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Audiencia Provincial de Sevilla

Audiencia de Sevilla confirma la imputación en el caso ERE de dos ex altos cargos de la Junta

23/12/2015
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La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el auto en el que la juez Mercedes Alaya imputó en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos a dos ex altos cargos de la Junta que formaron parte del Consejo Rector de la agencia IDEA al entender que "concurren indicios suficientes" para adoptar dicha medida.

SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)

En un auto fechado el día 10 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial rechaza de este modo los recursos presentados por las defensas del ex secretario general de Empleo Francisco García Martínez y del ex secretario general de Innovación Ángel Garijo Gálvez.

El tribunal entiende que "concurren indicios suficientes para adoptar la medida recurrida, que no es una imputación formal sino el acuerdo de citación para ser oídos como imputados al efecto de aclarar su participación en los hechos".

A su juicio, el auto dictado por Alaya el 13 de mayo de 2014 "se sustenta en hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de prevaricación por aprobar resoluciones injustas y a sabiendas de ser manifiestamente contrarias a las Leyes de Subvenciones y de otro de malversación por permitir la sustracción de fondos públicos con la aprobación de dichas resoluciones".

En el caso de Francisco García Martínez, la Audiencia señala que "su llamada al proceso como imputado deriva de la apreciación de hechos de apariencia delictiva en los que de una u otra forma intervino y que exigen que sean judicialmente esclarecidos, sin perjuicio, es obvio, de lo que depare el resultado de la instrucción".

El tribunal recuerda que este imputado fue secretario general de Empleo desde el 31 de mayo de 2000 hasta el 4 de febrero de 2003, formando parte como vocal del Consejo Rector de IFA/IDEA, "donde se materializaban los pagos de las ayudas aprobadas por la Consejería de Empleo mediante las transferencias de financiación burlando las Leyes de Subvención de la Comunidad Autónoma Andaluza y Estatal".

"FRAUDULENTA"

Asimismo, "colaboró en la aprobación del Anteproyecto de Presupuestos de la Agencia en el que se falseaba el estado de gastos para cuadrar con lo presupuestado por la Consejería de Empleo, y acudió a reuniones del citado órgano donde fue informado del pago de subvenciones mediante las reiteradas transferencias de financiación sin que nada opusiera a las mismas pudiendo hacerlo".

De este modo, y según el auto, participó en diez sesiones del Consejo Rector referidas a 21 convenios, añadiendo que, en su calidad de vocal del Consejo Rector de IFA/IDEA, "participó en la aprobación de convenios de ayudas sociolaborales a empresas y aprobó el presupuesto de dichas agencias de la manera fraudulenta que sienta sobre todo" la Intervención General de la Administración del Estado en su informe pericial.

"Indiciariamente, en su condición de vocal del Consejo Rector de la agencia participó en la elaboración de su presupuesto y en la defraudación que con ello se llevaba a cabo al acudir a las comisiones en las que fue informado de los citados 21 convenios de ayudas sociolaborales para empresas, que burlaban la Ley mediante el uso perverso de las transferencias de financiación", subraya la Audiencia.

NO HAY PRESCRIPCIÓN

Este imputado también insistió en su recurso en la prescripción de los delitos que se les imputan, ya que la última vez que asistió a una reunión del Consejo Rector fue el 28 de marzo de 2003, y el auto de imputación es de 15 de mayo de 2014, por lo que el plazo prescriptivo de diez años habría transcurrido.

Frente a ello, la Audiencia asevera que esta prescripción "no puede declararse en el momento procesal en el que nos encontramos, en el que no podemos hacer siquiera una calificación provisional, máxime cuando estamos hablando de una continuidad delictiva que exacerbaría la pena, pudiendo ampliarse los plazos de prescripción hasta los 15 años".

Respecto al recurso de Ángel Garijo, dice que fue secretario general de Innovación desde el 28 de junio de 2004 y, por tanto, fue vocal del Consejo Rector de IDEA, asistiendo a diez sesiones "en las que fue informado de la aprobación de 17 convenios" y a una reunión de 11 de junio de 2007 "en la que fue informado del déficit presupuestario de la Consejería de Empleo --85 millones de euros-- provocado por los convenios suscritos entre la Dirección General y la agencia".

En este caso, vuelve a insistir en que el informe pericial elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado en noviembre de 2013 "permite inferir indiciariamente que, en su condición de vocal del Consejo Rector de la agencia, participó en la elaboración de su presupuesto y en la defraudación que con ello se llevaba a cabo al acudir a las comisiones en las que fue informado de los citados 17 convenios de ayudas sociolaborales para empresas, que burlaban la Ley mediante el uso perverso de las transferencias de financiación".

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