LA LEY DEL PROCESO
Con la investidura in extremis del nuevo president de la Generalitat se vuelve a cumplir una suerte de ley que viene rigiendo el proceso soberanista. Por supuesto, no me refiero a ninguna norma jurídica, sino a una regla de funcionamiento según la cual el procés se desarrolla a base de decisiones políticas insospechadas, que acaban produciéndose, las cuales se sustentan en postulados y argumentos inconsistentes, que terminan triunfando. Así, en diciembre de 2013 el president Mas anunció sorpresivamente el acuerdo alcanzado con algunas fuerzas parlamentarias para convocar unilateralmente una consulta sobre la independencia, con fecha y pregunta, amparándose en el llamado derecho a decidir del pueblo de Cataluña. Este derecho se proclamaba en la Resolución 5/X del Parlament, y fue interpretado por el Tribunal Constitucional como una simple aspiración política a la que solo podía llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional. Sin embargo, el president convocó una “consulta no referendaria” basándose en una ley del Parlament que había sido suspendida, y a pesar de ello se llevó a cabo un “proceso participativo” que consistió en un simulacro de referéndum, sin ningún tipo de garantías, en el que participaron más de dos millones personas.
Otro tanto ocurrió con la también inesperada convocatoria de elecciones del 27-S, a las que las fuerzas soberanistas atribuyeron el carácter de plebiscitarias, una suerte de oxímoron que acabó siendo asumido por las demás fuerzas catalanas y por los propios electores, generando la gran confusión que permitió a cada cual contabilizar a su gusto votos y escaños. Finalmente, aunque prevista en la llamada hoja de ruta soberanista, también causó estupor la declaración de insurgencia aprobada por el Parlament el siguiente 9-N, suspendida y anulada por el Constitucional, y rechazada incluso por parte de los independentistas.
Pero después del insólito pleno de investidura del domingo, esa resolución se ha convertido en el programa de Gobierno para los próximos 18 meses del nuevo president de la Generalitat y la mayoría parlamentaria que lo sustenta.
El candidato ya ofreció en el debate los argumentos que posiblemente acaben convenciendo de su legitimidad para culminar con éxito el proceso hacia la república catalana: obedece a un nítido mandato democrático, aunque “corregido” por las negociaciones; y se llevará a cabo respetando la legalidad española porque el Parlament, convenientemente asesorado, se limitará a crear una nueva legalidad catalana aprobando las leyes del proceso constituyente y de transición jurídica. Esta es la regla de funcionamiento del proceso soberanista, de la que discrepamos muchos ciudadanos en Cataluña, porque con ella no se avanza hacia ningún sitio, se genera incertidumbre e inestabilidad, y se deterioran las normas, los procedimientos y las instituciones democráticas.
