ESPAÑA EN MARCHA
Decía Renan que una nación es un plebiscito cotidiano. Y la experiencia histórica nos dice que, cuando las circunstancias son difíciles, ese acto de decisión continua y permanente se sustancia no sólo en las urnas; también en la manera de mirar al futuro y de proceder de todos y cada uno de los ciudadanos. Así, ocurre que, desde hace un mes, España se ha puesto por fin en marcha, pero no sólo porque los españoles hayan elegido un Gobierno nuevo, sino también porque, al hacerlo, han asumido una responsabilidad conjunta que, lejos de concluir en la jornada electoral, les emplaza más allá de ésta, planteando un sinfín de retos y recabando su esfuerzo y colaboración.
El Gobierno de Mariano Rajoy es coherente con esa visión de la política como empresa compartida. Quienes lo integramos sabemos que la solución de los problemas requiere de la participación del conjunto de la sociedad. Y consideramos que el amplio respaldo que hemos recibido por parte de ésta constituye una razón más para convocar a todos. Por eso, los primeros pasos del nuevo Ejecutivo se han dirigido en esta dirección. Además de adoptar algunas decisiones difíciles pero inaplazables, y de conformar los equipos técnicos y políticos que son necesarios para emprender un programa de reformas, se ha consagrado sobre todo a tender la mano y a recordar a los agentes sociales y territoriales la responsabilidad que les cabe ante los desafíos que España tiene planteados. Porque, cuando hayamos dejado atrás la crisis, el éxito habrá sido de todos.
También en el Ministerio de Justicia ha sido así. La necesidad de hacer de la Justicia española un factor de modernidad y competitividad, aportando seguridad allí donde los potenciales inversores, nacionales o extranjeros, dudan si radicar sus iniciativas, nos ha llevado a fijar esa urgente modernización como la gran prioridad de la Legislatura. Modernización en la gestión, y modernización legislativa, con objeto de aportar soluciones efectivas que sólo podrán materializarse con el concurso de todos los que de un modo u otro participan en el sistema de Justicia o se relacionan con él. El Gobierno va a emprender a este respecto cambios que serán determinantes, como parte de la agenda de reformas estructurales que en diversos ámbitos reclama nuestro país. En ese proceso vamos a contar con todos: jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores, partidos políticos y asociaciones... Sólo de ese modo los cambios que asumamos en nuestra Justicia tendrán el carácter sólido y duradero que debe revestir lo que, al fin y al cabo, y por tratarse de un poder del Estado, constituye mucho más que un servicio público, pues es también salvaguarda de los derechos fundamentales del ciudadano. Y aunque sabemos que la percepción que los españoles tienen del sistema de Justicia es francamente mejorable, también tenemos la confianza de saber que, según los estudios demoscópicos, albergan una opinión positiva de los jueces y del elemento humano que conforma la Justicia.
La interconexión de los sistemas informáticos, el mayor aprovechamiento de los recursos mediante una mejor gestión general, la clarificación de trámites y procedimientos que no pueden ser más complejos de lo que son las propias relaciones sociales, serán la expresión en el terreno de la Justicia de este camino que los españoles han emprendido en lo que sin duda es uno de los mayores gestos de responsabilidad de nuestra historia reciente. Un camino exigente pero estimulante, en el que cada cual tiene que avanzar junto a los demás, hacia un futuro más brillante y esperanzador.
