Domínguez Nafría analizó la historia de la Real Academia desde la perspectiva de la dimensión pública de sus presidentes (1836-1936), que coincidió con un periodo extraordinariamente complicado y dinámico en la Corporación, en el que se asentaron fundamentos políticos, legislativos y administrativos propios del Estado liberal, que comenzó a construirse tras la muerte de Fernando VII, que aspiraba a ser un estado de Derecho, en el que el poder político tenía que ejercerse desde la Corona, el Congreso y el Senado, el Consejo de Ministros, los Tribunales de Justicia y las Administraciones públicas.
Entre estos presidentes, a título de ejemplo, se refirió a Pacheco, Salustiano de Olózaga, Joaquín Aguirre, José Posada Herrera, Segismundo Moret, Francisco Silvela, Cánovas del Castillo, Canalejas, Maura, Fernández Villaverde, Dato, García Prieto, Sánchez de Toca y Alcalá Zamora, quien también ocupó la presidencia de la Segunda República.
Destacó en su discurso lo habitual que fue entre los presidentes de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación su pertenencia al Tribunal Supremo como magistrados o fiscales, así como al Consejo de Estado, Comisiones oficiales de Codificación, y otras Reales Academias, además de ejercer varios de ellos el decanato del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Vínculo que siempre fue muy estrecho entre ambas corporaciones -Academia y Colegio de Abogados-, debido a que la práctica totalidad de la Academia a través de diversas enseñanzas que siempre tuvieron reconocimiento oficial.
En nombre de la Corporación contestó al recipiendario el presidente, José Antonio Escudero, quien resaltó el riguroso trabajo del nuevo Académico,
A la sesión asistieron Presidente del Consejo de Estado, magistrados del Tribunal Constitucional, Patronos de la Fundación Pro Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y destacadas personalidades del ámbito académico, castrense y universitario.
