La querella criminal, por un presunto delito de prevaricación, se ha interpuesto conjuntamente por el Sindicato Manos Limpias, Libertad e Identidad, Hazte Oír, Fundación Denaes, Voces contra el Terrorismo y Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro.
A favor de permitir la participación de Bildu en los comicios votaron el presidente del alto tribunal, Pascual Sala y los magistrados Eugeni Gay, Elisa Pérez Vera, Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega y Adela Asúa.
Entre las diligencias a practicar, los querellantes solicitan que todos ellos sean llamados a declarar como imputados, mientras que piden que los cinco magistrados que votaron en contra de la demanda de amparo presentada por Bildu, y que suscribieron voto particular discrepante con la mayoría, lo hagan como testigos. Los discrepantes fueron los magistrados Francisco José Hernando, Manuel Aragón, Javier Delgado, Ramón Rodríguez Arribas y Francisco Pérez de los Cobos.
La iniciativa se fundamenta, según el abogado Joaquín Ruiz de Infante, en la extralimitación por parte de los magistrados citados al valorar "de forma sesgada e intereresada" la prueba aportada contra la coalición tanto por la Fiscalía como por la Abogacía del Estado, ya que ésta no es la labor del Tribunal Constitucional; así como en la ignorancia de la propia jurisprudencia constitucional.
