MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El fallo sostenía que Fernández y los hermanos Bustos eran plenamente conscientes de que estaban infringiendo las reglas de selección del Ayuntamiento para colocar como directora del área de urbanismo en el municipio a Carmina Llumà, mujer del jefe de la asesoría jurídica del consistorio y, con anterioridad, cargo del Govern del tripartito.
Estas presiones abocaron a la alcaldesa a dictar una resolución "manifiestamente injusta y contraria a los principios que deben guiar la actuación de cualquier administración propia de un Estado de derecho".
Además de la privación de libertad, el TSJC impuso a los exdirigentes cuatro años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos, además de condenarles pagar una multa de 60.000 euros. "Se prevalieron de común acuerdo para abordarla, asediarla y, finalmente, convencerla", recogía la sentencia.
El tribunal impuso a la alcaldesa María Elena Pérez una pena de siete años de inhabilitación para ejercer cargo público por prevaricación al entender que, tras las presiones recibidas, ordenó a la empresa externa de recursos humanos cambiar el criterio para nombrar en mayo de 2012 a la candidata que Fernández y los Bustos querían, en detrimento de otra aspirante.
