BARCELONA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -
En la interlocutoria, el juez considera que asignar estas cuotas de representación es una competencia del Gobierno central y cuestiona el censo de asociados que el Govern exigía a las organizaciones para justificar su peso, según publican este martes varios medios.
El decreto, impulsado por el anterior conseller de Empresa y Empleo, Felip Puig, pedía a las organizaciones que demostraran a cuántas empresas representan cada una y entretanto estableció una representatividad del 50% para Fomento del Trabajo y el otro 50% para Pimec.
Fomento del Trabajo considera que ahora, la suspensión parcial del decreto del Govern obliga a volver a la situación anterior, en la que Fomento tenía un 60% de representación, Pimec un 25% y Fepime un 15%.
La representatividad de cada patronal sirve para establecer los miembros que tiene cada organización --empresariales y sindicales-- en los órganos e instancias de participación de la Generalitat, como el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) y el Consejo de Relaciones Laborales.
Fomento del Trabajo y Fepime recurrieron el decreto porque la normativa dictaba que una empresa sólo podía figurar como afiliada en una patronal en caso de que se mostraran vínculos entre dos organizaciones, como pasa con Fomento y Fepime.
REPRESENTATIVIDAD DE FEPIME
En julio del año pasado, el Govern retiró a Fepime la calidad de organización 'más representativa', lo que le permite estar en las mesas de negociación, una decisión aplaudida y reclamada por Pimec, que argumenta que Fepime no puede tener representatividad porque no es una organización independiente y autónoma, sino que depende de Fomento del Trabajo.
Sin embargo, el TSJC también suspendió cautelarmente esta medida a la espera de una sentencia firme sobre esta cuestión.