MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
Además, el tribunal también ha dado un plazo de cinco días a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre el recurso presentado por la organización sindical, de cara a decidir si suspende de manera cautelar el artículo 3.2 del citado Real Decreto como reclama el sindicato.
Dicho punto establece que para que estos profesionales usen un fármaco sujeto a prescripción es necesario que el correspondiente profesional prescriptor (el médico) haya determinado previamente el diagnóstico, prescripción, protocolo o guía de práctica clínica y asistencial a seguir.
El recurso también se centra en la "grave inseguridad jurídica y profesional" que sufrirán los enfermeros, así como por los efectos negativos que tendrá para el funcionamiento del sistema sanitario español.
Hasta ahora, según recuerdan, los enfermeros desarrollaban con cierta autonomía su actuación en materia de medicamentos sujetos a prescripción médica, "actuación ésta buscada, aceptada y aplaudida dada la agilidad, seguridad y confianza que ha conferido al funcionamiento de la asistencia sanitaria en nuestro país".
Sin embargo, añaden, el RD acaba con esta situación ya que "el enfermero debe llamar al médico y esperar a que éste refleje todo ello en la historia clínica".
EL CONSEJO GENERAL DE ENFERMERÍA TAMBIÉN DENUNCIARÁ
El recurso del sindicato fue acordado en el seno de la Mesa de la Profesión Enfermera con el Consejo General de Enfermería, que también prepara una iniciativa similar contra la norma que entró en vigor el pasado 24 de diciembre, dos meses después de que el Gobierno la aprobara en Consejo de Ministros.
De estimarse la suspensión cautelar solicitada por el Sindicato de Enfermería, las limitaciones que el Real Decreto impone a la enfermería quedarían sin efecto durante la tramitación del recurso, por lo que la atención sanitaria a los ciudadanos no se vería afectada, según Satse.
No obstante, su objetivo y el del Consejo General de Enfermería es negociar una modificación del artículo 3.2 para ser "respetuosos" con la Ley del Medicamento y "dotar de coherencia al resto de lo regulado por el Real Decreto".
