BRUSELAS, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
En concreto, el TUE subraya en su sentencia que el Ejecutivo comunitario no incurrió en error al considerar que ante la inexistencia de una definición clara del servicio de explotación de una red terrestre como servicio público, las medidas debían clasificarse de ayuda estatal. Así, añade que las autoridades españolas no han podido determinar en ningún momento las obligaciones de servicio público, "y menos aún aportar prueba de ello".
Por otro lado, el Tribunal afirma que la Comisión Europea tampoco cometió un error manifiesto de apreciación al considerar que ningún estudio podía justificar la elección de la plataforma terrestre, "puesto que tales estudios no aportaban pruebas suficientes de la superioridad de ésta frente a la plataforma de satélite".
España adoptó entre 2005 y 2009 medidas para permitir la transición de la televisión analógica a la digital. Los radiodifusores tenían la obligación de cubrir el 96% de la población en el caso del sector privado y el 98% de la población en el caso del sector público, en sus respectivos ámbitos territoriales. Con el objetivo de gestionar este proceso, se dividió el territorio español en tres zonas distintas.
Puesto que las obligaciones de cobertura impuestas en relación con la TDT podían dar lugar a que no se alcanzara el nivel del 98%, era necesario garantizar la cobertura de televisión en la zona 2. las autoridades españolas concedieron financiación pública para apoyar el proceso de digitalización terrestre en dicha zona.
En junio de 2013, a raíz de una denuncia del operador europeo de satélites SES Astra, adoptó una decisión por la que declaraba ilegal e incompatible con el mercado interior la ayuda concedida a los operadores de la plataforma de televisión terrestre para el despliegue, el mantenimiento y la explotación de la red de TDT en la zona 2 en el conjunto del territorio español, con excepción de la Castilla-La Mancha- En la misma decisión ordenó la recuperación de la ayuda a los beneficiarios.
España y las comunidades autónoma de País Vasco, Galicia y Cataluña, así como varios de los operadores, solicitaron al Tribunal General de la UE que anulara la decisión del Ejecutivo comunitario.
