MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
El magistrado ha adoptado esta decisión tras haber abonado ocho de los investigados las cauciones impuestas en el mismo día en el que han comparecido ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, junto a otros cinco que han sido enviados a prisión incondicional.
Las cauciones más elevadas han sido impuestas a los dos altos cargos de FCC y Acciona detenidos en la operación, bautizada como 'Frontino', por la que los detenidos permanecían arrestados desde el pasado lunes en dependencias de la Guardia Civil.
En concreto, los tres cargos de FCC investigados son el presidente de la división de Construcción, Miguel Jurado (que ha pagado una fianza de 50.000 euros), el directivo Santiago Farré (20.000) y el ingeniero Miguel Roset (20.000).
Además, han quedado en libertad el director de Infraestructuras en España de Acciona Infraestructuras, Justo Vicente (50.000); el director de proyectos de Altyum, José Ramón González (12.000); el presidente de Pipeline, Manuel Moreno (12.000); el delegado en Alicante de Altyum, Javier Delgado López (20.000) y el ingeniero David José Blanca (20.000).
El juez ha decretado el ingreso en prisión incondicional por riesgo de fuga y destrucción de pruebas del director general de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), Arcadio Mateo, y su directora de Ingeniería, Gabriela Mañueco; así como al responsable de contratación de Acuamed, Francisco Javier Gómez Pastor, el responsable de proyectos en Valencia de esta empresa, Pablo Martín, y el presidente de Altyum, Nicolás Steegman.
El magistrado investiga la comisión de presuntos de delitos de pertenencia a organización criminal, prevaricación, fraude, malversación de caudales públicos, maquinación para alterar el precio de los concursos públicos, falsedad, tráfico de influencias y cohecho.
CONTRATOS INVESTIGADOS
El juez investiga la adjudicación fraudulenta por parte de la empresa estatal Acuamed de obras a una decena de empresas, entre ellas FCC y Acciona, y la falsificación de certificaciones y liquidaciones dirigida a aumentar significativamente las cantidades que recibieron las adjudicatarias de contratos del organismo.
En concreto, la investigación se centra en seis contratos sospechosos que afectan al acondicionamiento del río Serpis, las obras de laminación y mejora del drenaje de la cuenca de la Rambla Gallinera y el refuerzo de la red de abastecimiento de agua potable para los municipios de El Campello y Mutxamel.
También están afectadas otras tres licitaciones relacionadas con las obras del frente marítimo de Torrevieja relacionadas con la desalinización, otro proyecto de la desaladora del bajo Almanzora y la limpieza y descontaminación del embalse de Flix.
