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Una democracia constitucional; por Álvaro Redondo Hermida, Fiscal del Tribunal Supremo

19/01/2016
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El día 19 de enero de 2016, se ha publicado en el diario La Razón, un artículo de Álvaro Redondo Hermida, en el cual el autor opina que es necesario un gran consenso que asegure un período nuevo de paz madura.

UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL

La situación creada a partir de las elecciones de diciembre de 2015 nos invita a una reflexión para considerar la mejor estrategia que puede seguirse. En estos momentos cruciales, no debemos olvidar que la Transición española no fue solamente un cambio de régimen, ni se limitó a permitir la creación de un nuevo marco jurídico. Nuestra Transición fue una valiente apuesta por un Estado de Derecho democrático. Se trataba de consolidar una democracia constitucional, en busca de mayores cotas de libertad y de justicia. Como afirma el Preámbulo de la Constitución, “...la nación española...desea establecer la justicia...y la libertad...”. Ninguna de las dos aspiraciones ha sido todavía satisfecha. Nuestra vida política procura crecer en libertad y alcanzar mayores cotas de justicia, las dos condiciones necesarias para la paz.

La democracia constitucional no consiste meramente en un diálogo, aunque lo presupone. Como un talismán ideológico, desde todos los ámbitos se apela al diálogo, como si sentarse a hablar frente a una mesa fuera garantía de la paz. Una democracia no consiste solamente en dialogar para promover ideas propias, tratando de imponerlas al interlocutor, ni en la mayor habilidad para rechazar la alternativa. La democracia procura que los hombres y mujeres que forman la nación, todos ellos, estén presentes en el gobierno político y sean decisivos. La resolución más importante adoptada por los españoles fue la aprobación de nuestra Carta Constitucional, una obra maestra de la historia, espejo de nuestra democracia.

La vida política de España no puede transitar al margen de la Constitución, y las opciones que intentan deslegimitarla no pueden hacerlo sin rechazar la voluntad del pueblo mismo. En estos momentos se impone sostener una democracia constitucional, lo que postula una gran alianza de apoyo a los principios de la Carta. Cualquier frente político que se aparte de ella, permitiendo el ataque a sus principios, es un augurio de inestabilidad y una garantía de enfrentamiento. La evolución política que el pueblo espera, no puede partir de la negación del orden constitucional. Cuando nuestra Carta afirma que el poder emana del pueblo (artículo 1), está diciendo que no hay evolución posible marginando a la nación, sujeto de la soberanía. Cuando sostiene que la unidad de la nación garantiza la solidaridad entre los pueblos (artículo 2), nos indica que nunca el desarrollo autonómico puede poner en cuestión la igualdad territorial.

La altura política de nuestros dirigentes se ha convertido, en esta coyuntura, en la gran esperanza del espíritu constitucional. Nuestra monarquía parlamentaria no es inmune a su permanente descalificación, llevada a cabo por quienes no se identifican con el proyecto democrático. La nación española es antigua, pero nuestro currículum evidencia que, en determinadas circunstancias, la falta de consenso puede causar divisiones insuperables. Un gran acuerdo, decidido a poner en valor nuestra Transición y nuestra Carta, aparece como necesario para asegurar la superación de las dificultades que nos han alcanzado y que aún pueden ponernos a prueba. Un acuerdo que sostenga la unidad de España, permitiendo la reforma constitucional, para acompasar algunos aspectos de nuestra Carta a la modernidad.

Hay reformas que parecen evidentes. La preferencia del varón sobre la mujer, incluso en la sucesión a la Corona, debe ser desterrada, porque no responde a la sensibilidad de los españoles. La mención a la pena de muerte en tiempos de guerra debe ser apartada del texto. La autonomía del Fiscal, como magistrado constitucional, debe resultar con claridad del articulado, sin perjuicio de su unidad de actuación. La incorporación de la imparcialidad judicial al elenco de garantías procesales aparece como una opción conveniente. La prohibición de la cadena perpetua y de la prisión permanente, aun revisable, debe aparecer en el artículo 25. La necesidad de asegurar la educación en los valores constitucionales, impone una mejora del artículo 44. En el artículo 46 debe figurar el imperativo de que las actuaciones públicas contribuyan a la memoria histórica, evitando situaciones de enfrentamiento.

Un gran acuerdo es necesario, un gran consenso que asegure un período nuevo de paz madura, una forma actual de entender las relaciones entre los ciudadanos y los pueblos, con respeto a los valores que han permitido que España sea un referente internacional, la gran defensora del humanismo, eficaz valedora de la dignidad de las personas.

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