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Repensar el Estado o destruirlo; por Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, Catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid

07/11/2012
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El día 7 de noviembre de 2012, se ha publicado en el diario El Mundo, un artículo de Tomás-Ramón Fernández Rodríguez, en el cual el autor analiza el Informe sobre España escrito por el profesor Muñoz Machado.

REPENSAR EL ESTADO O DESTRUIRLO

Repensar el Estado o destruirlo es el subtítulo -y también la conclusión- del Informe sobre España que ha escrito con la brillantez y el rigor en él habituales el profesor complutense Santiago Muñoz Machado.

Somos una aplastante mayoría que crece día a día y se aproxima ya a la unanimidad (un 93%, según el barómetro de Metroscopia del 7 de octubre, es partidario de una reforma profunda -49%- o parcial -44%- de la Constitución) los que creemos que ha llegado el momento de plantearnos seriamente el problema del Estado de las Autonomías y de su imprescindible reforma si no queremos que el Estado a secas termine destruido o, incluso peor, podrido hasta los tuétanos.

Muñoz Machado no se ha limitado, sin embargo, a afirmarlo a priori, a impulsos como tantos otros de una intuición estimulada por los acontecimientos cotidianos que rozan muchas veces y en algunas ocasiones rebasan incluso lo esperpéntico, sino que, poniendo la razón jurídica por encima de esos impulsos, ha elaborado un análisis profundo y preciso de la situación, partiendo de sus orígenes y poniendo el foco en los defectos técnicos de la obra y en los errores, abusos y desfallecimientos de sus múltiples intérpretes que nos han traído hasta aquí.

Un análisis que ha procurado -y conseguido- “superar los oscuros dominios del lenguaje técnico” para ser asequible a cualquier lector culto, pero sin renunciar al rigor imprescindible si no se quiere terminar sepultado por la avalancha de opiniones improvisadas que, con buena fe muchas veces y sin ella otras, se nos vienen encima en estas críticas -sí, críticas, lo subrayo- circunstancias que nos ha tocado vivir.

Algunos de los defectos y errores que el libro analiza son perceptibles inictooculi sin esfuerzo alguno. Es el caso de “la multiplicación arbitraria de los organismos públicos” o, incluso, el de la ruptura de la necesaria unidad de mercado que resulta de la repetición mimética de normas y técnicas de intervención por las Comunidades Autónomas, que yo denuncié hace ya unos años en estas páginas utilizando el ejemplo de las tauroautonomías, esto es, de la proliferación, auténticamente grotesca, de reglamentos taurinos.

Hay otros, en cambio, que no lo son tanto y que importa mucho que sean conocidos y, por lo tanto, explicados, bien explicados, como aquí lo son.

Importa, en efecto, saber en qué consistió el error originario, que el autor cifra “en reproducir las soluciones de 1931 sin más valoraciones ni enmiendas”, es decir, en renunciar a regular en la propia Constitución la deseada descentralización del poder, en fiarlo todo al libre juego del principio dispositivo, del que podía resultar cualquier cosa, tanto un Estado pluriforme y como tal inmanejable, como esto que hemos dado en llamar Estado de las Autonomías, cuyas piezas han terminado siendo 17, como podían haber sido ocho, 14 o 21. Nadie lo decidió así de antemano, nadie lo “inventó”. Surgió por las buenas, como un subproducto de la dinámica política de la Transición, en la que había que sacrificarlo todo al consenso, que era, ciertamente, imprescindible para salir pacíficamente de una larga dictadura y emprender el camino de la democracia que los españoles del momento conocíamos sólo de referencias porque no habíamos tenido nunca oportunidad de vivirla. Importa también saber que los tan traídos y llevados “hechos diferenciales” en los que abusivamente se encaraman algunos con el propósito de llevarse la porción más grande del pastel son realmente ilocalizables, excepción hecha, claro está, de las lenguas, solemnemente reconocidas en el pórtico mismo de la Constitución.

Importa saber igualmente con la necesaria precisión hasta qué punto resultan inextricables el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas y la maraña legislativa resultante de la actividad de 18 legisladores compulsivos, exceso éste que contrasta llamativamente con la carencia de las técnicas necesarias para asegurar la ejecución de la legislación estatal, que se ha hecho visible dramáticamente con la crisis económica en la que sin-vivimos.

E importa saber, en fin, el papel que en todo ello ha jugado el Tribunal Constitucional con sus desfallecimientos. El autor es aquí muy crítico pero, a mi juicio, se ha quedado corto o, dicho de otro modo, ha sido demasiado deferente con la deferencia (la redundancia es deliberada) que “el supremo intérprete de la Constitución” ha mostrado no sólo con el legislador estatal, sino también y sobre todo con las comunidades autónomas, víctima de un síndrome autonomista que les ha llevado, no sólo a él sino a la mayoría de los actores (y de los autores que les han coreado) de la política de estos decenios a la identificación subconsciente de autonomía y descentralización con progresismo en una suerte de respuesta refleja a la precedente identificación de dictadura y centralismo.

El análisis impecable se acompaña, como era obligado, de una exploración de los posibles remedios a los errores, defectos y abusos detectados a lo largo de cada uno de los capítulos. No hay una propuesta final, ya que en las primeras páginas del libro se afirma que la crisis constitucional en la que nos hallamos “ha convertido la reforma en indispensable”, de modo que “o la Constitución se arregla... o puede producirse una seria debacle en un futuro inmediato”.

CONSCIENTE de la necesidad de un pacto entre los dos grandes partidos y de la dificultad de alcanzarlo para poder realizar esa reforma, el autor se esfuerza en apurar las posibilidades de arreglar la organización y funcionamiento del Estado de las Autonomías utilizando la legislación orgánica y ordinaria y no duda en afirmar que su tesis “es que una reforma importante de la situación establecida puede llevarse a efecto por dicha vía”.

Esta actitud pragmática otorga al libro un plus porque asegura su utilidad en escenarios muy diferentes, lo que resulta importante en tiempos en los que la incertidumbre es la nota dominante.

Yo soy menos posibilista. Es mejor, como dice el refrán, ponerse una vez colorado que cien amarillo. Las reformas legislativas son, en principio, un poco más fáciles en teoría porque podría hacerlas sólo el partido en el Gobierno, pero tendrían que ser muchas, se dilatarían demasiado en el tiempo y tendrían enfrente a todos los demás sin excepción alguna. A pesar del consejo ignaciano, que el Gobierno parece seguir, creo que nunca vamos a encontrar un momento mejor que éste para reformar a fondo la estructura del Estado, no para liquidar el Estado de las Autonomías, porque es indiscutible que en estos 30 años ha echado raíces, pero sí para racionalizarlo y para poner en él el orden que le ha faltado, porque surgió desordenadamente, creció a empellones y amenaza con venirse abajo y sepultarnos bajo sus ruinas.

Existe una coincidencia sustancial en este sentido, que tiene simplemente que superar el fetichismo federalista de una izquierda poco segura de sí misma que no termina de darse cuenta de que ha perdido la posición de privilegio que un día tuvo (el PSOE fue la primera fuerza política en el País Vasco en las primeras elecciones de 1977, ¿lo recuerdan?) entre otras cosas por ser o parecer más nacionalista que los nacionalistas en lugar de hacer una política de izquierdas con el consiguiente abandono de su clientela natural (el ejemplo del PSC es en este punto patético).

Los federalistas, los inmovilistas y los separatistas encontrarán en el epílogo del libro una respuesta adecuada para los fantasmas que pueblan sus sueños. A partir de ahora ya no hay excusas para la inacción: basta leer este libro para saber lo que hay que hacer.

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