MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
En un comunicado remitido este miércoles APIF advierte que se establecen ahora plazos de caducidad de la instrucción, que en España está en manos de los jueces, indicando que podrán prorrogarse únicamente a instancia del fiscal o de alguna de las partes.
La cuestión es que "en la gran mayoría de las causas*la única parte personada es el fiscal que en ocasiones tiene su sede a cientos de kilómetros de distancia de los juzgados*que le corresponde despachar", aseguran.
"Así como los jueces de instrucción disponen de una oficina que colabora activamente en la instrucción de las causas, la escasez de funcionarios en las oficinas de Fiscalía hace que estos se limiten, de forma casi exclusiva, a registrar las causas", se queja esa asociación que añade que, en el proceso penal de adultos, la Fiscalía "es quien personalmente minuta sus asuntos, hace sus escritos y recursos, y revisa personalmente todas las resoluciones adoptadas por el juez o el letrado al servicio de la Administración de Justicia, los hasta ahora secretarios judiciales, quienes trabajan en exclusiva para su juzgado".
TRABAJO SIN APOYO
Insisten en que los fiscales participan en muchas parcelas de la justicia, prácticamente sin apoyo, y que se carece de estudias de la carga de trabajo de cada fiscal ni de cada Fiscalía. "**Es lamentable que la Fiscalía General no haya levantado la voz para advertir de las consecuencias de una reforma como la que entra en vigor en dos meses", reprocha la APIF a la fiscal general Consuelo Madrigal.
Añade la APIF que, lejos de invertir en Justicia, la realidad son edificios judiciales sin 'wifi' para conecta con bases de datos y la eliminación de los fiscales y jueces sustitutos, lo que lleva a duplicar la carga de trabajo.
"Con estos mimbres se pone un escollo más a la instrucción de las causas que nos llevará a espacios de impunidad con instrucciones deficientes", como son los plazos, pues según APIF "*las estadísticas de los tiempos de la justicia que ofrece la reforma no son ciertas".
A juicio de la APIF, la agilización de la justicia "pasa por simplificar el procedimiento, por impedir que pueda recurrirse cada paso que el juez vaya dando, por dotar a la justicia de medios materiales y personales propios del siglo XXI y no por poner plazos imposibles de cumplir y requisitos de prórroga inasumibles".
