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La medida de prohibición de aproximación a la víctima ha de cumplirse simultáneamente con la pena de prisión

28/01/2014
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Es objeto el presente recurso de casación la sentencia que condenó al recurrente como autor responsable de un delito de homicidio, a la pena de prisión, con la medida de prohibición de aproximación a su esposa e hijos, por tiempo de diez años, periodo que se computará una vez haya cumplido la pena de privación de libertad.

Iustel

El TS estima la alegación relativa a la infracción del art. 57 del CP, ya que dicho precepto establece que en los supuestos de condenas de prisión “la pena de prisión y las prohibiciones contempladas en el mismo, se cumplirán necesariamente por el condenado de forma simultánea con la pena de privación de libertad”.

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Sentencia 799/2013, de 05 de noviembre de 2013

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 10592/2013

Ponente Excmo. Sr. CANDIDO CONDE-PUMPIDO TOURON

En la Villa de Madrid, a cinco de Noviembre de dos mil trece.

En el recurso de casación que ante Nos pende, interpuesto por infracción de precepto constitucional e infracción de ley por Luis Pedro, contra sentencia de fecha 29 de abril de 2013, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en causa seguida al mismo por delito de homicidio, los componentes de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que al margen se expresan, se han constituido para la votación y fallo bajo la Presidencia y Ponencia del primero de los indicados, Excmo. Sr. D. Candido Conde-Pumpido Touron, siendo también parte el Ministerio Fiscal y estando dicho recurrente representado por la Procuradora D.ª. Raquel Sánchez-Marín García y como recurridos D.ª Flor, D. Arcadio y D. Conrado representados por la Procuradora D.ª Rosa María Martínez Virgili.

I. ANTECEDENTES

PRIMERO.- El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción num. 2 de Cervera de Pisuerga, instruyó Procedimiento del Tribunal del Jurado con el num. 1/2011, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial de Palencia, Sección Primera, que por medio del correspondiente Tribunal del Jurado, con fecha 19 de diciembre de 2012, dictó sentencia que contiene el siguiente HECHO PROBADO:

"Son hechos que se declaran probados, conforme al veredicto emitido por el Jurado los siguientes: "1.- En el mes de febrero de 2011, en el piso NUM005 letra NUM006 de la CALLE000 num. NUM007 de la localidad de Guardo (Palencia), tenía su domicilio el matrimonio formado por el acusado Luis Pedro ( de 67 años en el momento de los hechos, sin antecedentes penales y en situación de prisión provisional desde el 13 de febrero de 2011), y su esposa Flor. En este domicilio también vivía a diario el hijo de ambos Carlos Manuel de 23 años.

En la mañana del domingo 13 de febrero de 2011, Luis Pedro salió a tomar unos vinos por el pueblo mientras su esposa e hijo quedaban en casa. En concreto, Carlos Manuel quedaba durmiendo.

Sobre las catorce treinta horas de esa mañana, cuando Luis Pedro vuelve a casa se encuentra con que su hijo Carlos Manuel, que se acaba de levantar de la cama y se estaba arreglando, pregunta de malos modos a su madre por una camiseta. Este hecho irrita a Luis Pedro que estaba molesto con su hijo porque ni trabajaba ni aportaba dinero en casa, así que dirigiéndose a Carlos Manuel le dijo " que si se pensaba que su madre iba a estar de criada para él", "que se fuera de casa, que allí no pintaban nada", comenzando un enfrentamiento entre padre e hijo en el que Luis Pedro se encaraba con Carlos Manuel y decía " que te pego una hostia y vete de casa ".

Para evitar la discusión, Flor, se interpuso entre ambos y con la intención de llevar a su hijo para su habitación y acabar con el enfrentamiento, comenzó empujarle de la cocina en donde se encontraba al pasillo.

En un momento determinado y mientras Flor seguía empujando a su hijo para que se metiera en su habitación y cuando éste y Flor se encontraban en el pasillo que sale de la cocina la habitación de su hijo y como el enfrentamiento continuaba con violencia, esta situación provocó en el acusado Luis Pedro una importante alteración anímica que le produjo, sin llegar a anular, una disminución notable de su voluntad y sus capacidades de comprender y de actuar y, con un cuchillo que había cogido en la cocina, de un fuerte golpe lo clavó en el pecho de su hijo, causándole una grave herida en el pulmón derecho.

