CUENCA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
En una entrevista con Europa Press, Catalá ha reconocido que en el programa electoral del PP "no se ha sido más explícito en este tema" no porque los 'populares' no tengan opinión, sino porque este extremo necesita de un "cambio de modelo radical".
"Sí tenemos opinión, muy bien fundada, hay expertos en derecho procesal dentro del partido, pero es un tema importante y estratégico que supondría un cambio de modelo", ha explicado Catalá.
A su juicio, que sea el fiscal quien instruya las causas "implica muchas cosas". "No es decidir entre pedir cerveza o pedir vino. Tiene muchas consecuencias derivadas en las funciones de los fiscales, en su Estatuto Orgánico, en las plantillas, en las oficinas de apoyo o en los medios de investigación".
Por todo esto, considera que se trata de un "proyecto estratégico complejo que tiene que ser objeto de desarrollo a lo largo del tiempo y, lo más importante, tiene que ser de forma consensuada por todos".
En este punto, ha insistido en su intención de constituir "una estrategia nacional de justicia trabajando todos juntos", recordando que el pacto de Estado en la materia "estuvo bien en los años 2000 y sirvió para trabajar conjuntamente sin polemizar políticamente".
"Nosotros damos un paso adelante, esta estrategia no tiene que ser solo trabajada por los partidos, se tienen que incorporar las instituciones, la Fiscalía General, el Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas --porque algunas tienen competencias--, los profesionales o los colegios de abogados y procuradores", ha subrayado.
Ha insistido en que la decisión de modificar el modelo de instrucción y generar "un nuevo desarrollo organizativo" en la materia "será un asunto complejo que llevará mucho tiempo, por lo que tiene que surgir no desde el PP, sino entre todos, con consenso".
"Si tenemos la oportunidad y responsabilidad de seguir gobernando, en los primerísimos días de legislatura convocaremos a las partes en esa Mesa por la Estrategia de la Justicia, y de los primeros temas que aparecerán en la agenda en cuanto a reformas será la reforma de la instrucción penal", ha enfatizado. "Nuestro compromiso es llevarlo adelante".
Al respecto, ha finalizado añadiendo que este tipo de reformas llevará su tiempo, recordando que "solo cambiar los plazos de instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha traído discrepancias", por lo que ha avanzado que "cambiar el modelo en su conjunto requerirá mucho diálogo, flexibilidad y tiempo".
NO DESCARTA "MEJORAR" EL CÓDIGO PENAL CONTRA EL YIHADISMO
En otro orden de cosas, Catalá ha asegurado que en materia de lucha contra el terrorismo yihadista las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "ya tienen herramientas" para combatirlo, aunque no ha descartado que en el futuro, "y fruto de la experiencia y de lo que digan los expertos, sea necesario perfilar mejor algún tipo delictivo".
En esta línea, ha defendido que "la labor más importante del Derecho es estar siempre incorporando nuevas herramientas que se adapten a la realidad social", y si esta realidad social "cambia" como en el caso de este tipo de terrorismo, se podrán abordar reformas en este sentido.
En todo caso, ha recordado que en 2015 se ha reformado el Código Penal incluyendo entre otros extremos "medidas contra el yihadismo que no existían", como el reconocimiento de nuevas figuras como el combatiente retornado o el lobo solitario, incorporadas al texto "mediante el consenso de todas las fuerzas políticas".
DESTACA LA "FLEXIBILIDAD Y AMISTAD" CON FRANCIA EN MATERIA TERRORISTA
Rafael Catalá se ha referido además al caso Elizarán, poniendo el acento en que entre España y Francia "existen canales de extraordinaria flexibilidad y amistad" y la colaboración entre ambas administraciones "ha sido extraordinaria en los últimos años para el desmantelamiento de todo el aparato terrorista".
"No hay que poner sombra de duda en esa relación. En este caso no había dictadas medidas cautelares y no se podía proceder a la detención. Cuando la Audiencia Nacional fijó esas medidas, se dio traslado al Ministerio del Interior, que está buscando a esta persona para ponerla a disposición de los tribunales", ha explicado.
Además, ha querido dejar claro "desde la sensibilidad con las asociaciones de víctimas del terrorismo" que desde el Gobierno están "comprometidos a seguir hasta el último minuto en la lucha antiterrorista". "Con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se garantizará que este tipo de delincuentes comparecen ante la justicia, que son buscados y localizados y, más allá de aspectos puntuales, tenemos que tener la confianza de que la justicia funciona contra este tipo de personas", ha señalado.
En otro orden de cosas, ha hecho referencia al desafío soberanista catalán, reafirmando que desde el Gobierno se seguirá defendiendo que "todos somos iguales y tenemos los mismos derechos y obligaciones", y apostando por "una soberanía nacional de todos con la unidad de España como un principio de nuestro sistema".
"Nadie está por encima de la ley. Las sentencias se cumplen y nos obligan a todos, a los españoles y a los que ejercemos funciones institucionales, solo faltaría que nosotros no fuéramos los primeros en dar ejemplo", ha apuntado.
Ha afirmado además que en España "caben todas las ideologías dentro del respeto a la ley" y será "con esos mimbres" con los que se seguirá "planteando el futuro".
INSISTE EN QUE LAS PYMES PAGUEN TASAS JUDICIALES "RAZONABLES"
Sobre la posibilidad de que pequeñas y medianas empresas dejen de pagar las tasas judiciales, como sí recogen los programas electorales de otros partidos, Catalá ha dicho que "no es descabellado que al utilizar la justicia" en asuntos como, por ejemplo, la gestión de cobros de sus deudas, estas pymes "colaboren" en materia de tasas, ya que de lo contrario "lo pagarían los impuestos de los españoles".
Por ello, ve "razonable" que las pymes que usan la justicia con esta finalidad se hagan cargo de las tasas, recalcando además que son "un gasto deducible del impuesto de sociedades".
"Esta legislatura ya hemos revisado las tasas, suprimiendo las de las personas físicas, aumentando la justicia gratuita, pero creemos que los promotores de la acción judicial deben contribuir a su funcionamiento, y cuando una empresa utiliza la justicia para hacer gestión comercial de sus deudas, tiene un interés directo y particular", ha defendido.
