Catalá les ha recordado que por aplicación del principio de cosa juzgada, la legislación española no permite volver a juzgar un hecho sobre el que ya existe sentencia firme. A su vez les ha animado a seguir trabajando para que se pueda celebrar un nuevo juicio si en un futuro aparecieran nuevas evidencias que permitan imputar a alguno de los acusados absueltos por un hecho distinto de aquel por el que fueron enjuiciados o aparecieran pruebas respecto de terceros no enjuiciados. Para ello, el ministro ha recordado el trabajo que está realizando la Brigada de Análisis y Revisión de Casos del Cuerpo Nacional de Policía que ha manifestado su máxima predisposición para continuar investigando y que no se pueda considerar que el caso de Marta del Castillo es un caso cerrado.
Asimismo, el ministro ha expuesto como alternativa a los procedimientos actuales la habilitación de soluciones procesales nuevas para el caso de delitos graves (los castigados con más de 15 años de prisión) en cuya comisión concurran adultos y menores, según las cuales la instrucción de la causa se llevaría a cabo por un único órgano para evitar duplicidades, con pleno respeto a los derechos sustantivos y procesales de los menores de edad. El enjuiciamiento se realizaría por un único Tribunal en el que se integrarían magistrados de la Audiencia Provincial y especialistas de la jurisdicción de menores.
Rafael Catalá ha mostrado su solidaridad y el compromiso del Gobierno para seguir vigilante en situaciones procesales similares y en esa línea ha recordado las reformas impulsadas por el Ejecutivo a lo largo de la pasada legislatura que incluyen el Estatuto de la Víctima del Delito, que considera víctimas del delito, en el caso de muerte o desaparición, a los familiares y les reconoce una serie de derechos que antes no estaban contemplados. Así, los padres de Marta del Castillo, como víctimas indirectas de un delito de asesinato, podrían solicitar que se les notifiquen las resoluciones judiciales de clasificación del condenado en tercer grado penitenciario o de libertad condicional, ser oídos antes de su adopción y finalmente también estarían legitimados para recurrir estas decisiones.
Entre esas novedades el ministro ha destacado la reforma del Código Penal que recoge el endurecimiento de la pena del delito de detención ilegal que en los casos más graves puede llegar a los 25 años de prisión; la introducción de la pena de prisión permanente revisable para los delitos de asesinato de menores y para los delitos de agresión sexual seguida de asesinato y la incorporación del recurso de apelación para las sentencias dictadas en primera instancia por la Audiencia Provincial, que en este caso hubieran habilitado un recurso más ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente.
