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Desahucios

El vocal del CGPJ Manuel Almenar ve "lógico" que se modifique la ley para cumplir la sentencia de UE

19/03/2013
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(Esta información sustituye a la anterior sobre el mismo tema por ampliación y modificación de datos de la fuente informante) El vocal del CGPJ Manuel Almenar cree "lógico" que se modifique la ley para cumplir la sentencia de UE El convenio entre Xunta y CGPJ sobre desahucios estará en vigor a partir del 1 de abril y firman uno de 60.000 euros para formar jueces

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 (EUROPA PRESS)

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Manuel Almenar considera "lógico" que se modifique la actual legislación española sobre desahucios después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya dictaminado que vulnera la normativa comunitaria.

Así lo ha apuntado este viernes en rueda de prensa Almenar --tras informar sobre los convenios de colaboración entre CGPJ y Xunta--, quien ha destacado que "lo lógico" es que "se modifique la ley" y "se articule un mecanismo a través del cual el deudor alegue la existencia de cláusulas abusivas" para el que juez decida sobre cada caso antes de que se proceda a la subasta de la vivienda, al contrario de lo ocurrido hasta ahora.

Por ello, cree "muy relevante" esta resolución que obliga "a todos", tanto legisladores como jueces, a "revisar los planteamientos que hasta este momento se estaban utilizando" pues la normativa española "no cumple los estándares de protección del consumidor".

En esta línea, ha destacado que la resolución de la UE es de inmediata aplicación, al tiempo que ha aclarado que "los jueces la tendrán en cuenta para todos los procedimientos que están en marcha, siempre y cuando" no se haya hecho ya el desahucio, pues entonces "no tiene marcha atrás", por ello si se constata que hubo una cláusula abusiva en reclamaciones de los ciudadanos que han sido desahuciados, éstos tendrán derecho a una indemnización de daños y prejuicios, pero "no a recuperar la vivienda de la que fue desalojado".

CONVENIO CON LA XUNTA

Por su parte, se ha informado sobre un convenio --aprobado en el Consejo de la Xunta la pasada semana, sobre el que falta fecha para su firma, aunque Almenar ha avanzado que estará en activo a partir del próximo 1 de abril-- entre el Gobierno gallego, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (Fegamp) para dar respuesta a los casos de desalojo de personas en situación de "desvalimiento" y de "especial necesidad".

Con este convenio se busca poner en marcha la detección de situaciones de especial vulnerabilidad y desvalimientos que se producen en los procesos de ejecución hipotecaria o de desahucio por falta de pago de la renta, en un acuerdo, todavía no firmado, pero que estará en activo a partir del próximo 1 de abril.

Según ha explicado Almenar y el vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, los jueces que aprecien "situación de desvalimiento" y "supuestos de especial vulnerabilidad" en las personas objeto de sentencias de desahucio se pondrán en contacto con la Xunta y ésta, a su vez, con el municipio de residencia de los afectados, para poner a su disposición la "red de bienestar" y evitar así su exclusión social.

Así, se busca que "exista un colchón" para evitar que las personas afectadas "se queden en la calle", bien mediante otra vivienda de alquiler social o ayudas de carácter económico.

En este acuerdo, existe también la posibilidad de que si "en el último momento" los funcionarios que acuden a proceder a un desalojo constatan la situación de desvalimiento pueden ponerlo en conocimiento del juez, así se puede paralizar el desahucio durante 10 días en los que se evaluará la situación personal del afectado antes de tomar una decisión definitiva.

El vocal del CGPJ ha destacado que ésta es la "primera iniciativa" sobre esta materia en España, y que supone "un punto de partida" para otras comunidades.

FORMACIÓN DE JUECES POR 60.000 EUROS

En otro orden de cosas, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el vocal del CGPJ, Manuel Almenar, han firmado este viernes un convenio por valor de 60.000 euros entre la Xunta y el CGPJ para la formación de jueces que desarrollan su labor en Galicia, en el que cada organismo destina, respectivamente, 30.000 euros cada uno.

Según ha explicado Almenar este convenio de formación es posible en Galicia, ya que en la Ley de Presupuesto se contempla que las comunidades que no superen los ratios de déficit marcados no pueden renovar este acuerdo, mientras que Alfonso Rueda ha valorado la colaboración entre ambos organismos.

VIDEOCONFERENCIA EN CÁRCELES

En este ámbito de colaboración entre la Xunta y el CGPJ, también destaca el convenio, que se firmará próximamente, para el uso de videoconferencias en centros penitenciarios, con el fin de ahorrar desplazamientos para comunicaciones entre los órganos judiciales de Galicia y los presos, y que buscar facilitar "trámites sencillos" como comparecencias.

Según ha avanzado el vocal del CGPJ Manuel Almenar tan solo falta el "visto bueno" del Ministerio del Interior para su puesta en marcha en un futuro próximo.

AVANCES TECNOLÓGICOS

Asimismo, en el avance del uso de nuevas tecnologías, se ha puesto en marcha un programa por el que las víctimas de violencia de género reciben notificaciones en sus móviles o correos electrónicos.

Este sistema que se está implantando en Galicia y Cataluña, pues ya funciona en Vigo desde hace unos meses, permite poner en conocimiento de la víctima avisos de resoluciones que le afecten, como pueda ser la puesta en libertad del maltratador.

Asimismo, este sistema de mensajes al móvil o correo electrónico será usado, entre otras cosas, para informar a interesados de retrasos o anulación de juicios.

Además, antes de verano se implantará un sistema de cita previa en la Administración de Justicia, pues "hasta ahora" los profesionales debían acudir a un órgano judicial para obtener información "sin saber" si estaría el funcionario para atenderle, por lo que ahora se marcará una fecha fija con un horario determinado para mejorar las actuaciones judiciales.

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