Ante esto, Carlos Manuel empezó a decir "mama, que papá me ha pinchado", apartando su madre y empujando su padre que cayó al suelo contra una bombona de butano.

Seguidamente y a través de la cocina y tras abrir la puerta de casa, Carlos Manuel salió al rellano de la escalera del inmueble, en donde mientras llamaba a su madre, cayó al suelo, empezando a sangrar y falleciendo rápidamente a pesar de los esfuerzos de su madre por taponarle la herida con unos paños.

El cuchillo utilizado, es un cuchillo de cocina de acero inoxidable con unas dimensiones de 202 mm de longitud total y 100 mm de hoja.

La herida que provocó la muerte de Carlos Manuel consistió en una herida inciso punzante en la parte derecha del tórax (hemotórax- hipocondrio derecho) de 3,5 cm de longitud a nivel del sexto espacio intercostal derecho y de unos 9 cm de profundidad. Dicha herida, al lesionar el pulmón derecho, provocó una hemorragia intratorácica (hemotórax) con un shock hemorrágico e insuficiencia cardiorrespiratoria que provocó la muerte de Carlos Manuel de forma rápida.

Dada la fuerza que el acusado empleó para clavar el cuchillo en el pecho de su hijo la herida mortal descrita presentaba en su parte superior una contusión con hematoma causada por los nudillos del acusado o el mango del cuchillo.

En el transcurso de la agresión el acusado también clavó el cuchillo a su hijo Carlos Manuel en el glúteo izquierdo ocasionándole tres heridas irregulares y superficiales.

El acusado actuó sabiendo que con su acción iba a causar la muerte a su hijo.

2.- El matrimonio formado por Luis Pedro y Flor tenía siete hijos: el fallecido Carlos Manuel, Luis Pedro, Arcadio, Flor, Francisco Javier, Marielena y Conrado. Todos ellos vivían independientes en el momento de los hechos."

SEGUNDO.- El Magistrado-Ponente del Tribunal del Jurado dictó el siguiente pronunciamiento: FALLO:

"Que debo condenar y condeno a, Luis Pedro, como autor responsable de un delito de homicidio, ya definido, con la concurrencia de la circunstancia eximente incompleta de trastorno mental transitorio y la circunstancia agravante de parentesco, a la pena de ocho años y seis meses de prisión, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; y al pago de las costas causadas, incluidas las de la acusación particular.

Se impone, así mismo, la medida de prohibición de aproximación respecto de su esposa Flor e hijos, Arcadio y Conrado, por tiempo de diez años, periodo que se computará una vez haya cumplido la pena priva de libertad impuesta. El incumpliendo de esta medida será constitutivo de un delito de quebrantamiento de condena.

Además, el condenado indemnizará a Flor en la cantidad de 120.000 euros por los daños y perjuicios morales derivados de la muerte de su hijo; y a Luis Pedro, Arcadio, Flor, Francisco Javier, Marielena y Conrado en 4.000 euros, a cada uno, por los daños y perjuicios morales derivados de la muerte de su hermano.

Abónese en el cumplimiento de la pena de prisión el tiempo en que el acusado ha sufrido prisión provisional por esta causa.

Una vez firme esta resolución dése a las piezas de convicción el destino legal y reclámese del Juzgado instructor la pieza de responsabilidad civil del encausado en el estado en que se encuentre".

TERCERO.- Recurrida en apelación dicha sentencia por el acusado Luis Pedro ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, ésta dictó sentencia con fecha 29 de abril de 2013, que contiene el siguiente FALLO: "Que desestimando el recurso de apelación interpuesto en nombre del condenado contra la sentencia dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado en el procedimiento de que dimana el presente rollo, debemos confirmar y confirmamos la misma en todos sus extremos, así como las responsabilidades civiles que en el mismo se establecen, con costas al apelante".

CUARTO.- Notificada dicha sentencia a las partes, se preparó contra la misma por la representación del recurrente recurso de casación por infracción de precepto constitucional e infracción de ley que se tuvo por anunciado, remitiéndose a esta Sala Segunda del Tribunal Supremo las pertinentes certificaciones para su sustanciación y resolución, formándose el correspondiente rollo y formalizándose el recurso.

