MADRID, 1 (EUROPA PRESS)
Cuatro vocales del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han presentado un voto particular contra el acuerdo por el que este órgano aprobó la semana pasada su nueva relación de puestos de trabajo en el que critican los incrementos salariales que se contemplan para determinados puestos de confianza, que en palabras de estas consejeras "causan estupor".
A las vocales Roser Bach, Concepción Sáez, María Victoria Cinto y Clara Martínez de Careaga les llama la atención estas subidas salariales "cuando por quien preside este Consejo -Carlos Lesmes- se apela reiteradamente a la austeridad como uno de los objetivos rectores del órgano y fundamento, precisamente, de su nueva estructura y organización, afirmando al propio tiempo que ello no afecta a la eficiencia".
En el voto, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala que "difícilmente casan con esa pretendida austeridad aumentos salariales como el que experimenta el complemento específico del Adjunto a la Dirección de Comunicación, que es de más del 50 por ciento; el de la Jefatura de la Unidad de Contratación -del 36 por ciento-, y el de Director de CENDOJ (centro de documentación judicial) -al que se aumenta dicho complemento en un 22 por ciento.
Las vocales destacan la "improcedencia" de la aprobación de esta relación de puestos sin contar previamente con un Reglamento de Organización y funcionamiento, que es el que debe establecer el nuevo diseño en la organización del órgano y en base a él deducir las necesidades, y a partir de ello establecer en la relación la correlativa determinación de puestos de trabajo.
En cuanto a la propuesta presentada, las vocales llaman la atención de que no venga acompañada de una memoria explicativa en la que se justifiquen las propuestas que se formulen. "No se hace un estudio previo del funcionamiento de cada uno de los servicios ni de las necesidades de la organización", lamentan.
Las vocales discrepantes también señalan que, pese a que durante el Pleno que analizó este asunto propusieron, a modo de enmienda o de transacción, la exclusión del personal eventual, "tratando con ello aplazar los inexplicables incrementos salariales descritos pero salvaguardando los derechos económicos de los empleados públicos", dicha propuesta fue desestimada.
