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Enfoque legal y político de la 'desconexión'; por Santiago González-Varas, Catedrático, abogado y escritor

11/11/2015
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El día 9 de noviembre de 2015, se ha publicado en el diario El Economista, un artículo de Santiago González-Varas, en el cual el autor considera que una vez hemos llegado a la situación en la que estamos, la solución ha de basarse en el propio sistema constitucional donde se ha planteado el problema.

ENFOQUE LEGAL Y POLÍTICO DE LA 'DESCONEXIÓN'

En este tema se puede dar un enfoque legal, o bien otro de fondo o político. Veamos ambos. Sobre lo primero, la legislación contempla distintas respuestas, pero su concreción es discrecional, o estratégico, por parte del Gobierno y el Tribunal Constitucional, bajo postulados (que son la esencia del Derecho) de "adecuación" y "proporcionalidad": la ejecución de las decisiones del TC con posibles inhabilitaciones o sanciones contra los responsables, el artículo 155, la reorientación o condicionamiento de la financiación...

Es decir, una vez hemos llegado a la situación en la que estamos, la solución ha de basarse en el propio sistema constitucional donde se ha planteado el problema. Por suerte, en las pasadas elecciones autonómicas la mayoría votó en contra de la independencia (sin contar la abstención), perdiendo legitimidad tal "proceso" de independencia. Esto es importante, porque, de esta forma, la famosa batalla "en la calle" la han perdido, ya que siempre cabe oponer que una cifra igual de ciudadanos podría también hacer "diadas" de signo contrario.

Es más, podría ser interesante, aunque no necesario, que ese cincuenta y tantos por ciento de la población se mostrara más activo, movilizándose contra el actual Gobierno de la CUP y sus socios. En cuanto al otro planteamiento, de las soluciones políticas de fondo: algunos plantean reformas que, finalmente, ni son reformas (porque no queda margen para hacerlas), ni convencen a los independentistas. Lo que el 40% de los catalanes quiere (o al menos sus representantes) es ser "diferentes" del resto de España, lejos del café para todos.

Cierto que ya son "diferentes", y mucho, del resto, con el actual sistema, porque su autogobierno así lo ha provocado, pero parece que ellos quieren ver más acusada la autonomía y, para ello, la solución política entonces no es dar más competencias allí (al haberse agotado el cupo), sino quitarlas en el resto, donde además no hacen falta, porque no se precisa que nadie nos proteja frente al Estado porque queremos ser Estado. Como sabemos todos, desde los años ochenta, el resto de los españoles puso su empeño en querer ser iguales que aquellos otros, optando por fórmulas de autogobierno y de autonomía. Ahora bien, esta sensación ha cambiado, tras las últimas décadas y todo lo que hemos visto.

Es decir, salvando la primera impresión, ¿y no sería incluso mejor, en el resto de España, ser "diferentes" de aquellos otros, a costa de afirmar nuestra españolidad, considerando que no precisamos una autonomía cuya ratio es preservar derechos o identidades frente al Estado? Si en los años noventa el sentimiento era ser autónomos, hoy dudo de que esto sea así. Todo esto, dicho en román paladino, significa simplemente el reforzamiento de las Diputaciones y la innecesariedad de las Comunidades Autónomas en tal resto de España. Esta sí es una reforma, dejando al margen lo tibio de querer cambiar las cosas dejando todo igual, y es además una esas medidas claras y contundentes que se precisan hoy en el contexto del dramático problema de la deuda pública que tenemos, mirando por los intereses de los ciudadanos y no de los políticos que precisan lugares para colocarse o recolocarse, y facilitando la gobernabilidad del Estado.

En las dos Castillas la propuesta satisfaría, al pasar a estar más cerca de Madrid, sin tener que pasar por escalas intermedias; en las Comunidades uniprovinciales (Navarra, Baleares, La Rioja, etc.) tampoco se aprecian problemas, ya que hay coincidencia y el único efecto sería la reducción de gasto a costa de eliminar parlamentos cuya utilidad no se observa en coste-beneficio. En Canarias lo mismo, además de que conseguirían ser dos provincias con voces más diferenciadas entre sí.

Y, si esta solución se aceptara por los actuales gobernantes catalanes, en Andalucía o Galicia también se asumiría, al menos como el sacrificio necesario para resolver el problema catalán, sin perjuicio de poder inventar alguna superestructura de diputaciones. La experiencia ha demostrado que, cuando hay convenios para que funcione un solo tribunal (no por ello debe estar localizado en Madrid) en vez de varios tribunales en distintas comunidades autónomas, se ahorran muchos costes.

Según esto, finalmente, las reformas deberían guiarse, en todo el Estado, bajo tres nuevos conceptos clave: primero, la "devolución" en general de algunas competencias al Estado, al menos la competencia de educación; segundo, la "normalización" del español como lengua usada en todo ámbito público o institucional, sin perjuicio del ámbito privado donde cada cual se exprese como libremente quiera.

Y tercero, "la desconexión", sí, en efecto, en este sentido de reconocer la autonomía solo en Cataluña, o donde la quieran, porque, salvo que cambien las cosas, tal desconexión nos permite a los demás (en tales términos) ese galardón de ser más españoles, sin interferencias, ni escalas ni por tanto autonomías. Y, explicado así, parece que todos quedaríamos contentos, siempre poniendo como ideal general de futuro que aquellos otros se convenzan de que es mejor la generalización de este modelo incluso en aquel territorio autónomo.

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