ZARAGOZA, 6 (EUROPA PRESS)
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado al exdirector del Área de Cultura y Patrimonio de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), Alfredo Romero, a un año de prisión como autor responsable de un delito de malversación de caudales públicos por apropiarse de dinero de la venta de catálogos de exposiciones organizadas en la institución.
Asimismo, el tribunal del jurado presente en esta causa ha condenado a Romero a un mes y quince días de prisión como autor responsable de un delito de blanqueo de capitales y se establece su inhabilitación para empleo o cargo público durante más de dos años.
También deberá afrontar una multa de 10.000 euros, con la responsabilidad personal subsidiaria de tres meses en caso de impago; abonar el pago de costas y, en cuanto a responsabilidad civil, deberá indemnizar a la Diputación Provincial de Zaragoza en la cantidad de 37.975 euros, más los intereses legales correspondientes desde la fecha de esta sentencia.
Contra esta decisión puede interponerse recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en el plazo de diez días.
Según consta en la sentencia, se considera como hechos probados que Alfredo Romero, que accedió a la DPZ por oposición en 1986, fue técnico desde ese mismo año del Área de Cultura y director de exposiciones del Palacio de Sástago y ostentaba el cargo de director del área de Cultura y Patrimonio desde el 16 de julio de 2003 hasta el 23 de junio de 2011.
Entre finales de 2005 y hasta el cese de Romero en 2011, se organizaron en el Palacio de Sástago 33 exposiciones en las que se editaron catálogos o folletos, con tiradas de entre los 1.000 y 3.000 ejemplares y en todas las muestras, excepto en tres, se pusieron a la venta en ese mismo lugar.
ACTIVIDAD EN LA VENTA DE CATÁLOGOS
Desde 2006 se organizaron 38 exhibiciones artísticas, sin que conste el número de catálogos editados. Una vez se recibía el catálogo de la exposición, un número elevado e indeterminado se distribuía entre cargos de la Diputación, la Red de Bibliotecas de la provincia, otras bibliotecas, centros e instituciones, protocolo institucional de la DPZ y la cesión de ejemplares al prestador de las obras, comisarios y colaboradores del catálogo, amén de los que podían regalarse a algunos visitantes de las exposiciones, por lo que "no consta en ningún momento" el número de ejemplares que se ponía a la venta al público.
Hasta 2012 no existía una normativa legal que regulase las operaciones con estos catálogos que vendían, en cada muestra, las azafatas-guías contratadas. Cada día recaudaban el dinero obtenido y lo guardaban en unos sobres que, al finalizar la jornada, se insertaban en una caja de seguridad, a cargo de los miembros del servicio de seguridad de la DPZ.
Las azafatas anotaban de forma manuscrita en el anverso de cada sobre el nombre de la exposición, la fecha, el número y precio de los catálogos vendidos y el importe total recaudado ese día y, al término de la muestra, se hacía entrega al servicio de seguridad de un cuadro resumen.
Los miembros del servicio de seguridad eran quienes custodiaban los fondos en la sede del Palacio de Sástago en una caja de seguridad de la que tenían llave de acceso. En todas las muestras con venta de catálogos, Alfredo Romero se personaba en el palacio y procedía, en presencia del servicio de seguridad, a la apertura de la caja comprobando que su contenido en metálico se correspondía con el que constaba en las anotaciones de las azafatas.
LO INCORPORABA A SU PATRIMONIO
A continuación, Romero recogía el dinero, llevándoselo consigo, pero "lejos de ingresarlo en la Tesorería de la DPZ, lo hizo suyo en todas las ocasiones, detrayendo su importe de las arcas provinciales e incorporándolo a su patrimonio".
Además, siguiendo sus órdenes, el personal de seguridad hizo desaparecer la mayoría de los sobres y cuadros con anotaciones, si bien se conservan algunos de ellos relativos a once muestras que demuestran las cantidades de las que se apropió Romero.
Según estos documentos, el dinero total apropiado por el acusado en diez exposiciones con catálogo público ascendió a 15.190 euros, lo que supone una media de 1.519 euros por muestra.
Se calcula, conforme los hechos probados de la sentencia, que el total recaudado en las 24 exposiciones, una de ellas doble, en las que se vendieron catálogos de la Diputación en el vestíbulo del Palacio, ascendió a 37.975 euros, dinero que fue recaudado en su totalidad por el acusado, Alfredo R.S., que no lo ingresó ni entregó de ningún modo a la DPZ, apropiándose del mismo, pero no en su totalidad porque algunos pagos pudieron ser para imprevistos.
De las cuatro exposiciones realizadas tras el cese de Romero, en junio de 2011, consta la documentación completa y el importe total de la recaudación en la caja de seguridad, al no haber podido ser recogido por el acusado.
La sentencia indica que no existían documentos oficiales ni control sobre la venta de estas publicaciones, situación que se mantuvo desde 1984. Además, Romero tenía a su disposición unos anticipos mensuales de caja fijos, hasta 2007, para cubrir pequeños gastos de las muestras.
PROCEDENCIA ILÍCITA
Pese a que el patrimonio de Alfredo Romero y su familia procede de los ingresos de los trabajos del exdirector de Cultura, como funcionario de la DPZ, y de su esposa María Teresa Colomer, como funcionaria del Salud y de su consulta privada de psicología, así como de préstamos hipotecarios, personales y de familiares y amigos, con el dinero obtenido con los catálogos Romero procedió, de 2005 a 2011, para ocultar su procedencia ilícita e incorporarlo a su patrimonio, a realizar diversos y continuos ingresos en sus cuentas bancarias, que figuraban a su nombre y al de su mujer.
Así, "se concluye sin género de dudas que al menos una parte de los ingresos en efectivo realizados en las cuentas del acusado provenían del dinero obtenido de la venta de catálogos" y que servían para pagar sus gastos, deudas o cuotas de préstamos concedidos con los que habían adquirido el piso familiar o reformaron su casa en el municipio de Fuendetodos, transformando así lo ilícitamente obtenido en ingresos aparentemente justificados.
El jurado ha estimado que Romero se apropió de 37.975 euros y actuó "con ánimo de lucro", beneficiándose de ese importe y de 15.190 euros. El 23 de octubre de 2015, Romero ingresó en la cuenta de consignaciones de la Audiencia Provincial de Zaragoza un total de 38.000 euros, por los que se ha procedido a reparar o disminuir el daño ocasionado a la DPZ.
En el banquillo también se ha sentado la esposa de Romero, María Teresa Colomer, acusada de un delito de blanqueo de dinero, si bien en el transcurso del juicio se retiró su imputación.
