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La Ponencia que se ocupa en el Senado de tramitar la reforma del Código Civil para regular el matrimonio homosexual deparó ayer algunas sorpresas, a pesar de que el asunto se resolvió en tan sólo hora y media de reunión. Aunque cada grupo mantuvo su postura inicial, el Partido Popular consiguió el apoyo suficiente para sacar adelante tres iniciativas. Por un lado, se aprobó por unanimidad pedir al Gobierno que presente en la Comisión de Justicia de la Cámara Alta (convocada para el próximo 14 de junio con el fin de debatir esta ley) la memoria económica de la reforma. Además, todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo en que también la Vicepresidencia Primera dé a conocer en esa misma Comisión los estudios que demuestran que los niños educados en parejas homosexuales no presentan diferencias respecto de aquéllos que crecen en familias heterosexuales.
Por último, el PP, sólo con el apoyo de CiU, logró que los grupos parlamentarios puedan proponer la comparecencia en Comisión de psiquiatras y psicólogos para que “ilustren” sobre la conveniencia o no de reconocer la adopción de menores por parte de matrimonios homosexuales, según explicó Rosa Vindel, una de las ponentes populares. Entre ellos, el PP ha propuesto a Enrique Rojas, Pablo Romeu, Patricia Martínez y Mónica Fontana.
Los que no prosperaron fueron los dos vetos a la totalidad, planteados por PP y un senador de Unió, Jordi Casas. Tampoco ninguna de las catorce enmiendas presentadas por los diferentes partidos, que serán discutidas otra vez en la Comisión de Justicia. “Es decir, el texto que se debatirá el día 14 es el mismo que llegó del Congreso de los Diputados. Todo está abierto, hasta la última votación en el Pleno del Senado del día 22 de junio”, insistió Vindel.
Una de las enmiendas del PP incluye la posibilidad de que las autoridades y funcionarios que intervienen en la fase del expediente matrimonial tengan derecho a abstenerse de celebrar bodas homosexuales por razones de conciencia. Además, esta formación política pretende que la ley entre en vigor a los seis meses de su aprobación, con el fin de que juzgados y ayuntamientos puedan adecuar personal y mecanismos para su cumplimiento. La única enmienda de CiU incluye que se garantice el derecho de los contrayentes, independientemente de si los concejales quieren o no casar a las parejas del mismo sexo. “Si un alcalde no quiere celebrar la boda debe delegar en un concejal”, explicó Lluis Badia, senador de CiU
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