VITORIA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado 17 de octubre la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional para asegurar la ejecución de sus sentencias, que fue criticada por la oposición.
El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, ha explicado que se trata de la reforma de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional para la ejecución de las resoluciones del Tribunal Constitucional como garantía del estado de derecho.
Según ha denunciado, el Gobierno central ha otorgado a este tribunal "un poder de tal magnitud que lo sitúa por encima del resto de órganos constitucionales", algo que "va en contra del consenso constitucional de 1978 y que generaría una crisis sin precedentes al margen de los valores constitucionales".
Para Erkoreka, la nueva ley "cambia absolutamente la configuración de las funciones que la propia Constitución española otorgó al tribunal, lo desnaturaliza y lo hace modificando de manera sustancial el sistema político y afectando al equilibrio entre poderes territoriales".
En concreto, el Gobierno vasco recurre el apartado 3 del artículo único, las letras b y c del apartado 4 y el apartado 5 del artículo 92. Además, Erkoreka ha aclarado que este recurso no está "en absoluto" relacionado con la reunión que mantuvieron este pasado fin de semana el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el president de la Generalitat en funciones, Artur Mas.
El portavoz del Gobierno vasco ha explicado que consideran "inconstitucional" la capacidad ejecutoria que el Gobierno central le da a este tribunal para multar, suspender o exigir responsabilidades penales a las autoridades o personal público que incumpla sus sentencias.
INDEFINICIÓN DE LAS SANCIONES
Además, considera "inadmisible la imprecisión e indefinición del carácter sancionador de la norma", ya que "articula mecanismos sancionadores pero no identifica el ámbito de lo prohibido ni sus consecuencias".
También critica que la reforma "vulnera la legalidad vigente en materia de aforamientos" y "obvia el principio de autonomía política de las comunidades autónomas y las garantías previstas en el artículo 155 de la Constitución Española al facultar al Gobierno español a que intervenga, de manera directa y unilateral, sobre las Comunidades Autónomas".
El Gobierno vasco considera que las sentencias del TC culminan con la propia declaración de inconstitucionalidad "sin que su ejecución pueda imponerse, y menos aún de manera coactiva y unilateral". "En todo caso, deben ejecutarse a través del continuo diálogo democrático entre las instituciones, sin que pueda imponerse un poder público por encima de otro", ha defendido.
En este sentido, el Gobierno vasco advierte en su recurso del "creciente deterioro" que padece el Tribunal Constitucional por su "constante politización a favor de un modelo de Estado que excluye otros modelos de convivencia basados en el propio pluralismo que promulga la Constitución entre sus valores fundamentales".
Finalmente, y además del fondo de la reforma, el Gobierno vasco critica las formas en las que el Gobierno central la ha llevado a cabo, a través del procedimiento de urgencia, tramitación directa y lectura única, "lo que limita la capacidad de enmienda y debate entre los Grupos Parlamentarios".
