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El nuevo ciclo político: pacto y reforma; por Fernando Vallespín y José Luis García Delgado, en representación del Círculo Cívico de Opinión

21/12/2015
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El día 21 de diciembre de 2015, se ha publicado en el diario El País un artículo de Fernando Vallespín y José Luis García Delgado en representación del Círculo Cívico de Opinión, en el cual los autores opinan que consolidar el respeto por las reglas de juego, configurar un Gobierno estable y poner en marcha la renovación constitucional son tres pasos sucesivos e inevitables a los que debe enfrentarse el Parlamento surgido del 20-D.

Hace cuatro años España se hallaba en una encrucijada de la que no parecía encontrar salida. La crisis económica había devenido en crisis social y política, y el país se precipitaba hacia un escenario que sería definido por muchos como de “tormenta perfecta”. Cuatro años después, ese diagnóstico fatalista queda muy atrás, cada vez más distanciado -con la gravísima excepción del secesionismo catalán- por una realidad que en muchos aspectos ha conocido un intenso proceso de cambio.

En el ámbito económico, una recuperación que ha cobrado fuerza trimestre a trimestre -irán 10 con el cuarto de 2015- aleja los dos severos episodios recesivos sufridos entre 2009 y 2013, ganando al tiempo márgenes muy considerables de competitividad internacional. Es cierto que la alargada sombra de los efectos sociales de la crisis y de las políticas de ajuste sigue muy visible: sobre todo, el desempleo, todavía en una cota intolerable, máxime cuando el paro de larga duración y entre los jóvenes alcanza asimismo niveles inasumibles, y el problema de una ahondada desigualdad de rentas y de oportunidades, con lo que ello supone de foco no solo de justificado malestar social, sino incluso de potencial cuestionamiento de todo el sistema. Pero también es verdad que la situación calamitosa de la economía española con que comenzó la anterior legislatura parece ahora ya muy lejana: de engrosar la enfermería del sur de Europa, hoy se sitúa como la cuarta economía más pujante de la eurozona (solo por detrás de Irlanda, Luxemburgo y Eslovaquia).

Por su parte, el conjunto de la sociedad está demostrando una fortaleza en la respuesta más que notoria. Al destapar la corrupción, al poner de manifiesto el defectuoso funcionamiento de instituciones, al dejar al descubierto debilidades del modelo productivo, la crisis ha tensado la capacidad de respuesta de una buena parte del cuerpo social. Un intenso proceso adaptativo y de renovación es el resultado. Se ha aguzado el espíritu crítico ante la ineficiencia y ante las carencias. Hemos incorporado una nueva conciencia moral pública más estricta, menos permisiva, más exigente de ejemplaridad. Es muy notorio el dinamismo de la sociedad civil, dando vida a multiplicados foros, círculos y plataformas de creación de opinión. Hay un rechazo generalizado -sobresaliente en el contexto europeo- de actitudes xenófobas y violentas. Los cambios en las pautas familiares son muy profundos, sin que la institución de la familia haya dejado de desempeñar funciones solidarias y de cohesión social fundamentales.

En el propio ámbito político, las novedades no han dejado de sucederse en los últimos meses, impulsadas por el propio dinamismo del cambio social. La comparecencia de nuevas formaciones políticas y los movimientos adaptativos de los partidos más asentados han promovido un proceso no menor de renovación generacional y de comunicación con la sociedad, a la vez que se han adoptado medidas que han puesto coto a las lagunas legales que favorecían la financiación irregular. En poco tiempo ha quedado muy distante el “no nos representan”, y también se desvanecen muchos síntomas de fatiga de nuestra democracia que justificaban el clamor por una urgente reorganización de las reglas de juego. Ahora, el creciente interés por la cosa pública y la mayor participación electoral revelan una cierta recobrada confianza de los ciudadanos en la política, tal y como refleja su propio activismo, y una demanda de cambio institucional formal que responda al cambio social y político.

Dicho de otro modo: una realidad cambiante -en todas sus dimensiones: económica, social, política, cultural- ha ido por delante, a pesar de no contar siempre con el empuje de un liderazgo firme, de los procesos de cambio formales, exceptuando, eso sí, la abdicación del rey Juan Carlos, que sirvió para dar inicio simbólico a “un tiempo nuevo”. La democracia, en todo caso, es quien sale ganando con una sociedad más atenta a los intereses colectivos, más participativa y más exigente con quienes la representan.

De ahí la enorme importancia de las elecciones que acaban de celebrarse y de la nueva composición del tablero político, cuando además la fuerza desestabilizadora del independentismo en Cataluña ha adquirido una potencia inusitada. España, en suma, se halla en una coyuntura crucial para alumbrar una reforma política de gran calado, con una sociedad que la exige y está preparada para afrontarla. Esa ha de ser la tarea prioritaria de la nueva legislatura.

Para el Círculo Cívico de Opinión, tal inevitable reforma política debería cubrir tres etapas sucesivas. Desde ahora mismo, un gran pacto político entre los principales partidos que ratifique la unidad de España y la necesidad de respetar la Constitución y las leyes para cualquier reforma de las mismas.

Acto seguido, tras la formación de un Gobierno estable, el lanzamiento de una reforma política profunda y amplia, consensuada y discutida, que aborde los numerosos problemas de ineficiencia institucional en las Administraciones Públicas, en la justicia, en el funcionamiento de los partidos políticos, en la ley electoral, en la gigantesca y anquilosada clase política, en el desaforado aforamiento, en el burocrático funcionamiento del Congreso y del Senado, en la fiscalidad y en la financiación, en la economía sumergida y en tantas cosas y dimensiones tantas veces denunciadas.

El corolario -o tercer paso- tiene que ser, inevitablemente, un conjunto de reformas constitucionales que renueven el marco jurídico de la Constitución de 1978. Parte esencial de ello, pero ni mucho menos única, será una nueva articulación territorial del Estado que ofrezca una alternativa al actual dilema catalán entre la independencia y el statu quo. Una auténtica reforma constitucional que, finalmente, deberá ser refrendada en referéndum en toda España, lo que quiere decir también en Cataluña, integrando de nuevo así a la ciudadanía catalana en un proyecto común.

Solo entonces, y creemos que solo así, podremos recobrar la legitimidad y la calidad de la convivencia de que hemos disfrutado durante los últimos 40 años, un tiempo que ha acogido, en su conjunto, el periodo más fructífero y positivo de la historia moderna de España. España, los españoles, están preparados para ello. Estamos seguros de que, también esta vez, la sociedad impulsará las obligadas reformas para afrontar con solvencia este nuevo reto histórico.

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