QUINTO.- Formado en este Tribunal el correspondiente rollo, la representación de Luis Pedro formalizó su recurso alegando los siguientes motivos: PRIMERO: Al amparo del art. 5.4 de la L.O.P.J., por infracción de precepto constitucional, vulneración del art. 24.2 de la Constitución Española. SEGUNDO: Infracción de ley al amparo del art. 849.1.º de la L.E.Crim., por infracción de los artículos 109, 110 y 113 del Código Penal.

SEXTO.- Instruídas las partes del recurso interpuesto, quedaron los autos conclusos pendientes de señalamiento de día para la votación y fallo cuando en turno correspondiera.

SÉPTIMO.- Hecho el señalamiento ha tenido lugar la votación y fallo prevenidos el 22 de octubre pasado.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. - La sentencia impugnada, dictada en apelación por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con fecha 29 de abril del año en curso, desestima el recurso interpuesto contra la sentencia dictada en esta causa por el Tribunal de Jurado. En la sentencia inicial, dictada el 29 de diciembre de 2012 por el Magistrado Presidente del Tribunal de Jurado de Palencia, se condenó al recurrente, Luis Pedro, como autor responsable de un delito de homicidio, con la concurrencia de la circunstancia eximente incompleta de trastorno mental transitorio y la circunstancia agravante de parentesco, a la pena de ocho años y seis meses de prisión, con la medida de prohibición de aproximación respecto de su esposa e hijos por tiempo de diez años, periodo que se computará una vez haya cumplido la pena de privación de libertad impuesta, así como a indemnizar a la madre de la víctima en la cantidad de 120.000 euros por los daños y perjuicios morales derivados de la muerte de su hijo; y a cada uno de sus hermanos en 4.000 euros, por los daños y perjuicios morales derivados de la muerte de su hermano Carlos Manuel, de 23 años de edad.

Frente a ella se alza el presente recurso fundado en dos motivos, el primero por presunción de inocencia y el segundo por infracción de ley.

Los hechos enjuiciados, en síntesis, consisten en que al mediodía del domingo 13 del mes de febrero de 2011, en la Localidad de Guardo (Palencia), el acusado Luis Pedro, de 67 años, que estaba molesto con su hijo Carlos Manuel, de 23 años, porque ni trabajaba ni aportaba dinero, se irritó cuando regresó a casa después de haber tomado unos vinos en un bar de la localidad, al observar que su hijo acababa de levantarse y le preguntaba de malos modos a su madre por una camiseta. El acusado se dirigió a su hijo diciéndole " que si se pensaba que su madre iba a estar de criada para él" y "que se fuera de casa, que allí no pintaba nada", comenzando un enfrentamiento entre padre e hijo. Para evitar la discusión, la esposa del acusado se interpuso entre ambos y con la intención de llevar a su hijo a su habitación y acabar con el enfrentamiento, comenzó empujarle desde la cocina en donde se encontraba hacia el pasillo. En un momento determinado de la discusión, cada vez más violenta, el acusado, con una importante alteración anímica que le produjo una disminución notable de su voluntad y sus capacidades de comprender y de actuar, sin llegar a anularlas, clavó un cuchillo que había cogido de la cocina en el pecho de su hijo, causándole una grave herida en el pulmón derecho, que determinó su fallecimiento a pesar de los esfuerzos de su madre por taponarle la herida.

SEGUNDO.- El primer motivo de recurso, por vulneración de la presunción de inocencia al amparo del art 852 de la Lecrim. y 4.º de la LOPJ, alega insuficiencia de la prueba de cargo, por estimar que la condena se funda exclusivamente en las declaraciones de la madre de la víctima y de dos de sus hermanos, y en el reconocimiento de su culpabilidad en el propio juicio por parte del acusado, reconocimiento que la parte recurrente considera viciado por el miedo a que se le pudiera imponer una pena de veinte años de prisión.

El motivo carece del menor fundamento por dos motivos.

