BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)
El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Juan Luis Ibarra, ha apostado por "el control social" de todo lo que tenga que ver con el comercio de armas y la financiación de Daesh. Además, ha asegurado que "la prevención de la seguridad no requiere de una restricción de las libertades".
En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ibarra ha afirmado que "hay que mantener la libertad y prevenir la seguridad" y ha considerado que "la prevención de la seguridad no requiere de una restricción de las libertades".
A su juicio, hay que avanzar en dos ámbitos que el control social "debería llegar y no llega, que son todo lo que tiene que ver con el comercio de armas, y todo lo que tiene que ver con la financiación de Daesh".
"Este estado islámico tiene unas fuentes de financiación conocidas a las que concurren los países que luego se rasgan las vestiduras por los efectos del terrorismo yihadista. Me parece que el control social debería ir dirigido hacia esa dirección", ha apuntado.
ARMAMENTO DE GUERRA
El magistrado ha recordado que "hoy las bolsas en Wall Street se disparaban hacia arriba en la empresas de armamento de guerra". "Ésta es la clave. No vamos a ser creíbles en las sociedades musulmanas, árabes, si nos enriquecemos con esto que algunos se empeñan en llamar una guerra", ha indicado.
En este sentido, cree que "esto no responde a las características de la noción de guerra" que tiene Europa desde hace muchos siglos. "Si alguien se está enriqueciendo con la guerra, habría que dirigir el control social hacia esa dirección", ha añadido.
En su opinión, el tratado entre Europa y los EE.UU. sobre intercambios económicos "debiera de incluir y dar más importancia a esta cuestión que a otras, como es el sustraerse a la acción de la Justicia de los estados". "Puestos a prevenir la seguridad y a conjurar riesgos, me parece que la mirada debería dirigirse más en esa dirección", ha apuntado.
EUROPA Y ESPAÑA
El máximo representante del TSJPV ha señalado que en Europa, desde hace ya más de dos siglos, y en España, desde la Constitución de 1978, se optó por "un modelo de control social que incluya un control que sea también penal".
Según ha explicado, el control penal "solo es uno de los controles", pero "tienen que funcionar otros" porque, "si no, el sistema se tambalea".
"Cuando al Código Penal se le pide más de lo que se le puede dar, eso puede ser un buen pretexto para que se inicie un modelo distinto en el que lo que importa no es la culpa, sino la peligrosidad. Pero ese modelo no ha conducido a nada bueno en términos históricos y no tenemos, además, razón para dar marcha atrás en cuanto al tema de garantías, al modelo en el que la actuación respecto de las personas, sea teniendo en cuenta que esas personas son sujetos de derecho y no son objeto de derecho", ha indicado.
Juan Luis Ibarra ha manifestado que la realidad dice que, por ejemplo, respecto a los atentados del 11-M "no fueron los recursos jurídicos los que fallaron, quienes participaron en los atentados de Madrid fueron juzgados, condenados, están cumpliendo condena". "No faltaron recursos de carácter jurídico, lo que falló fue la prevención de ese riesgo de atentado terrorista", ha afirmado.
SOCIEDAD DEL RIESGO
Además, considera "muy difícil" pretender una sociedad "sin riesgo porque, más bien, lo característico de esta sociedad es que tiene mayores riesgos que lo que se ha conocido de la segunda parte del siglo XX".
"Tenemos que aprender a convivir en una sociedad del riesgo sin renunciar ni a nuestra condición de personas con derechos ni a nuestra condición de personas que, en sus relaciones con los poderes públicos, tienen derecho a una cierta desconfianza que se reequilibra mediante el control de la actuación de los poderes públicos", ha aseverado.
Por ello, cree que "las actuaciones policiales deben contar con los medios que sean necesarios, pero en el desempeño de su actuación, deben permanecer controladas". "Y éste es el tema, que la libertad falla cuando los controles desaparecen, cuando, en definitiva, la intervención respecto a las personas no se controla porque ahí se produce una actuación que puede ser de carácter arbitrario".
"Y no está demostrado, sino todo lo contrario, que, cuando las actuaciones de producen dentro de la arbitrariedad, no se consigue la eficacia o, al menos, en términos de convivencia democrática", ha destacado.
SIN LEYES EXCEPCIONALES
A su juicio, no habría que proponer nuevas leyes que abunden en la excepcionalidad. En esta línea, ha recordado que el 28 de octubre entró en vigor un nuevo Código Penal, con el fin de la legislatura, que, "por desgracia, responde a un modelo que está mucho más inspirado en la previsión de la peligrosidad, más que en el de culpabilidad".
"En todo caso, ya no es el Código Penal de la democracia, sino un modelo distinto y más arriesgado. En todo caso, esa modificación ya se ha producido", ha indicado.
De esta forma, ha recordado que en febrero de este año se firmó el Pacto Antiterrorista respecto del terrorismo yihadista "entre el Gobierno y el partido líder en la oposición (PP y PSOE), y ya se adoptaron determinadas medidas que, a mi juicio, algunas sí supusieron un avance, sobre todo en la definición de algunos tipos delictivos que tiene que ver con la captación pasiva de personas para las actuaciones delicuenciales relacionadas con el yihadismo".
"EXACERBACIÓN DE LAS PENAS"
"Pero, más allá de ello, era un pacto simbólico que iba dirigido a justificar una exacerbación de las penas que se produce inmediatamente porque en el mes de marzo ya se aprobó el nuevo Código Penal y ya está en vigor desde el 28 de octubre", ha dicho.
Tras admitir que no se ha roto la excepcionalidad en relación con la organización terrorista ETA, ha apuntado que "esto se ha acreditado". "La experiencia de atentados terrorista de carácter yihadista en España son suficientes para saber que el Código Penal estaba ya preparado", ha remarcado.
En todo caso, ha apuntado que, en relación a los delitos que tienen que ver con Internet, se ha hecho "un avance" en el Código Penal, que es "muy justificado" porque se está "ante nuevas formas de delincuencia". Ibarra ha manifestado que le gustaría que ese avance también se produjera respecto a dos ámbitos "a los que el control social debiera llegar y no llega" que es todo lo que tiene que ver con el comercio de armas y, en segundo lugar, todo lo relacionado con la financiación de Daesh.
