VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)
La operación, que está siendo coordinada por el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, también incluye el arresto de la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la macrooperación incluye un total de 24 detenciones practicadas en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón; y en la causa hay 29 investigados --término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim)--.
Así mismo, se han llevado a cabo 33 entradas y registros en las tres provincias de la Comunitat. Se han registrado domicilios particulares de los investigados, sedes sociales de empresas, entre ellas la empresa pública Ciegsa y fundaciones --la Fundación Jaume II, que en su día estuvo presidida por Vicente Burgos, exmarido de María José Alcón--, la sede de un equipo de fútbol --Club Deportivo Olímpic de Xàtiva, del que Rus fue presidente-- y la sede del grupo municipal del PP en Valencia.
La operación se desarrolla contra una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunitat cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad en dichas administraciones o en empresas públicas vinculadas a las mismas y de su potestad en materia de contratación para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
La operación está siendo llevada a cabo en colaboración con la delegación en Valencia de la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y el Crimen Organizado y con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil como Policía Judicial.
La investigación se inició a partir de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Provincial de Valencia por una presunta gestión irregular de la empresa pública Imelsa, dependiente de Diputación, cuyo gerente era Marcos Benavent. Benavent está imputado en la causa, pero no se halla entre los arrestados hoy, han informado desde el tribunal valenciano.
La práctica de distintas diligencias permitió descubrir que el ámbito de actuación de la trama corrupta era mucho más extenso de lo que se recogía en esa denuncia incial. El trabajo de la UCO, bajo la dirección del fiscal del caso, concluyó en la presentación de una querella que por turno de reparto cayó en Instrucción 18 el pasado mes de marzo.
El juzgado incoó diligencias y declaró las actuaciones secretas desde el principio. En la causa se investigan varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. La operación sigue abierta y la causa continúa secreta.