En primer lugar por haberse planteado " per saltum " una alegación que no se suscitó en el precedente recurso de apelación, en el que la Defensa del condenado formuló únicamente dos motivos, el primero por infracción del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva por falta de motivación de la sentencia con respecto a la responsabilidad civil acordada, y el segundo por infracción de ley en relación con la indemnización señalada en la sentencia del Jurado. Esta Sala ha recordado reiteradamente que el recurso de casación en los procedimientos de jurado se interpone contra la sentencia dictada en apelación, por lo que nuestro control se limita a la corrección de la motivación utilizada en la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia para rechazar la violación denunciada en la segunda instancia y que se reproduce en esta sede casacional. La casación descansa sobre la previa sentencia de apelación, por lo que no se pueden introducir motivos absolutamente novedosos que no se pudieron analizar y resolver en la apelación ( STS 688/2013, de 30 de septiembre ).

En la STS 658/2013, de 18 de julio se reitera con claridad y contundencia que "la sentencia objeto del recurso de casación es, precisamente, la dictada en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad correspondiente, y por ello, no pueden ser objeto de denuncia cuestiones ajenas a lo debatido en el recurso de apelación, o dicho de otro modo, el marco de la disidencia en el recurso de casación, queda limitado por lo que fue objeto del recurso de apelación, y por tanto, lo que quedó fuera del ámbito de la apelación, no puede ser objeto del recurso de casación, en la medida que ello supondría obviar la existencia del previo control efectuado en la apelación. Por tanto el control casacional se construye, precisamente, sobre lo que fue objeto del recurso de apelación".

En consecuencia, no se puede cuestionar ahora una supuesta insuficiencia probatoria en cuanto a la culpabilidad del recurrente, que no fue planteada previamente en ninguno de los motivos de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia competente.

TERCERO.- En segundo lugar carece manifiestamente de fundamento alegar vulneración de la presunción constitucional de inocencia cuando la sentencia del Jurado se apoya en una prueba de cargo sobreabundante, constitucionalmente obtenida, legalmente practicada y razonablemente valorada. La agresión a la víctima se produjo en presencia de su madre, que declaró en el juicio, y es una agresión que ha sido reconocida por el acusado en todo momento, incluido el juicio ante el Jurado. La alegación de que el reconocimiento del hecho por el acusado en el juicio fue debido al miedo, carece del menor sustento fáctico, al margen de su novedad, pues el acusado siempre ha reconocido los hechos, que se produjeron, además, en la directa presencia de su esposa y madre de la víctima.

El motivo, en consecuencia, debe ser desestimado.

CUARTO.- El segundo motivo de recurso, por infracción de ley, alega la indebida aplicación de los art 109, 110 y 113 CP 95, en lo que se refiere a la indemnización civil. Alega la parte recurrente que es excesiva la indemnización establecida en favor de la madre de la víctima (120.000 euros) y de cada uno de sus hermanos (4.000 euros), y que se aparta de lo establecido en el baremo contenido en el Anexo del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2.004, de 29 de Octubre.

Hemos establecido en numerosas resoluciones que no es misión de la casación corregir la cuantía indemnizatoria señalada por los Tribunales de Instancia, sino revisar, en su caso, las bases establecidas para la fijación de las cantidades totales señaladas en cada supuesto.

Esta Sala ha señalado reiteradamente (STS 33/2010, de 3 de febrero, 772/2012, de 22 de octubre y 128/2013, de 26 de febrero, entre otras muchas) que la cuantificación específica de la indemnización señalada por el Tribunal sentenciador no es, por lo general, revisable en casación pues al no establecer el Código Penal criterios legales para señalar su cuantía, no cabe apreciar en su determinación infracción de ley sustantiva.

Del análisis de nuestra doctrina jurisprudencial se puede deducir que solo en supuestos específicos puede efectuarse en casación la revisión de la cuantía indemnizatoria, supuestos entre los que cabe señalar: 1.º) cuando se rebase o exceda lo solicitado por las partes acusadoras; 2.º) cuando se fijen defectuosamente las bases correspondientes; 3.º) cuando quede patente una evidente discordancia entre las bases y la cantidad señalada como indemnización; 4.º) cuando se establezcan indemnizaciones que se aparten de modo muy relevante de las señaladas ordinariamente por los Tribunales en supuestos análogos; 5.º) en supuestos de error notorio, arbitrariedad o irrazonable desproporción de la cuantía fijada; 6.º) en los supuestos de aplicación necesaria del Baremo, cuando se aprecia una defectuosa interpretación del mismo; y 7.º) en los supuestos dolosos, o imprudentes ajenos a la circulación, en los que el Baremo solo es orientativo, cuando el Tribunal señale expresamente que establece las indemnizaciones conforme al baremo, y sin embargo lo aplique defectuosamente ( STS 16 de mayo de 2012, Sala Quinta, en relación con este último supuesto).

