EN MANOS DE LA VOLUNTAD POLÍTICA
Los problemas que tiene la Justicia en España son conocidos: su funcionamiento se percibe como insatisfactorio y existe una apariencia de politización que ha calado en el sentir general. Estas circunstancias están provocando una progresiva pérdida de confianza y credibilidad en las instituciones y un desánimo generalizado en los actores jurídicos. Lo positivo es que hay solución. Lo frustrante y desalentador es que depende de la voluntad política, siempre voluble.
En los últimos cuarenta años, la Justicia ha dependido de los avatares políticos y, salvo contadas excepciones, ningún Gobierno ha tenido verdadero interés en construir ese Poder Judicial independiente diseñado en la Constitución y hacer que el derecho fundamental a la tutela judicial sea una realidad efectiva más allá de las meras palabras retóricas. Quizá, en parte, porque los implicados han venido supliendo con su esfuerzo las carencias del sistema, en una actitud voluntarista que ya no da más de sí. Quizá, sobre todo, porque la Justicia no da ni quita votos. Quizá, también, porque los jueces hemos contribuido con idas y venidas a la política, no siempre bien explicadas y entendidas, a esa confusión que es el caldo de cultivo de la desafección: todos son iguales y lo mismo.
La solución: un Acuerdo de Estado entre todas las fuerzas políticas, que incluya a todos los sectores afectados, que evite que la Justicia se utilice como elemento de confrontación, que salvaguarde la separación de poderes y que establezca las líneas de consenso básicas para garantizar un Poder Judicial sujeto únicamente a la Constitución y la ley, sin vínculos ni influencias ajenas a su función, así como una Administración de Justicia capaz de prestar la tutela ágil, eficiente y de calidad que merecen los ciudadanos.
Si queremos construir una Justicia que no dependa de los vaivenes políticos es preciso buscar puntos de encuentro, lo que exige diálogo y consenso. Es necesario un compromiso que permita planificar a medio y largo plazo las inversiones suficientes para acometer una reorganización de la carrera y planta judicial, dotar a la Justicia de medios, garantizar la coordinación entre las administraciones... Porque invertir en Justicia es invertir en nuestro futuro y en el de nuestros hijos.
