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Pactos por un nuevo futuro; por Fernando Vallespín y José Luis García Delgado, en representación del Círculo Cívico de Opinión

29/10/2014
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El día 29 de octubre de 2014, se ha publicado en el diario El País, un artículo de Fernando Vallespín y José Luis García Delgado en el cual los autores opinan que frente a soluciones mesiánicas que cuestionan todo el sistema, hacen falta tres grandes acuerdos: para revitalizar la democracia, para soldar la fractura social y para actualizar el contrato constitucional.

PACTOS POR UN NUEVO FUTURO

La sucesión en la Jefatura del Estado, tras la abdicación del rey Juan Carlos, marca en España un punto de inflexión, un antes y un después, no sólo en la Corona. Hacia atrás, es el periodo de la instauración y desarrollo de la democracia nacida en 1978, de la que el rey don Juan Carlos fue uno de sus más relevantes protagonistas; por delante, un periodo nuevo envuelto en las incertidumbres de todo futuro. El tránsito, que en sí mismo no es más que un acto sucesorio previsto por la Constitución, cobra una importancia especial por el momento y las circunstancias en las que se ha producido.

Estamos ante un tiempo difícil y unas circunstancias complejas por la irrupción de una triple crisis: una crisis económica, con muy gravosas consecuencias sociales, una crisis de gobernabilidad y una crisis de liderazgo político y de credibilidad que afecta de modo fundamental a los partidos políticos. Tres vértices de un triángulo que interactúan entre ellos, reforzando su impacto.

A la extrema tensión del modelo territorial suscitada por el nuevo independentismo catalán, y a las carencias y disfuncionalidades de otras instituciones, hay que añadir las señales de alarma provocadas por el conocimiento retrospectivo de graves casos de corrupción política, que nos devuelven una imagen de nuestro pasado reciente muy alejada de la visión autosatisfecha que de él teníamos. Esto ha provocado una deslegitimación de las élites, sobre todo de aquellas integradas en los partidos políticos tradicionales, cuyas prácticas de colonización del Estado, financiación irregular y satisfacción de intereses económicos espurios han dado lugar al crecimiento de la desafección política.

La sensación de malestar con la democracia va acompañada también de un sentimiento de quiebra del contrato social básico que permitía satisfacer mecanismos de solidaridad intergeneracional y realizar pautas de justicia distributiva. Una percepción que no conseguirá atemperar pronto la incipiente recuperación económica, incapaz de reducir sensiblemente en el corto plazo unos intolerables índices de paro, con la correspondiente frustración para un amplísimo sector de nuestros jóvenes, que ve malogradas sus expectativas laborales y su integración social plena; o para quienes fueron expulsados del mercado de trabajo y han perdido gran parte de sus esperanzas en volver a acceder a un empleo. La dimensión y la naturaleza de nuestros problemas no puede ocultarse detrás de mejores datos macroeconómicos, que no registran perjuicios previos recaídos mayoritariamente sobre los sectores sociales más desprotegidos.

Apostar por una transformación urgente de este estado de cosas es, por tanto, algo más que un eslogan. Es una demanda que, como muestran las encuestas, está bien asentada en la opinión pública. La proliferación de foros cívicos de diverso tipo da buena cuenta de ello. La sociedad, una vez más, se ha adelantado a los políticos y discute los lineamientos de una democracia reavivada; quiere renovación. La situación está cargada de riesgos que exigen una actuación urgente mediante una acción consensuada que evite la utilización sectaria de lo que es el interés general.

El primer paso, imprescindible, es recobrar la legitimidad y credibilidad de la política y, por tanto, promover un programa de fortalecimiento y regeneración democrática pactado entre los grandes partidos. El segundo, también imprescindible, es romper el dilema statu quo/ rebelión, abriendo el camino a la política y el reformismo. España no puede quedar atrapada entre la inercia de la legalidad existente y la rebelión, por muy cívica que esta sea. De lo que se trata es de avanzar, y para ello es necesario reformar. Es responsabilidad del Gobierno abrir esa ventana de responsabilidad para la reforma.