En el caso actual no concurre ninguno de dichos supuestos. La indemnización señalada en favor de la madre de la víctima, de 120.000 euros, es razonable, y acorde con la que se suele señalar en supuestos análogos. La alegación de que se modere computando la cantidad ya abonada a través de la pensión del condenado, que según se dice es una suma cercana a los 60.000 euros en los dos años y medio trascurridos desde los hechos, tampoco puede ser acogida, pues corresponde a la fase de ejecución de sentencia verificar el pago de la indemnización establecida en la sentencia firme y, en su caso, computar para ello las cantidades ya abonadas durante el proceso, si hubiere lugar a ello. Asimismo la cantidad de cuatro mil euros señalada a cada uno de los hermanos, es moderada y razonable, habiendo aceptado esta Sala reiteradamente la posibilidad de indemnizar a los hermanos del fallecido en los delitos dolosos, por daño moral.

QUINTO.- El baremo contenido en el Anexo del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2.004, de 29 de Octubre, está previsto para la siniestralidad vial, y no resulta aplicable en un delito doloso de homicidio, ajeno al tráfico automovilístico. El propio apartado primero del Anexo establece que "El presente sistema se aplicará a la valoración de todos los daños a las personas ocasionados en accidente de circulación, salvo que sean consecuencia de delito doloso ".

El efecto expansivo del Baremo, previsto en el Anexo a la Disposición Adicional octava de la Ley 30/1995, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados, a otros ámbitos de la responsabilidad civil distintos de los del automóvil, ha sido admitido por el Tribunal Supremo, pero siempre como criterio orientativo, no vinculante, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en cada caso y el principio de indemnidad de la víctima que informa los arts. 1.106 y 1.902 del Código Civil ( SSTS Sala 1.ª de 10 de Febrero, 13 de Junio, 27 de Noviembre de 2.006 y 2 de Julio 2.008, y STS 596/2013, de 2 de julio o STS núm. 480/2013, de 22 de mayo, entre las más recientes de esta Sala Segunda).

La concesión de cantidades superiores al baremo en casos de delitos dolosos, máxime en supuestos especialmente traumáticos y violentos, como el aquí enjuiciado, se ha reconocido reiteradamente por esta Sala ( STS Sala 2.ª, 772/2012, de 22 de octubre ).

SEXTO.- En la STS núm. 480/2013, de 21 de mayo, se resumen los principios, criterios e interrelaciones entre la responsabilidad civil "ex delicto" y los Baremos de Seguro Obligatorio, siguiendo el dictamen del Ministerio Fiscal, que se sintetizan en las cuatro reglas siguientes:

"1) La aplicación del Baremo a los delitos dolosos es facultativa y orientativa. Es criterio de esta Sala (SSTS núm. 104/2004, núm. 1.207/2004 y núm. 856/2003, entre otras) que el baremo introducido por la Disposición Adicional 8.ª de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados es solamente obligatorio en el caso de accidentes de tráfico. Sobre el carácter vinculante del Baremo véase Disposición adicional octava de la Ley 30/1995 de 8 de noviembre de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados; exposición de motivos de la Ley y art. 1.2 de las Disposiciones Generales. Igualmente STC 181/2000 de 29 de junio y las de esta Sala 2001/2000 de 20 de diciembre y 786/2001 de 8 de febrero.

2) Cuando se aplica el baremo a los delitos dolosos dicho baremo constituirá un cuadro de mínimos. En efecto, prevista dicha regulación para los supuestos de accidentes acaecidos en el ámbito de la circulación de vehículos a motor, no es exigible la aplicación del baremo cuando estemos ante delitos dolosos, aunque, partiendo de su posible utilización como elemento orientativo, las cantidades que resulten de sus tablas pueden considerarse un cuadro de mínimos, pues habiendo sido fijadas imperativamente para casos de imprudencia, con mayor razón habrán de ser al menos atendidas en la producción de lesiones claramente dolosas.

