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MEMORIA DE LA JUSTICIA REPUBLICANA
Con motivo del 75° aniversario de la II República, mezclado con el 70° del inicio de la Guerra Civil y la tramitación de la ley sobre la llamada Memoria Histórica, el Consejo General del Poder Judicial debatió y rechazó una iniciativa para elaborar un estudio no sobre la justicia republicana, sino sobre la depuración franquista de jueces y magistrados. Una buena oportunidad perdida para hacer algo distinto desde la objetividad y el rigor histórico que cabría exigir a un órgano constitucional. Y es que la historia de la Justicia, del Poder Judicial en general, es algo todavía pendiente. Tras la Guerra Civil, de 1.000 jueces, la depuración alcanzó al 37%, y sólo un 6% -62 para ser más exactos-fue separado por razones políticas.
El estudio de la Justicia de la II República quizás se salde con la desazón -y dejo a un lado la Guerra Civil, con sus asesinatos de jueces o lo espeluznante de los tribunales populares-. Una época que comenzó ilusionada, perpetuó las mismas malas tendencias de la Monarquía. Pese a que la reforma de 1870 quiso enmendar un pasado de depuraciones judiciales y las triquiñuelas del caciquismo para formar su judicatura; la II República transitó a su modo ese mismo camino. Era 1932 y en la Academia de Jurisprudencia y Legislación, un diputado del partido gubernamental afirmó con desparpajo, frente a quienes pedían una Justicia de verdad, que “se han pasado las monarquías y las derechas españolas toda la” vida mandando en los jueces y magistrados, y ahora que llegamos nosotros al Poder quiere (la derecha) que le concedamos la independencia judicial”.
El fruto fue el control gubernamental en la elección de altos cargos judiciales, la inspección de los jueces encargada a un comisariado político-ministerial y las depuraciones o las jubilaciones forzosas de jueces que el ministro Albornoz justificó en la apertura de tribunales de 1932 diciendo que “no se trata de castigar, de sancionar; se trata de facilitar una renovación que es indispensable, de procurar la adaptación de la magistratura al régimen republicano”. Aunque esas depuraciones pudieron ser revisadas en 1934, no quedaron ahí y, como reacción ante sentencias no satisfactorias, el Parlamento del Frente Popular debatió la ley de responsabilidades de los jueces con el mensaje de advertencia a la judicatura de que respondería ante jurados populares. Todo esto es lo que realmente queda en la memoria de aquellos años.
Es la historia que se repite. Tras aquella depuración vino la correspondiente de turno en la posguerra, y así hasta nuestros días. ¿Acaso la vigente Ley Orgánica de 1985 no lo hizo para una Judicatura considerada como último reducto derechista (Programa 2000 del PSOE, dixit)? Ahí están, por ejemplo, las masivas jubilaciones anticipadas, medida complementada con la selección por el sistema de turnos.
La desconfianza que había hacia jueces seleccionados durante el franquismo -especialmente en la cúpula judicial- era la misma que la II República tuvo hacia los provenientes de la Restauración y la Dictadura. Y otra coincidencia. En los años 80 y comienzo de los 90 vimos cómo desde el Poder y sus aledaños mediáticos se desprestigiaba a los jueces, táctica usada con afán deslegitimador de unos jueces que indagaban en la corrupción o el terrorismo de Estado. Todo esto recuerda las gravísimas descalificaciones dirigidas a los jueces desde el Parlamento republicano y que movieron a los abogados en repetidas ocasiones, a través- del Colegio de Madrid y de la Unión Nacional de Abogados, a dirigir iniciativas para preservar el buen nombre de la Judicatura, del mismo modo que se opusieron valientemente a las depuraciones. Aquellos eran otros tiempos.
La parte prometedora de esos años estuvo en hechos como la Asamblea Judicial de julio de 1931, en el discurso de apertura de Tribunales de Fernando de los Ríos del mismo año o en algunos aspectos de la Constitución de entonces. Varios de los pasajes del panorama que trazó entonces el mencionado ministro podrían repetirse hoy sin perder un ápice de actualidad. Se debatió en aquellos años de lo mismo que se debate hoy; la necesidad de racionalización y medición del trabajo judicial (lo que ahora se llaman módulos), la instauración de jueces municipales profesionales en las capitales (¿no suena esto a la Justicia de proximidad?), la revisión dela función casacional del Tribunal Supremo, la evaluación de los méritos para cargos discrecionales (¿no es este el principal problema que tiene ahora también el Consejo General del Poder Judicial?), la creación de servicios de asesoramiento gratuito (la actual oficina de atención al ciudadano), los tribunales de urgencia (¿no suena esto a juicios rápidos?), la des-judicialización de la jurisdicción voluntaria (ahí tenemos un anteproyecto que da ese paso incoado en el 2000), la dignificación salarial del juez, apuesta clara por la Oposición frente al Cuarto Turno -desdichadamente, reinstaurado en 1985-, la supresión de las categorías judiciales, etcétera.
En otros temas se anticipó a lo que hoy es realidad constitucional (supresión de los tribunales de honor o la limitación de la jurisdicción militar); se transitó por caminos nada distintos a lo que ahora se planea como la elección política de los jueces municipales -lo que poco difiere de los planes iniciales de la Justicia de proximidad-; o la selección de los jueces para Cataluña en virtud del Estatuto de 1932, al prever que la Generalitat hiciese tal selección, en especial los altos cargos -nada diferente al Estatuto catalán que entrega tal función a un consejo judicial intermedio conformado desde el Parlament y, en un caso u otro, con el mismo fin-.
Fuera del reiterado deseo de cada régimen de tener sus jueces independientes, la crónica de la Justicia republicana se presenta como la repetición cansina de una historia que se perpetúa en España con un largo listado de iniciativas que anuncian que a partir de ahora las cosas van a cambiar y que o bien se abandonan para repuntar años después o son el ensayo reiterado de ideas nada novedosas. La historia de la Justicia española se salda con avances lentos -da tres pasos y retrocede dos- al reincidir en errores históricos o resucitar experiencias felizmente abandonadas, o presentar iniciativas que se presentan como novedades salvadoras y que suelen ser remakes legislativos.
Centrar la memoria histórica en unos pocos jueces depurados, aparte de revanchismo vano y afán de trifulca estéril, es dejar pasarla oportunidad de hacer Historia de verdad, al menos para ese periodo. Veríamos así un Poder Judicial que ha evolucionado, pero que sigue viviendo de las rentas más que agotadas de la reforma judicial de finales del XIX. En los años siguientes -dictadura, II República, Guerra Civil y posguerra, franquismo y democracia presente- hemos asistido a repetidos cambios en la decoración de un escenario que, en lo sustancial, permanece igual. No hay conciencia histórica en la Justicia y, como tantas veces se ha dicho, quien ignora su Historia acaba repitiéndola, de ahí que se tenga la impresión de que llevamos 50, 70, 100 años, hablando sustancialmente de lo mismo.
