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LA SANIDAD COMO PARADIGMA
Un estudio recientemente publicado por la organización sueca Health Consumer Powerhouse analizó los sistemas sanitarios de 26 países europeos situando el español en el puesto 17, por debajo de Hungría y Portugal, y a considerable distancia de los primeros (Francia, Holanda y Alemania). En él se evalúan a los estados miembros de la Unión Europea y a Suiza sobre la base de 28 indicadores distribuidos en cinco categorías: derechos del paciente y transparencia; tiempo de espera para un tratamiento; resultados de los tratamientos; servicios cubiertos y recursos farmacéuticos. Entre otros parámetros puntúa a cada país en función del tiempo de espera del paciente antes de la primera consulta, las tasas de mortandad en casos de infarto o cáncer, el grado de dificultad para renovar recetas, la exigencia o no de un defensor del paciente, o el uso de nuevas tecnología como internet. El panorama mostrado por los resultados parece reflejar más las actitudes y culturas organizativas de cada país -mayor o menos presencia de servicios privados, tradición de transparencia o de paternalismo con el paciente- que la cantidad de recursos que cada uno dedica a la salud de sus ciudadanos, pues sólo así se justifica el pésimo lugar ocupado por España.
Pero lo más llamativo del resultado de este estudio es la constatación de grandes variaciones entre regiones, consecuencia de ese puzzle organizativo que supone la existencia de un servicio de salud por cada Comunidad Autónoma, más otro para Ceuta y Melilla. A nadie se le oculta que aun existiendo un único Sistema Nacional de Salud la gestión sanitaria es competencia de cada Comunidad, aprobando su Parlamento la dotación presupuestaria de la sanidad regional, con lógica incidencia en las infraestructuras, los recursos profesionales o la cartera de servicios sanitarios. De ahí esa enconada lucha por financiación, ya creando tributos finalistas -el céntimo de los carburantes para la automoción-, o ya demandando más participación en los directos, razones éstas menos retóricas que la reivindicación del término nación pero más efectivas para justificar las últimas veleidades estatutarias. Sea porque se gestiona mejor o porque se dispone de mayores recursos económicos, lo cierto es que más que un Sistema Nacional de Salud tenemos un conjunto heterogéneo de subsistemas entre los que cada vez existen mayores diferencias organizativas y estructurales, con lógica repercusión en la calidad asistencial percibida.
Ese desequilibrio se hará más evidente una vez consumada la ruptura de los límites porcentuales de participación de las Comunidades Autónomas en el IRPF, el IVA y los impuestos Especiales de Fabricación, establecidos en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, por su derogación implícita a manos del Estatuto catalán, al suponer un incremento por término medio del 17 por ciento en la cesión estatal de dichos impuestos, que se traducirá en un trasvase de cientos de millones de euros del Estado a Cataluña, en parte dirigido a paliar el tremendo déficit sanitario que arrostra el sistema catalán de salud. Esa cesión silenciará las voces que ya hablaban de copago como solución de emergencia, pero introducirá una ventaja diferencial frente al resto de los servicios de salud. No es de extrañar, por ello, que a la carrera estatutaria se sumen nuevas Comunidades, no tanto por un afán de resaltar su hecho diferencial con formulas más o menos reivindicativas del carácter nacional, sino por aprovechar la oportunidad de incrementar su participación en las arcas estatales, bien las Comunidades más ricas esgrimiendo el ejemplo catalán como situación de agravio, bien las menos reclamando la compensación de la llamada deuda histórica.
La consecuencia más obvia de esa carrera al grito de “el último tonto” es la ruptura del principio de solidaridad nacional que ya empieza a evidenciarse en materia sanitaria, con la consiguiente desigualdad de los españoles en el acceso a las prestaciones que dan contenido al derecho constitucional de la protección de la salud, máxime cuando se ampara legalmente la existencia de distintos tiempos máximos de espera o una diferente cartera de servicios. Valga como ejemplo el resultado del informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública relativo al presente año, que aun con el sesgo que supone penalizar las políticas de gestión descentralizada bajo fórmulas tipo fundación o similar, ofrece interesantes datos que evidencian las diferencias en el gasto per capita y en la ratio de camas hospitalarias o de médicos por habitante. De su análisis se observa una correlación lógica con la lista de espera (a mayores recursos invertidos menos espera) y con el índice de satisfacción del ciudadano (a menos espera mayor satisfacción). No sorprende, por lo tanto, que aquellas Comunidades Autónomas que más recursos económicos dedican a la asistencia sanitaria tengan más médicos, más plazas hospitalarias y, en consecuencia, menos lista de espera, recibiendo de sus habitantes una mejor valoración del sistema sanitario. Sin perjuicio de que la realización del gasto depende de la orientación que le dé cada Gobierno autonómico a sus políticas sociales, no es menos cierto que el equilibrio financiero es la salvaguarda de la igualdad efectiva de todos los españoles en el acceso a los servicios públicos indispensables para garantizar su bienestar individual y colectivo, y que sin una adecuada financiación la consecución de dichas políticas en términos de equidad territorial se torna ilusoria. Si finalmente el producto de los impuestos se queda en la Comunidad en donde se tributan crearemos la sensación de que los españoles vivimos a merced de un cantonalismo económico-social por esa falta de cohesión territorial, lo que nos desvelará no una España de dos velocidades sino de 17. El fondo de cohesión sanitaria por sus propias limitaciones normativas no permite corregir esta situación en términos de formulación de auténticas políticas de cohesión, al menos si no se arbitra de otra forma y se le dimensiona presupuestariamente. La sanidad se convierte así en el paradigma de una redefinición de nuestro Estado social de Derecho a golpe de reforma estatutaria. Confiemos que el Tribunal Constitucional evite tamaño error histórico.
