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  • EDICIÓN DE 10/11/2015
 
 

Por Santiago Muñoz Machado, Catedrático y miembro de la Real Academia Española

La Constitución de Babel

10/11/2015
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Soberanía, democracia, legalidad, legitimidad, constitución, nación, independencia, estatuto, poder constituyente, derecho a decidir, autodeterminación, federalismo, justicia... son, entre otras, palabras y locuciones que, siendo viejas y conocidas, se han hecho ininteligibles subitáneamente. Nos las han cambiado. Ha caído sobre nuestra Constitución la maldición que asoló la capacidad de comunicación de las gentes de Babel.

ABC 08.11.05

Quienes hayan aprendido los valores del constitucionalismo occidental no sabrán explicar cómo en un Estado unitario conviven varias soberanías, o, al menos, dos o tres distintas; se asombrarán de que un territorio integrado en un Estado democrático, que no lo tiene subyugado, pueda decidir constituir otro separado sin revoluciones sangrientas ni el consentimiento del soberano. No entenderán que un Parlamento regional pretenda derogar la Constitución ni que el cumplimiento de las sentencias dependa ahora de la voluntad de sus destinatarios; les causará perplejidad que los procedimientos de reforma constitucional puedan sustituirse por el simple desafecto o el “desenganche”, o se preguntarán si las leyes pueden ser incumplidas a placer. Les resultará imposible comprender por qué la Constitución, toda entera, ha devenido inservible.

La primera obligación que tienen ahora el Gobierno y los responsables políticos es que las instituciones vuelvan a tener un régimen unívoco e inequívoco. Y poner fin al lenguaje burlesco e irresponsable. El Estado dispone de un arsenal descomunal para ejecutar la operación con prontitud: vías penales de varia estirpe contra las personas y los grupos que han cambiado la razón de Estado por la suya; justicia contencioso-administrativa para lo que valga; jurisdicción constitucional para lo que corresponda. Acciones ejecutivas basadas en la legislación de orden público o en la coacción estatal contra los incumplimientos constitucionales siempre que proceda.

Mientras esto se va haciendo, considérese que más del 70% de los catalanes, según las encuestas, estarían conformes con reformas del régimen autonómico; que una mayoría abrumadora de los grupos políticos creen que hay que mejorar nuestras instituciones; que la comunidad académica de los especialistas en Derecho Público lleva tiempo sosteniendo que es necesario cambiar algunos aspectos de la Constitución. Y que no se puede esperar siempre la iniciativa de los demás, porque para tener el liderazgo político hay que adelantarse a proponer las mejores ideas.

Será difícil el consenso, claro está, sobre todo si no se intenta conseguirlo. Pero estamos cayendo por la pendiente del desánimo y el desconcierto, incluso de la vergüenza por la situación, y necesitamos ilusiones constitucionales nuevas en las que asentar proyectos de vida en común.

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