MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
La Sala considerar que se han acreditado nuevas circunstancias personales que obligan a cambiar la situación procesal del investigado, como son como la cancelación del arrendamiento de vivienda en Méjico y el cese de su relación laboral con la empresa allí asentada; la situación económica que atraviesa tras el empobrecimiento padecido en su actividad empresarial, su arraigo familiar en España y un problema de salud por el que ha recibido tratamiento.
Este conjunto de hechos -consideran los magistrados- reduce sensiblemente el riesgo de fuga que en un primer momento se estimó determinante para decretar la prisión provisional.
No obstante, la Sala revoca la prisión provisional pero, no obstante, obliga al apelante a hacer entrega de su pasaporte ante el Juzgado de Instrucción que sigue la causa, además de ordenarle que comparezca diariamente ante el mismo órgano de conformidad con lo previsto en el artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
