§1016376
Andalucía, 18 de abril de 2006
La ponencia parlamentaria ha dado luz verde al texto de reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía. El dictamen ha sido aprobado con los votos de PSOE e IU, mientras que PP y PA lo han rechazado. La reforma estatutaria entre así en su recta final de tramitación, antes de ser aprobada por el pleno del Parlamento andaluz, el próximo 2 de mayo, y de su posterior entrega en el Congreso de los Diputados, el día 5 de ese mes. Previamente será debatida en la Comisión de Desarrollo Estatutario, el jueves 20 de abril.
Por tanto, los cuatro grupos parlamentarios (PSOE, PP, IU y PA) dispondrán de poco más de quince días para intentar lograr la unanimidad en cuestiones fundamentales, como la denominación de Andalucía, sus competencias, la financiación y los derechos sociales, entre otras.
La reforma eleva el techo competencial de la Comunidad autónoma, incluye al Guadalquivir como competencia exclusiva, y amplía los derechos sociales. También crea una comisión mixta de Asuntos Económicos y Fiscales como órgano bilateral para abordar la financiación que recibe Andalucía del Estado y recoge otra Comisión Bilateral Junta-Estado de carácter permanente.
El nuevo texto define, en su preámbulo, a Andalucía como “nacionalidad histórica” y considera “determinante” su opinión en la posición del Estado ante la Unión Europea cuando se trate de competencias autonómicas exclusivas; otorga competencias a la comunidad para conceder permisos de trabajo a los inmigrantes y precisa las atribuciones de lo que será el Consejo de Justicia de Andalucía.
Acerca de los nuevos derechos sociales, contempla la posibilidad de que los ciudadanos puedan recurrir a la Justicia los incumplimientos del Estatuto, reconoce la modalidad lingüística andaluza, la regulación por ley de una carta de derechos de los ciudadanos en su relación con la Administración de Justicia o la ampliación de la paridad no sólo al Gobierno y Parlamento autonómico y cargos de la Junta, sino también en los nombramientos de los órganos colegiados o consultivos de la Administración autonómica.
Además, expresa que la participación de los ayuntamientos en los tributos de la comunidad se regularán por ley, concreta con mayor precisión el reconocimiento de la Renta Básica y refleja la gratuidad de los servicios públicos para los más desfavorecidos económicamente.
El texto incluye diez títulos, 250 artículos y seis disposiciones adicionales, además del Título Preliminar y el Preámbulo.
