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Ley de Unidad de Mercado

El Gobierno aprueba la ley de Unidad de Mercado

08/07/2013
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El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley de unidad de mercado, una norma que busca reducir la "maraña administrativa" de España y con la que se podría elevar 1,52 puntos el PIB en diez años, según los estudios realizados por el Ministerio de Economía y Competitividad.

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Así lo han señalado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde han explicado que, según estos cálculos, la norma podría elevar el PIB un 0,15% al año (1.500 millones).

La ley, según Sáenz de Santamaría, es una de las reformas "más importantes" y tiene como objetivo de elevar la competitividad de la economía y desbrozar la maraña normativa en España. La norma se ha remitido a las Cortes Generales y se tramitará de urgencia.

Para conseguirlo, se basa en el principio de licencia única al permitir que los operadores económicos apliquen su legislación de origen para operar en todo el país, sin tener que recurrir a especificaciones diferentes o permisos especiales: "Se basa en un principio de confianza mutua", ha dicho.

En concreto, una vez se apruebe, las empresas tendrán que pedir una sola licencia, en una comunidad autónoma, y podrán comercializar sus productos en todo el país.

Los prestadores de servicios tendrán también que pedir una única licencia de actividad y tendrán que atender, al igual que ocurre en Europa, a los requisitos de destino para ejercer esa actividad.

El establecimiento de este principio de licencia única elimina en la práctica el coste de tener que someterse hasta a 17 regulaciones distintas para operar en España.

Además, la ley de unidad de mercado impulsa la creación del Consejo Nacional de Unidad de Mercado, que será presidido por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y que intentará que converjan las diferentes regulaciones autonómicas basándose en la colaboración y la búsqueda de elementos de control y supervisión entre administraciones.

Preguntado sobre la razón por la que Montoro presida este consejo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha justificado esta decisión en que el titular de Hacienda también lo es de Administraciones Públicas, sobre las que se basa la nueva norma.

Así, pretenderá la aplicación de buenas prácticas regulatorias en todas las administraciones y se basará en el principio de cooperación entre todas las administraciones públicas y de no discriminación, por lo que no se exigirán requisitos diferentes para participar en el concurso de una determinada administración.

Asimismo, facilitará que los ciudadanos puedan poner de manifiesto la quiebra de la unidad de mercado si así fuera, con lo que cualquier persona podrá acudir a la futura Comisión Nacional de Mercados y Competencia que podrá incluso iniciar un proceso contencioso administrativo.

Por otro lado, la norma incluye una disposición adicional para que la plataforma de contratación del sector público incluya las licitaciones de todas las administraciones, con el objetivo de que todo el mundo pueda conocer las necesidades de contratación de cualquier administración.

Desde Economía han hecho hincapié, sin embargo, en que a ley pretende garantizar la libre circulación de bienes y servicios en España entre las comunidades autónomas, razón por la que no ha abordado aspectos como los horarios comerciales o los requerimientos para abrir un negocio, cuestiones éstas que consideran propias de la competencia estricta de las comunidades autónomas.

MÁS DE 6.000 NORMAS EN 28 SECTORES

Por su parte, el ministro de Economía ha recordado que eliminar este "obstáculo" a las empresas se ha recomendado en varias ocasiones por organismos internacionales, como la CE y el FMI.

De Guindos ha concretado que se han detectado cerca de 6.000 normas contrarias o que incluyen cuestiones que vulneran la unidad de mercado en 28 sectores, entre las distintas administraciones públicas.

Fuentes de Economía han precisado que de éstas, hasta 1.700 normas son estatales y que el Gobierno aprovechará el trámite parlamentario para actuar de oficio y corregirlas. Al mismo tiempo, se instará a las comunidades autónomas a través de las correspondientes conferencias sectoriales para que hagan lo propio en el caso de la regulación que es de su competencia.

"En España existe una fragmentación de mercado por la regulación que afecta sobre todo a pymes. La nueva norma favorece la actividad empresarial", ha explicado por otro lado De Guindos, quien ha puesto de manifiesto la voluntad del Gobierno de eliminar la "regulación inútil" que lastra la competitividad y dificulta la inversión extranjera en España.

Sobre el etiquetado en diferentes lenguas al castellano, el titular de Economía ha aclarado que este tema no supone un "obstáculo básico" para impulsar la nueva ley, mientras que desde su departamento han insistido en que cualquier agente se sienta discriminado siempre podrá ir a los tribunales para defenderse de una actuación que considera que no se ajusta al derecho.

RESPALDO DEL CONSEJO DE ESTADO

El texto legal que este viernes ha aprobado el Gobierno para su tramitación parlamentaria se publicó en la web del Ministerio de Economía para que todas las administraciones, instituciones, organismos y ciudadanos que lo estimaran oportuno pudieran enviar observaciones y se inició entonces un exhaustivo proceso de audiencia pública. Durante el trámite se han recibido un total de 37 observaciones y 15 informes preceptivos.

En particular el Gobierno ha recabado informes de la Comisión Nacional de la Competencia, Comisión Nacional de Entidades Locales, Consejo General del Poder Judicial, Consejo Económico y Social, Consejo de Consumidores y Usuarios, Agencia de Protección de Datos, Abogacía General del Estado y, finalmente, Consejo de Estado.

La vicepresidenta del Gobierno ha destacado que el Consejo de Estado ha dado su respaldo a la norma desde el punto de vista constitucional y no ha realizado observaciones esenciales, si bien hace diversas propuestas dirigidas a mejorar la norma.

Desde Economía aseguran que este informe, que ha sido casi laudatorio, ha permitido superar las objeciones que habían planteado al proyecto de Ley las comunidades autónomas de Andalucía (porque supuestamente podía vulnerar la protección de los consumidores) y Catalunya (por conflicto de competencias).

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