PAMPLONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -
La decisión se ha adoptado después de que el Tribunal Constitucional decidiera, el pasado día 19 de enero, admitir a trámite dicho recurso. El Gobierno de Navarra solicita, asimismo, el levantamiento de la suspensión de la vigencia y aplicación de la ley invocada por el Gobierno central en su recurso.
En la rueda de prensa posterior a la sesión del Gobierno foral, la consejera portavoz, Ana Ollo, ha señalado que el Ejecutivo, "desde la posición ética de rechazo a la violencia y la defensa de los derechos humanos", quiere "garantizar la reparación de una serie de víctimas que esta ley acogía" y que "no estaban recogidas" en otras normas, lo que suponía "un espacio de impunidad".
"Hay una ley de víctimas de terrorismo de ETA, una ley de Memoria Histórica, que recoge a determinadas víctimas que la legislación no les amparaba", ha expuesto Ollo, para señalar que cuando el Parlamento foral aprobó la ley de víctimas de violencia policial buscaba "garantizar su reparación y justicia".
Preguntada por qué va a pasar con estas víctimas hasta que el Constitucional tome una decisión, la consejera ha explicado que, en principio, dentro del área de Paz y Convivencia "vamos a empezar a trabajar en informes técnicos que nos den un mapa de las víctimas de todas las violencias, de las víctimas del terrorismo de ETA y también de otras violencias". "Vamos a trabajar en diferentes estudios que nos den esos mapas de las victimas", ha avanzado.
La consejera portavoz ha señalado que "ojalá" finalmente la ley no sea anulada por el Constitucional y ha indicado que el Gobierno navarro "hubiera esperado del Estado que hubiera entendido esta voluntad que salió del Parlamento que no es ir contra nadie, sino al revés, amparar a las víctimas y garantizar la defensa de derechos que pueden tener y que en estos momentos no tendrían".
"El Estado no lo ha considerado así y por eso ha presentado el recurso, esperamos convencer con los argumentos jurídicos que desde aquí se presenten en que evidentemente no es una ley anticonstitucional", ha declarado.
La ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política tiene por objeto que "las víctimas de la acción violenta de grupos de extrema derecha o funcionarios públicos sean reconocidas como tales y, por tanto, se beneficien de los correspondientes derechos de reconocimiento y reparación integral". Incluye los hechos que hayan podido suceder desde 1950 hasta la actualidad.
El Consejo de Ministros acordó el pasado 29 de diciembre interponer un recurso contra la norma por entender que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y al principio constitucional de actuar con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, entre otros preceptos constitucionales.
