del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre.

Por otra parte, queda establecida la naturaleza de estos planes como medidas de conservación e instrumento de ordenación de los recursos naturales, que no contempla determinaciones de ordenación de carácter territorial o urbanístico sobre el territorio en el cual se localizan, y que han sido estrictamente enfocados, en concordancia con las determinaciones establecidas para la ordenación de los recursos naturales por los vigentes Planes Insulares de Ordenación, para el estricto mantenimiento y restauración ecológicos de los hábitats naturales y de los hábitats y poblaciones de las especies correspondientes.

En lo que respecta a la inaplicabilidad del procedimiento de evaluación ambiental estratégica, tanto en su procedimiento ordinario como abreviado, según lo previsto en el artículo 6.1.b) Vínculo a legislación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, nos remitimos a la argumentación recogida en la Sentencia del Tribunal Supremo de 30 de septiembre de 2014 (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 4.ª, ponente: Jesús Ernesto Peces Morate), sobre la evaluación ambiental estratégica en planes de ordenación de los recursos naturales y planes rectores de uso y gestión de los espacios naturales, aplicable por existir identidad en la naturaleza de los planes en cuanto a instrumento de gestión de un recurso natural, a los planes de gestión de las ZEC, que corrobora lo que ya se contempla tanto en la normativa europea como en la nacional, esto es, que los planes de gestión del patrimonio natural, en relación con lo exigido en el artículo 45 Vínculo a legislación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en la medida en que su función es gestionar de forma directa este patrimonio, no deben someterse a evaluación ambiental estratégica. Esta afirmación resulta conveniente en base a las finalidades que ambas figuras jurídicas persiguen: la necesidad de protección del medio ambiente mediante un desarrollo sostenible. La evaluación ambiental se configura como un instrumento que pretende garantizar la introducción de consideraciones ambientales en la creación de planes y programas, integrando los principios de desarrollo sostenible y participación pública en el entramado político desde un primer momento. Idéntica finalidad sería la que busca el instrumento del plan de gestión de una ZEC, puesto que determina criterios de conservación, restauración, protección y uso sostenible de estos espacios. Así, las finalidades de la evaluación ambiental estratégica se encuentran aseguradas en los planes de gestión de las ZEC, por lo que la realización de una evaluación ambiental a estos planes supondría una reiteración de ciertas medidas de protección ambiental que no aportarían nada nuevo a la consecución de su finalidad y así se expone en la sentencia: "como es lógico, estos planes colman las exigencias de evaluación ambiental que para otros planes y programas exige tanto nuestro ordenamiento interno como el comunitario europeo". Todo esto sin mencionar otro presupuesto lógico contemplado en la derogada Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, en la cual se señalaba que la aplicación principal de esta evaluación se encuentra en los planes y programas que previsiblemente vayan a causar un impacto negativo en el medio ambiente, algo de lo que, aún esgrimiendo el principio de precaución o cautela, principio igualmente inspirador de los planes de gestión de las ZEC en virtud del artículo 2 Vínculo a legislación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, nunca pueden adolecer este tipo de planes.

Finalmente, y con referencia a la identificación de los sectores afectados para instar las oportunas consultas previas, con objeto de mantener la coherencia y similitud con la tramitación instruida en las anteriores Órdenes conforme a lo que establecía el propio Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, en su artículo 2.2, para las ZEC coincidentes con espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos, se ha entendido oportuno que sigan siendo los Cabildos Insulares y Ayuntamientos las entidades a consultar, sin perjuicio de la instrucción del trámite de participación pública que se ha efectuado, previsto en el artículo 16.1 Vínculo a legislación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, ordenando la publicación de la iniciativa en el Boletín Oficial de Canarias, dada la naturaleza de disposición de carácter general en materia de conservación de la naturaleza y diversidad biológica según recoge el artículo 18.f) del mismo cuerpo legal.

De acuerdo con la previsión contenida en el artículo 32.c) Vínculo a legislación de la Ley 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y la Administración Pública de Canarias, por el que se establece el ejercicio de la potestad reglamentaria del Consejero en las materias propias de su Departamento en forma de Ordenes Departamentales, así como la habilitación específica prevista en la Disposición final segunda del Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y las medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales,

D I S P O N G O:

Artículo 1.- Aprobación de las medidas de conservación.

