BRUSELAS, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Aunque en toda la UE hay unos 16 millones de parejas internacionales, las normas van dirigidas sólo a 17 países de la UE, entre ellos España, que solicitaron avanzar en esta normativa por su cuenta, después de que el pasado mes de diciembre los Veintiocho fueron incapaces de aprobar la propuesta de la Comisión de 2011 por unanimidad.
España, junto con Suecia, Bélgica, Grecia, Croacia, Eslovenia, Francia, Portugal, Italia, Malta, Luxemburgo, Alemania, República Checa, Países Bajos, Austria, Bulgaria y Finlandia reclamaron al Ejecutivo comunitario que presentara una decisión para autorizarles a avanzar en este asunto a través de la cooperación reforzada, que permite a un grupo de países --nueve como mínimo-- para poder avanzar en solitario. También se necesita el consentimiento del Parlamento Europeo.
Las nuevas propuestas clarifican las normas aplicables en caso de divorcio o defunción y tienen por objetivo poner fin a las contradicciones por la divergencia de los sistemas en los diferentes países relativos al régimen de propiedad o las cuentas bancarias, así como garantizar una mayor certidumbre jurídica para las parejas mixtas entre ciudadanos de diferentes Estado miembro.
Los procesos judiciales "paralelos" en diferentes Estados miembros para resolver litigios de propiedades entre parejas suponen un coste en tasas de unos 1.100 millones de euros al año, según cálculos del Ejecutivo comunitario, que estima que las nuevas normas pueden ahorrar a las parejas "alrededor de 400 millones al año en costes adicionales".
En concreto, clarifican el tribunal nacional competente para ayudarles a gestionar su propiedad o el reparto entre ellos en el caso de divorcio, separación o defunción y la jurisdicción aplicable cuando legislaciones de varios países de la UE podrían potencialmente aplicarse en su caso, al tiempo que facilitan el reconocimiento y ejecución de las sentencias dictadas en un Estado miembro sobre regímenes de propiedad en el resto.
Los Estados miembros que no participan --aunque tienen derecho a sumarse cuando quieran-- seguirán aplicando su legislación nacional, incluido sus normas sobre el derecho privado internacional.
