SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)
En un auto fechado el día 11 de diciembre, al que ha tenido acceso Europa Press, la instructora impone dicha fianza de manera solidaria a Manuel Valdecantos, Pascual Caputto y Manuel Robles y declara la responsabilidad civil subsidiaria de la entidad Antonio Barbadillo por la cantidad completa de la fianza y de Matadero de la Sierra Morena en la cuantía de 1.150.000 euros del importe de la fianza.
La juez considera que los tres imputados pasaron a "dirigir" Matadero de la Sierra Morena --Caputto y Valdecantos como consejeros solidarios y Manuel Robles como presidente-- después de que Antonio Barbadillo adquiriera en noviembre de 2005 más del 70 por ciento de las acciones de esta sociedad, "entidad emblemática" del "tándem" formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago "y la que más subvenciones había recibido de la Junta".
"REITERACIÓN DE AYUDAS" DE LA JUNTA A MATADERO DE LA SIERRA MORENA
Según la juez, en la fecha de la compra de acciones Matadero de la Sierra Morena "había sido beneficiaria en tres años de subvenciones" por importe de 6,3 millones de euros, añadiendo que "el precio pactado" por esta compra fue "formalmente" de 9,7 millones, "aunque existen indicios para deducir que la venta pudo ser por un precio inferior".
"A través de la compra de la mayoría del capital social de Matadero, el grupo Barbadillo controlaría" las entidades Alimentos Tradicionales y Al Ballut, dice Núñez, que asevera que los tres imputados "utilizaron" sus "influencias" en la Consejería de Empleo "a través de su titular Antonio Fernández o incluso en instancias superiores" para conseguir en marzo de 2008 una subvención de 1,1 millones de euros "pese a la reiteración de ayudas de la Junta a esta empresa y las continuas pérdidas".
La instructora señala que, en un correo electrónico dirigido en junio de ese año al entonces director general de Trabajo, Juan Márquez, Manuel Valdecantos "reconocería que había logrado el cobro" de la subvención referida "a través de gestiones realizadas con la Presidencia de la Junta".
No obstante, en octubre de 2008 los imputados mantuvieron una reunión con Juan Márquez y le presentaron una certificación de resolución de Francisco Javier Guerrero de 1,2 millones de euros y otra resolución a favor de Al Ballut de 500.000 euros, acordando posteriormente, y cuando se había realizado el pago de 1,1 millones a favor de Matadero, una "quita" por la que Grupo Barbadillo "aceptaría el pago de 400.000 euros por toda la subvención, no teniendo más que reclamar".
"AL MARGEN DEL PROCEDIMIENTO LEGAL DE SUBVENCIONES"
De hecho, el 14 de enero de 2009 "se llegaría a ordenar por la Consejería de Empleo a IDEA el pago a Antonio Barbadillo de los 400.000 euros", pero IDEA "denegó el pago", ante lo que los imputados "anunciaron que ya verían qué es lo que podrían hacer cuando pasaran los cambios en la Junta, pues eran las fechas de cambio de presidente de la Junta". Así, y "pasados dichos cambios", les fueron concedidos 300.000 euros "para Explotaciones Agrícolas Sanluqueñas, perteneciente al grupo Barbadillo".
Según la juez, los inculpados "serían conscientes de que tanto la concesión en 2008 de la subvención de 1,1 millones de Matadero, como el pago de la de Al Ballut, se habrían realizado al margen del procedimiento legal de subvenciones, en este último caso interponiendo como beneficiaria otra sociedad para evitar reiteraciones".
"Además de ello, sin exponer el otorgamiento de tales ayudas, recibirían desde el año 2006 otras subvenciones de agricultura de la Junta de Andalucía", pone de manifiesto la juez en su auto, en el que señala que tales hechos podrían ser constitutivos de delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