1. Se aprueban, como medidas de conservación de las Zonas Especiales de Conservación ES7020002 Roques de Salmor, ES7020025 Barranco del Agua, ES0000108 Los Órganos, ES7020032 Roque Cano, ES7020033 Roque Blanco, ES7020034 La Fortaleza, ES7020045 El Pijarral, ES7020046 Roques de Anaga, ES7020056 Montaña Centinela, ES7010002 Barranco Oscuro, ES7010005 Los Tilos de Moya, ES0000113 Macizo de Tauro, ES7010027 Jinámar, todas ellas pertenecientes a la Red Natura 2000 en Canarias, y declaradas en virtud del Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación Integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento de un estado de conservación favorable de estos espacios naturales, sus Planes de Gestión específicos.

2. El contenido de los Planes de Gestión es el previsto en las Directrices de conservación de la Red Natura 2000 recogidas en los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de patrimonio natural y biodiversidad, publicados mediante la Resolución de 21 de septiembre Vínculo a legislación de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático. Los Planes de Gestión de estas trece Zonas de Especial Conservación se encuentran recogidos en el Anexo I de la presente Orden.

3. La delimitación de las Zonas Especiales de Conservación se corresponde con la descripción geométrica establecida en el Anexo II del Decreto 174/2009, de 29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 en Canarias y medidas para el mantenimiento en un estado de conservación favorable de estos espacios naturales.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación.

Las Zonas Especiales de Conservación objeto de la presente Orden son coincidentes con los espacios de la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.

Artículo 3.- Definiciones.

A los efectos de delimitar y definir los conceptos incluidos en los Planes de Gestión que se aprueban, incorporado en el Anexo I de la presente Orden, se entenderá por:

1. Objetivo de conservación de un lugar: niveles poblacionales de las diferentes especies así como superficie y calidad de los hábitats que debe tener un espacio para alcanzar un estado de conservación favorable.

2. Medida de conservación: mecanismos reales y acciones a ejecutar en un espacio integrante de la Red Natura 2000 con la finalidad de alcanzar los objetivos de conservación del lugar. Se establecen dos tipos de medidas de conservación: los criterios de actuación y actuaciones de conservación.

3. Criterios de actuación: medidas de conservación que se corresponden con el conjunto de condiciones que deben tenerse en cuenta para la compatibilización de actividades con los objetivos de conservación, para cada una de las zonas previstas en los Planes de Gestión.

4. Actuaciones de conservación: medidas de conservación dirigidas a ejecutar acciones directas para la consecución de los objetivos de conservación.

5. Priorización: importancia relativa de las actuaciones previstas en el Plan de Gestión para la consecución de los objetivos de conservación de las Zonas Especiales de Conservación. A cada una de las actuaciones se le asignará un nivel de prioridad de entre los siguientes:

Prioridad alta: acciones imprescindibles para conseguir los objetivos de conservación de la ZEC, de forma que los hábitats y especies de interés comunitario alcancen un estado de conservación favorable. Su ejecución será obligatoria a lo largo del periodo de vigencia del Plan de Gestión.

Prioridad media: acciones necesarias para evitar el declive o deterioro de los hábitats y especies de interés comunitario, atendiendo especialmente a su área de distribución, su calidad o su tamaño poblacional.

Prioridad baja: acciones recomendables para la plena recuperación de los hábitats y especies de interés comunitario y mantenimiento de su estado de conservación favorable.

Artículo 4.- Zonificación.

A los efectos de delimitar el alcance de los Planes de Gestión, y con objeto de garantizar la conservación, y en su caso, la restauración y recuperación de los hábitats y especies de interés comunitario, este podrá establecer zonas diferenciadas dentro de su ámbito territorial atendiendo a los distintos niveles de actividad, de protección y las medidas y actuaciones a desarrollar, de acuerdo con la siguiente zonificación:

1. Zona de Conservación Prioritaria (Zona A): esta zona estaría constituida por aquellas áreas que poseen un alto valor para la conservación dado que albergan hábitats de interés comunitario que presentan un estado favorable de conservación y núcleos de población de las especies de interés comunitario.

