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Por prevaricación ambiental

La juez remite al Decanato la causa contra el alcalde de Cullera (Valencia) para que designe quién juzgará

10/12/2012
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La titular del juzgado de primera instancia e instrucción número tres de Sueca ha remitido al Decanato de los Juzgados de Valencia el procedimiento abreviado seguido contra el alcalde de la localidad valenciana de Cullera, Ernesto Sanjuán (PP), por un delito de prevaricación ambiental, en el que está acusado de permitir que tres pubs del municipio superasen durante varios años los límites de ruido permitidos, con el fin de que lo reparta en el Juzgado de lo Penal que le corresponda para ser juzgado.

VALENCIA, 7 (EUROPA PRESS)

El pasado 10 de mayo el juzgado dictó auto de apertura de juicio oral contra Sanjuán por un delito de prevaricación ambiental y contra otros dos particulares por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales, en la modalidad de contaminación acústica. En esta causa estaban personados el ministerio fiscal y la acusación particular, en representación de cinco comunidades de vecinos del municipio. La remisión del procedimiento al Decanato se realiza en relación con la petición de la acusación, que solicita el enjuiciamiento ante el juzgado de lo Penal.

La Fiscalía de Valencia solicita una pena de dos años y tres meses de prisión contra Sanjuán, al que acusa de permitir que tres pubs de la localidad superasen durante varios años los límites de ruido permitidos. Según consta en el escrito fiscal, el primer edil era conocedor de esta situación por las continuas denuncias vertidas por parte de los vecinos afectados y, sin embargo, no actuó.

Asimismo, el fiscal pide contra Sanjuán, a quien acusa de un delito de prevaricación medioambiental, tipificado en el artículo 329 del Código Penal, ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y que pague las costas procesales.

El fiscal también dirige la acusación contra los dos gerentes de los tres pubs --establecimientos ya cerrados-- que causaron molestias a los vecinos, para los que pide tres años y un mes de prisión por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. Además, les solicita que paguen una multa de 6.600 euros. En relación a la responsabilidad civil, pide una indemnización de 6.000 euros para cada vecino que acredite haber sido afectado.

Según consta en el escrito de calificación provisional, durante más de 15 años, desde el inicio de las actividades de estos pubs --años 90-- hasta, al menos, julio de 2008, residentes de las comunidades propietarios de los Edificios Madrid, Mar y Luz, Náutic, Mar y Montaña y Pato Salvaje, formularon multitud de denuncias ante la Policía Local y el Ayuntamiento de Cullera en las que hicieron constar los perjuicios que estaban padeciendo por los ruidos.

En concreto, en estas denuncias, los vecinos criticaban el funcionamiento ilegal de los pubs, la carencia e insuficiencia de insonorización de los mismos, la realización de actuaciones musicales en directo, la contaminación acústica causada por la música y los clientes de los mismos, así como otras actividades como la venta de bebidas alcohólicas en la vía pública y el incumplimiento reiterado de los horarios de cierre.

INSPECCIONES

A raíz de las quejas vecinales, se realizaron diversas inspecciones de los pubs reseñados y del ruido causado por los mismos en el domicilio de los perjudicados. Así, diversos especialistas tomaron muestras sonométricas en más de 20 ocasiones, desde 1997 hasta 2007, que constataron la superación de decibelios. En la mayoría de las viviendas, se percibieron niveles sonoros superiores a los 50 decibelios, llegando en algún caso a los 70 con las ventanas abiertas.

Estos niveles de inmisión sonora vulneraban los límites de ruido establecidos en la normativa medioambiental vigente, y suponían un grave riesgo para la salud de las personas que habitaban en las viviendas colindantes a los tres pubs contra los que se dirige la acusación, según la calificación fiscal.

De esta vulneración y los graves riesgos derivados eran "plenamente conscientes" --según el fiscal-- los acusados durante todo el tiempo en que explotaron sus negocios, no poniendo solución eficaz en las "múltiples" ocasiones en que fueron requeridos a tal fin, "incumpliendo de manera sistemática y continuada la normativa medioambiental en materia acústica, generando reiteradamente la situación de grave riesgo para la salud de las personas".

Respecto al alcalde de la localidad, Ernesto Sanjuán, el fiscal indica que recibió diversas denuncias de los vecinos en las que se hacía constar el funcionamiento ilegal de los pubs. Sin embargo, "durante años", "consciente" de dicha problemática iniciada ya antes de tener la máxima responsabilidad en el consistorio y desde 1999, como responsable de la Alcaldía durante ocho años "mantuvo una actitud completamente pasiva con los pubs" de la zona comprendida en las calles Barcelona, Algemesí, Lorenzo Borja y Madrid.

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