3) La responsabilidad civil por delito doloso es superior a la del delito imprudente. En este sentido, acaba de señalar la STS núm. 47/2007, de 8 de enero, que no se puede establecer un paralelismo absoluto entre las indemnizaciones por daños físicos y materiales derivados del hecho de la circulación de vehículos de motor con el resultado de los delitos dolosos. Los primeros no se mueven por criterios de equivalencia o justicia, sino por los parámetros que se marcan por el sistema financiero de explotación del ramo del seguro en sus diversas modalidades. Estos criterios, puramente economicistas, obtenidos de un cálculo matemático, chocan frontalmente con los daños físicos, psíquicos y materiales originados por una conducta dolosa y con la multiplicidad de motivaciones que pueden impulsarla, sin descartar la intencionada y deliberada decisión de causar los mayores sufrimientos posibles.

4) No es posible en la materia estudiada apartarse de los principios dispositivos de rogación y congruencia en ningún caso. Por otro lado, no se encuentra habilitada esta instancia casacional para controlar el "quantum" indemnizatorio acordado por el Tribunal de instancia salvo en lo referente a la revisión de las bases sobre las que se asiente la cantidad fijada, debiendo recordarse también que el hecho de que se reclamen las responsabilidades civiles en un procedimiento penal no les priva de su naturaleza civil, por lo que tampoco puede superarse la concreta petición de las partes acusadoras, debiendo existir el necesario respeto a los principios de rogación y de congruencia (por todas, STS núm 217/2006, con cita de las SSTS núm. 1217/2003 y núm. 1222/2003 )".

Aplicando esta doctrina al caso actual, deben igualmente desestimarse las alegaciones que impugnan la cuantía de la indemnización por estimar que es superior a la que se derivaría del baremo, dado el carácter meramente orientativo de éste en las indemnizaciones derivadas de delitos dolosos, y el criterio jurisprudencial de que la responsabilidad civil por delito doloso es superior a la de delito imprudente.

SÉPTIMO.- Dentro de este motivo por infracción de ley plantea el Ministerio Público, en defensa de la legalidad, la infracción del art 57 CP 95, al establecer la parte dispositiva de la sentencia que "la pena de prohibición de aproximación por tiempo de diez años impuesta se computará una vez que haya cumplido la pena de privación de libertad impuesta", cuando el referido artículo dispone que en los supuestos de condenas de prisión "la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán necesariamente por el condenado de forma simultánea". Interesa también el Ministerio público que se aproveche para precisar que la distancia de seguridad sea la de 200 metros, que fue aceptada por todos los intervinientes, y que se ha omitido por error material en el fallo.

En un supuesto similar nuestra reciente STS 488/2013, de 5 de junio, señala que " La queja de la acusación pública debe atenderse, puesto que resulta incuestionable que el Código Penal obliga a iniciar el cumplimiento de la pena de alejamiento y de incomunicación del acusado con respecto a la víctima desde el mismo inicio de cumplimentación de las penas de prisión, de modo que pueda ya operar durante el tiempo de los permisos penitenciarios en el caso de que se concedieran. Así lo ha entendido esta Sala en otros casos en que se ha omitido o se ha errado en lo referente a la concreción del periodo de cumplimiento establecido en el referido precepto.

En efecto, en las SSTS 886/2010, de 20 de octubre, y 511/2012, de 13 de junio, se argumentó que el art. 57 del C. Penal establece un principio de cumplimiento simultáneo de estas penas con las de prisión; de modo que la pena privativa de libertad y las prohibiciones antes citadas se cumplirán necesariamente por el condenado de forma simultánea. Esta disposición aparece ya prevista en la Exposición de Motivos de la L.O. 15/2003, de 11 de noviembre, por la que se modifica la L.O. 10/95, de 23 de noviembre, del Código Penal, especificando que "se amplía la duración máxima de las penas de alejamiento y de no aproximación a la víctima, incluyéndose la previsión de su cumplimiento simultáneo con la de prisión e incluso concluida la pena, para evitar el acercamiento durante los permisos de salida u otros beneficios penitenciarios o después de su cumplimiento".