El objetivo principal de conservación será la protección y el mantenimiento de los hábitats y especies de interés comunitario presentes en la Zona Especial de Conservación, así como el mantenimiento de las actividades existentes en la actualidad que no fueran incompatibles con la conservación de los mismos.

2. Zona de Conservación (Zona B): se incluyen en esta Zona áreas que también presentan un alto valor para la conservación por la presencia de hábitats o especies de interés comunitario, que presentan un estado de conservación inadecuado y requieren de ciertas actuaciones o medidas de restauración.

El objetivo principal de conservación será la protección, mantenimiento y mejora de los hábitats de interés comunitario presentes en la Zona Especial de Conservación a través de actividades de recuperación de la vegetación y restauración ambiental, y el mantenimiento de las actividades existentes en la actualidad que no fueran incompatibles con la conservación de los valores naturales del espacio.

3. Zona de Restauración Prioritaria (Zona C): se incluyen en esta Zona áreas que albergan hábitats o especies de interés comunitario que presentan un estado de conservación claramente desfavorable, y en las que existe cierta intensidad de usos. En esta Zona se requieren importantes actuaciones y medidas para conseguir revertir el estado de conservación de los valores del espacio.

Los objetivos principales de conservación estarán enfocados principalmente a atender la protección y restauración de los hábitats y especies de interés comunitario presentes en la Zona Especial de Conservación, de forma que no se imposibilite su recuperación, y al mantenimiento de las actividades existentes en la actualidad que no fueran incompatibles con la conservación de los valores naturales del espacio.

4. Zona de Restauración (Zona D): se incluyen en esta Zona las áreas naturales o seminaturales de menor valor relativo dentro de la Zona Especial de Conservación, que en la actualidad no albergan hábitats o especies de interés comunitario, o que incluyen "facies degradadas o de sustitución" pero que potencialmente podían hacerlo dado que poseen características adecuadas para ello.

El objetivo principal de conservación en estas áreas tenderá a favorecer la recuperación de los hábitats de interés comunitario presentes en la Zona Especial de Conservación, junto con el mantenimiento y desarrollo de las actividades previamente existentes en el espacio.

5. Zona de Transición (Zona E): esta zona estaría constituida por áreas dentro de la Zona Especial de Conservación que albergan usos y actividades que han supuesto un alto grado de transformación del entorno y de sus características naturales, y que no presentan las condiciones necesarias para albergar ni hábitats ni especies de interés comunitario. Se incluirían en estas zonas algunas áreas dedicadas a la agricultura, ganadería intensiva, entidades de población, etc.

En este caso, las medidas de conservación para esta Zona deberán tener en cuenta las actividades existentes, estableciendo, en su caso, las condiciones necesarias en que deberán llevarse a cabo las mismas para evitar posibles repercusiones negativas en el estado de conservación de los hábitats y especies de interés comunitario presentes en el espacio.

Artículo 5.- Gestión.

1. Las Administraciones Públicas quedan vinculadas por las presentes medidas de conservación en el ejercicio de las funciones que legalmente tengan atribuidas, así como para el otorgamiento de autorizaciones y emisión de informes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Disposición adicional primera de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre Vínculo a legislación, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; la Ley 4/2010, de 4 de junio Vínculo a legislación, del Catálogo Canario de Especies Protegidas y sus modificaciones; y el Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el catálogo de especies amenazadas de Canarias, este último en todo lo que se mantiene vigente.

2. Corresponde a los Cabildos Insulares, como órganos competentes para la gestión y conservación de los espacios integrantes de la Red Natura 2000, ejercer estas funciones conforme a las actuaciones de conservación recogidas en los Planes de Gestión.

Disposición final primera.- Vigencia.

Las presentes medidas de conservación tendrán una vigencia de seis años, prorrogándose su aplicación en tanto no sean aprobadas otras que las sustituyan. No obstante, la Consejería competente en materia de medio ambiente podrá proceder a su revisión o modificación en cualquier momento siempre que considere que se ha producido una variación significativa de alguna circunstancia no prevista en las mismas, que pueda afectar a la preservación de los valores de este espacio.

Disposición final segunda.- Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

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