Estamos convencidos de que la principal carencia de la España de nuestros días es no disponer de una hoja de ruta que señale hacia dónde queremos ir y lo que queramos ser. Sin proyecto colectivo se pierde el porvenir, y la esperanza por alcanzar un país mejor se torna en la preocupación por satisfacer los intereses de cada una de sus partes, ya sean éstas comunidades autónomas o grupos sociales particulares, que tienden a procurarse sus propias vías de “salvación”. Los problemas sólo podrán ser resueltos a partir de la recuperación de la confianza mutua y la creencia en nuestra capacidad de sumar fuerzas para alcanzar fines colectivos, superando la división y las suspicacias recíprocas.

La coyuntura actual es, sin duda, distinta a la de la Transición, aunque los fines no son ahora muy diferentes a los de entonces. Cuando antes hablábamos de instaurar una democracia ahora debemos pensar en renovarla; cuando antes perseguíamos incorporarnos a Europa, ahora nos toca implicarnos más en ella. Un país con capacidad para “reinventarse”, que no necesita poner el contador a cero como en aquel otro momento histórico porque ya ha sido mucho lo logrado.

Ello ha de suponer, desde luego, algo muy distinto de una estrategia que confíe sólo en sortear la crisis económica como resorte para la superación de los otros problemas; sería una salida en falso. Lo que se necesita es precisar los objetivos y contar con un liderazgo intrépido y eficaz apoyado sobre una activa participación de la sociedad civil.

Como existe amplio consenso sobre las dificultades planteadas, hay que evitar que cada cual ofrezca sus propias soluciones para problemas que son de todos, individual y colectivamente. Y partimos de la base de que la definición de esas medidas es ahora menos relevante que el procedimiento a través del cual se lleguen a aceptar. Lo importante es que lo hagamos juntos y que una amplia discusión pública supla a un supuesto modelo apriorístico al que hayamos de conformarnos. En este sentido, la apertura de una reforma constitucional favorecería esa mayor implicación de toda la ciudadanía. Por su propia naturaleza, la reforma constitucional obliga a la búsqueda de la negociación y el consenso, con la máxima implicación cooperativa de todas o de la mayor parte de las fuerzas políticas.

En concreto, para el Círculo Cívico de Opinión recuperar la confianza en el país y sus dirigentes pasa por abordar conjunta y sistemáticamente tres grandes pactos sociales: institucional, social y constitucional.

1) Un pacto continuado por la regeneración y revitalización de la democracia, con todas las medidas necesarias para rehacer la legitimidad perdida por parte de la política y sus titulares. Exigirá, por tanto, una nueva regulación del sistema representativo -partidos políticos, sistema electoral, régimen de incompatibilidades, aforamientos-, de las fuentes encargadas de preservar la transparencia y la ética pública, y, en general, de cuanto contribuya a suturar el distanciamiento producido entre ciudadanía y clase política, aunque no olvidando los requerimientos de la estabilidad y la gobernabilidad.

2) Un pacto social, dirigido a recomponer la fractura social provocada por la crisis económica. Ello presupone un adecuado análisis del modelo de Estado de bienestar que podemos permitirnos y que tenga la capacidad de alcanzar la mayor cohesión social posible. Aquí un pacto por el empleo y la sostenibilidad de las pensiones debería ser la prioridad máxima. Si el pacto por la democracia debe devolver la credibilidad en la política, el pacto social debe devolver autoestima a la propia sociedad.

3) Todo ello habrá de desembocar en una renovación y actualización del pacto constitucional, en la reforma de la Constitución de 1978, una de cuyas dimensiones centrales es un nuevo pacto territorial y una redefinición del modelo de Estado, que tanto el problema catalán como las muchas otras disfunciones del Estado autonómico hacen absolutamente imperativos. Será imprescindible la aportación de las diferentes comunidades y una distribución de competencias en las que se combine la lealtad al conjunto con el más respetuoso reconocimiento de la diversidad.

Estos pactos nos parece que marcan la pauta fundamental del nuevo comienzo. El desafío es formidable, promover y realizar un proyecto colectivo que nos ofrezca una promesa de futuro. No es, ciertamente, algo inédito en nuestra historia reciente ni tampoco trasciende a las posibilidades de una sociedad madura con voluntad de hacerse con la dirección de su propio destino.

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