En realidad el Tribunal puede establecer una pena de alejamiento que, en casos de homicidio como el actual, puede llegar a extenderse hasta diez años más allá de la duración de la pena impuesta, lo que en el caso actual, atendiendo a la edad del penado (67 años) y a la pena impuesta (ocho años y seis meses de prisión) sería manifiestamente desproporcionado, pues equivaldría en la práctica a una pena perpetua, o de por vida, incompatible con los principios constitucionales que rigen nuestro proceso penal

Lo que no puede el Tribunal, si establece, como aquí lo ha hecho, una prohibición de aproximación "por tiempo de diez años", y no "por un tiempo superior en diez años al de la duración de la pena de prisión impuesta en la sentencia", es resolver a continuación, de modo contradictorio y con manifiesta infracción legal, que este "período se computará una vez haya cumplido la pena impuesta", porque el ultimo inciso del párrafo segundo del número primero del art 57 del CP 95 establece con claridad y precisión que "la pena de prisión y las prohibiciones antes citadas se cumplirán necesariamente por el condenado de forma simultánea".

Procede, en consecuencia, acoger el apoyo del Ministerio Fiscal al recurso, en defensa del principio de legalidad, corrigiendo asimismo la omisión respecto de la distancia de seguridad, estimando parcialmente en este sentido el segundo motivo de recurso por infracción de ley, con desestimación del resto y declaración de las costas de oficio.

III. FALLO

Que debemos declarar y declaramos HABER LUGAR, parcialmente, por el motivo Segundo, con desestimación del primero, al recurso de casación por infracción de precepto constitucional e infracción de ley, interpuesto por Luis Pedro, contra sentencia de fecha 29 de abril de 2013, dictada por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Burgos, en causa seguida al mismo por delito de homicidio; y en su virtud, casamos y anulamos dicha con declaración de las costas de oficio. Notifíquese esta resolución al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, a los efectos legales oportunos, con devolución de la causa.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Segunda Sentencia 799/2013, de 05 de noviembre de 2013

RECURSO DE CASACIÓN Núm: 10592/2013

Ponente Excmo. Sr. CANDIDO CONDE-PUMPIDO TOURON

SEGUNDA

En la Villa de Madrid, a cinco de Noviembre de dos mil trece.

En la causa incoada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de Cervera de Pisuerga y seguida ante la Audiencia Provincial de Palencia, Sección Primera, por medio de Tribunal del Jurado, con el n.º 1 de 2.012, por delito homicidio contra Luis Pedro, nacido en Badajoz el NUM008 de 1943, hijo de Sergio y de Julia, con D.N.I. núm. NUM009, sin antecedentes penales; y en cuya causa se dictó sentencia por dicha Audiencia con fecha 19 de diciembre de 2012, recurrida en apelación ante el T.S.J. de Castilla León, con sede en Burgos, con fecha 29 de abril de 2013, y que ha sido casada y anulada por la pronunciada por esta Sala Segunda en el día de la fecha, bajo la Presidencia y Ponencia del Excmo. Sr. D. Candido Conde-Pumpido Touron, hace constar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

Se aceptan y dan por reproducidos los antecedentes de hecho y hechos probados de la sentencia dictada en la instancia.

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO

UNICO. - Conforme a lo razonado en la fundamentación jurídica de la sentencia de casación, procede, en aplicación de lo dispuesto en el art. 57.1, párrafo segundo, del C. P. 95, modificar el fallo de la sentencia recurrida, en el sentido de que la prohibición de aproximación impuesta al condenado se cumplirá simultáneamente con la pena privativa de libertad que se le impuso en la sentencia recurrida.

III. FALLO

Se modifica la sentencia recurrida en el sentido de que la prohibición de aproximación por diez años impuesta al condenado, Luis Pedro, a menos de doscientos metros, respecto de su esposa Flor, y sus hijos Arcadio y Conrado, se cumplirá por el condenado de forma simultánea con la pena de prisión que se le impuso.

Se mantiene el resto de los pronunciamientos del fallo condenatorio en sus mismos términos, incluidas la pena de ocho años y seis meses de prisión impuesta, accesoria, costas y responsabilidad civil.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Colección Legislativa lo pronunciamos, mandamos y firmamos

PUBLICACIÓN.- Leidas y publicadas han sido las anteriores sentencias por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. Candido Conde-Pumpido Touron, mientras se celebraba audiencia pública en el día de su fecha la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de lo que como Secretario certifico.

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