§1017149
El Anteproyecto de la Ley del Suelo establece un estatuto de los ciudadanos en el que se fija que, por encima de los intereses inmobiliarios privados, está el derecho de los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada; a las necesarias dotaciones públicas y equipamientos colectivos, y a la información y a la participación efectiva en el desarrollo y ordenación de las ciudades.
Transparencia y participación ciudadana
El Anteproyecto establece los mecanismos necesarios para que los ciudadanos puedan participar en los procesos de ordenación y gestión del suelo. Para ello se someten a información pública los planes y otros instrumentos, incluidos los convenios urbanísticos, y se exige la elaboración de un resumen ejecutivo de los planes para que los ciudadanos puedan valorar fácilmente qué se quiere hacer y en qué les afecta.
Además, el Anteproyecto de Ley del Suelo busca asegurar un desarrollo urbano sostenible sometido a una evaluación ambiental previa; en segundo lugar garantizar la disponibilidad de suelo para vivienda protegida mediante el establecimiento de un porcentaje mínimo de reserva de suelo para dicho uso establecido en el 25 por 100 de los desarrollos urbanísticos. También busca conseguir una mayor eficiencia en el funcionamiento del mercado del suelo, desincentivando las prácticas de reclasificación y retención especulativas del suelo.
El Anteproyecto de Ley busca facilitar las políticas urbanas de los municipios al abrir la horquilla que regula la participación en las plusvalías urbanísticas, que se establece entre el 5 por 100 y el 15 por 100 del aprovechamiento urbanístico en cuestión, lo que permitirá una mayor adaptación en cada caso a las plusvalías reales que se puedan generar.
Al mismo tiempo, se establece una mejor regulación de los suelos públicos, asegurando su carácter de patrimonio vinculado a determinados fines de interés social, prioritariamente la construcción de viviendas protegidas, con la flexibilidad suficiente como para que pueda adaptarse a las necesidades reales de cada municipio.
Valoraciones reales
Pero, sin duda, una de las mejoras de la gestión pública del suelo viene determinada por el nuevo régimen de valoraciones que se establece sobre la situación real en que se encuentre el suelo sin tener en cuenta las posibles expectativas que no se hayan concretado aún.
El Anteproyecto objetiva valores prudentes de mercado no especulativos y, en todo caso, garantiza a los propietarios una adecuada indemnización cuando no puedan participar en la gestión urbanística, del mismo modo que se valora la iniciativa empresarial en el sector.
Movilización de suelo
La vivienda protegida necesita suelo en condiciones favorables para su desarrollo y por eso, desde su formación, el Gobierno ha venido movilizando suelo de propiedad estatal para aplicarlo a la construcción de nuevas viviendas.
En los dos años que van transcurridos de esta legislatura se han movilizado catorce millones de metros cuadrados de suelo público que permitirán construir 42.000 viviendas protegidas.
Para dar una idea del esfuerzo llevado a cabo en estos dos años en movilización de suelo público basta comparar esas cifras con las correspondientes a los ocho años comprendidos entre 1996 y 2003. En esos años se liberó suelo público para 26.753 viviendas protegidas. Eso significa que en dos años se ha movilizado suelo para más viviendas protegidas que en los ocho años anteriores. En definitiva, el Gobierno compromete suelo para 21.000 viviendas protegidas cada año, mientras el Gobierno anterior lo hizo a razón de 3.344 viviendas anuales protegidas.
