MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Colate, conocido por haber sido pareja de la cantante Paulina Rubio, se enfrentaba a una pena máxima de seis años de cárcel por un delito societario de administración desleal y otro de alzamiento de bienes.
Los hechos se remontan a 2007 momento en el que 'Colate' era administrador único de las mercantiles Etaloc Media Consulting y Canya Multimedia Group. De ésta última era también apoderado, con el 15 por ciento de participación social, su socio, Fernando Rodríguez.
Según explica la sentencia, el socio pidió a Vallejo-Nájera "en atención fundamentalmente a su matrimonio con una conocida cantante mexicana" que realizara trabajos para el relanzamiento publicitario de un proyecto inmobiliario. También se le solicitó la búsqueda de inversores en la comunidad latinoamericana residente en Miami para que adquirieran viviendas residenciales
Así, se ideó el diseño de una página web de promoción del proyecto inmobiliaro para lo cual, 'Colate' subcontrató los servicios a la agencia Saatchi & Saatchi. Realizados estos trabajos, facturó a los contratantes un importe de 254.000 euros en enero de 2008.
No obstante, ese dinero no fue recibido en la cuenta social de Canya Multimedia, sino "a requerimiento del acusado y en perjuicio de la sociedad Canya", en las cuentas sociales de Etaloc. Por otro lado, Saatchi no cobró por los trabajos, por que instó juicio ordinario en reclamación de la cantidad de 185.184 euros contra Canya. De hecho, recayó sentencia condenatoria en diciembre de 2011, "sin que ante la insolvencia de Canya, haya cobrado su deuda", según consta en las diligencias.
Además, a instancia del banco, el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Madrid despachó ejecución contra Canya, el acusado y su socio por importe de 126.000 euros por la política de crédito vencida, a la que tuvo que hacer frente personalmente Fernando Rodríguez, "ante la insolvencia de Canya y del acusado".
DEMANDA DEL SOCIO
Por otro ello, Rodríguez demandó a 'Colate' por administración desleal, falsedad documental, estafa y apropiación indebida. El fiscal del caso solicitaba, por el delito societario, que se imponga al acusado una pena de tres años de prisión, inhabilitación especial para el sufragio pasivo durante el tiempo de condena y 11 meses de multa con una cuota diaria de 12 euros, con su correspondiente responsabilidad personal subsidaria. Y, por el delito de alzamiento de bienes, una pena de tres años de prisión con inhabilitación especial para sufragio pasivo y 20 años de multa con una cuota diaria de 12 euros. En total, más de 11.000 euros de multa.
No obstante, los magistrados han considerado que no existen pruebas suficientes. "La absolución radica fundamentalmente en una situación de incertidumbre, de falta de convicción sobre los hechos imputados", dice la resolución.
