VALENCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS)
Contra la sentencia cabe recurso de casación, aunque fuentes del Gobierno valenciano han explicado a Europa Press que se trata de un asunto que tiene que estudiar la Abogacía de la Generalitat.
De esta manera, se admite en la sentencia fechada el pasado 23 de abril la demanda del comité de empresa y de la agrupación de trabajadores 'Colectivo de Personal Administrativo y Técnico' (CPAT) contra Vaersa y la Corporación Pública Empresarial. A estas demandas se acumularon las presentadas posteriormente por UGT y CCOO, según la sentencia facilitada por el sindicato UGT PV.
Los demandantes consideran que la decisión del ERE no se negoció "de buena fe" y se adoptó con "fraude, dolo, coacción o abuso de derecho". Además, argumentan que hubo "retraso deliberado" en el inicio de la tramitación.
Aunque el tribunal no ve en ello causa de nulidad, llama la atención en que la empresa inició en el mes de julio el proceso de licitación de la cobertura de asesoramiento jurídico para tramitar el ERE pero la primera reunión con los trabajadores fue en septiembre.
Las causas alegadas por la empresa son por motivos "organizativos y productivos", pero el tribunal señala que estas razones "no existen en el marco del sector público" y "las únicas válidas serían las organizativas". Además, "difícilmente podrían alegarse razones deficitarias" en el plano económico cuando, según el informe de gestión, la empresa "contaba con un beneficio relevante" por las encomiendas de gestión.
La Sala solicitó al la Sindicatura de Comptes el informe del ejercicio económico de 2011 en el que consta la fiscalización de las encomiendas que se encargaron a la empresa y que constata la existencia de un sobrecoste en la Conselleria de 3,8 millones por las encomiendas gestionadas ese año y que "se podría haber evitado mediante la gestión de trabajos sin la intermediación de Vaersa", formada por una plantilla de 1.441 trabajadores.
"NO HUBO AUTÉNTICA VOLUNTAD NEGOCIADORA"
Durante el proceso de negociación del ERE, en un primer lugar, un informe jurídico aconsejó la extinción de 439 contratos motivado por un "contexto económico negativo" y la necesidad de reducción de déficit público. Esta cifra se fue rebajando, primero a 402 y luego a 394. En total se produjeron 10 reuniones que finalizaron "sin acuerdo" y la Sala considera que "no hubo auténtica voluntad negociadora" por parte de la empresa.
Finalmente, con motivo de la necesidad de ejecutar varias encomiendas o la prórroga de otras, se procedió a la desafección de un total de 116 trabajadores y se quedó el ERE en 278 empleados afectados. La empresa comenzó a comunicar de forma individual y nominativa la extinción de los contratos a partir del 28 de diciembre de 2012, firmados por el director general de Vaersa, Enrique Simó.
En este sentido, los sindicatos reclamaron la nulidad de pleno derecho del ERE porque quien la función de firmar esas comunicaciones, el director general de Vaersa, no estaba previsto en los estatutos de la empresa. El tribunal, que consideró que esto no era motivo suficiente para declarar nulo el ERE, apunta que "hubiera sido aconsejable la regularización" de este asunto.
MOTIVOS DE NULIDAD
El tribunal alega que la documentación que la empresa debió aportar "se aleja de la suministrada" y "no figura en la aportación por parte de la empresa ningún informe técnico sobre la concurrencia de las causas organizativas alegadas", ni tampoco "medidas sociales tendentes a minimizar los despidos o atenuar sus consecuencias". la empresa "se limitó genéricamente a señalar" que iba a contratar los servicios de una empresa de recolocación.
Asimismo, la documentación inicial que justificaba el ERE dejó de "tener fiabilidad y soporte" para apoyar la reducción posterior del número de trabajadores afectados y también en lo que se refiere a la desafección de 116 empleados incluidos en el listado definitivo. En opinión de la Sala, se dejó "sin sustento, ni contenido desde el principio a fin toda la documentación en la que se basaba la decisión inicial y la correlativa conexión entre la carga de trabajo y las necesarias plazas a extinguir".
Finalmente, la Sala considera que, durante el periodo de consultas, hay "evidente mala fe" por la "falta de negociación real ante la no afectación posterior de 116 trabajadores por encomiendas de las que la empresa tenía pleno y cabal conocimiento". Además, señala que la empresa "no llevó a cabo en la postura final, ni tuvo en consideración ninguna medida alternativa aplicable a la plantilla", tales como recolocaciones o acciones de reciclaje formativo.
READMISIÓN
Por otro lado, el sindicato UGT, en un comunicado, asegura que además estimar nulo el ERE, "se declara la readmisión de todos los trabajadores". En este sentido, advierte de que "solicitará la ejecución inmediata de la sentencia aun cuando la empresa recurra al Tribunal Supremo en casación".
De esta manera, UGT ha mostrado una "gran satisfacción" ante el fallo del TSJCV y entiende que las "arbitrariedades en las relaciones laborales en el sector público no van a ser refrendadas por los tribunales valencianos, lo que debe obligar a la Administración a reflexionar, a negociar y a actuar de buena fe, asumiendo sus responsabilidades de gestión pública".
Por todo ello, el sindicato reclama la "dimisión inmediata" de la Consellera de Infraestructuras y Medio Ambiente Isabel Bonig, así como del director general de Vaersa, Enrique Simó.
