MÉRIDA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno ha tenido acceso, en su reunión de este martes, a un informe del presidente sobre la autorización otorgada a la Abogacía General de la Junta de Extremadura para interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 1058/2015, de 23 de octubre por el que se regulan las características generales de las pruebas de evaluación final de Educación Primaria establecidas en la L.O. 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (conocidas como 'reválida' de 6.º de Primaria).
Esta iniciativa parte del hecho de que la Junta de Extremadura no ha recibido contestación por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte al requerimiento formal en el que la Consejería de Educación y Empleo solicitaba la derogación de dicha norma, según informa el Ejecutivo regional en nota de prensa.
Recuerda que la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, ya ha manifestado públicamente el "desacuerdo" de la Junta de Extremadura con ese Real Decreto "por no haber sido consensuado" con todas las comunidades autónomas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación, así como por el hecho de "obligar a que sean evaluadores externos los que realicen dichas pruebas".
Un planteamiento que, por parte del Estado, "infravalora la profesionalidad de los docentes extremeños", señala la Junta de Extremadura.
Además, la Junta de Extremadura rechaza también el decreto por "imponer a las comunidades autónomas la responsabilidad de aplicar las pruebas al alumnado", con el "consecuente trastorno para los centros educativos, así como el gasto económico extra para las arcas públicas de la región".
A esto se suman las "serias dudas" que la Junta de Extremadura tiene sobre el valor y la utilidad de las citadas pruebas, ya que considera que "un solo ejercicio no aporta información sobre todo el proceso de aprendizaje de los estudiantes". Además, obliga a los jóvenes a "someterse muy pronto a la tensión y la ansiedad que supone una prueba externa".
Por todos estos motivos, la Junta ha procedido a la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo en el que se solicita la derogación de dicha norma.
