“CON PERMISO DE LOS SABIOS”. LA REFORMA DE RTVE: EL TRIPLE RETO QUE EL GOBIERNO TIENE QUE AFRONTAR
Tras leer el esperadísimo informe del Consejo para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado en el que nos han expuesto sus propuestas de reforma de RTVE, tengo la impresión –y también la preocupación- de que RTVE va a quedarse como está, –o incluso peor-, excepto por lo que se refiere a algunos ajustes en su estructura organizativa y al establecimiento de un sistema de financiación pública estable.
El problema de RTVE, que no ha hecho más que agrandarse a fuerza de dejar pasar los años sin afrontarlo, reviste una gran complejidad social y económica. Las soluciones, que son fáciles sobre el papel, necesitan, para su aplicación en la práctica, que un Gobierno haga gala de una enorme valentía y una gran capacidad de dialogo con los interlocutores sociales y políticos y con la sociedad en general.
Si queremos convertir a RTVE en una televisión de servicio público fuerte, independiente y económicamente saneada, tres son, a mi juicio, los retos con los que se encuentra este Gobierno.
A ellos me refiero a continuación, siguiendo un orden de menor a mayor dificultad.
Primero: Se debe reformar el Estatuto de RTVE para garantizar y preservar su independencia del Gobierno y del partido que, en cada momento, ostenten el poder. Basta, para ello, con modificar la forma de designación de sus órganos de dirección, asunto para el que el Comité ha propuesto una solución,-entre las distintas posibles que garantizaban el mismo resultado de independencia-, ciertamente innovadora pero que, en mi opinión, resulta, en la práctica, difícilmente trasladable a nuestro país.
Segundo: Por exigencias del derecho comunitario y, por coherencia con nuestro propio orden constitucional, hay que establecer, de una vez por todas, un verdadero estatuto de servicio público televisivo, dotado de obligaciones y cargas de programación concretas y detalladas que no se impongan al resto de los operadores; y, en consecuencia, también un sistema de financiación estable que permita a la empresa pública cumplir esas obligaciones. No creo que vayamos por buen camino si seguimos entendiendo que “servicio público” es todo aquello que hace el operador público y si se sigue permitiendo que exista un canal comercial que compita con las privadas (TV1) relegando esas misiones de servicio público al segundo canal. Pero, si leemos el Informe, despojándolo de palabras y expresiones grandilocuentes, esto es lo que están proponiendo los sabios.
La propuesta de diseñar directrices de programación de servicio público, (a través de mandatos-marco que se detallarían en contratos-programas trienales aprobados por el Parlamento) podría suponer un avance importante en la definición de las misiones que deben encomendarse al Ente pero, en mi opinión, requeriría como paso previo que se incorporarán en una norma con rango de ley al menos las más básicas de esas obligaciones de programación, sobre la base de criterios no sólo cualitativos sino, sobretodo, cuantitativos (tantos por ciento anuales de programas educativos, culturales o infantiles que se emitirán en horarios de máxima audiencia, etc). Sólo así el establecimiento de un estatuto diferenciado y real de servicio público para RTVE que justificaría su financiación pública resultaría realmente creíble.
En cuanto a la financiación, acepto que en un país como el nuestro se plantee un sistema de financiación mixta donde una parte de los recursos provenga de los Presupuestos y otra de la publicidad. Y, sin embargo, entiendo, por un lado, que la partida de fondos públicos debería ser –como ocurre en Europa- mayor que la de ingresos comerciales y, por otro lado, que la necesaria mayor restricción a la emisión de publicidad que debe imponerse a TVE (bastante mayor que la propuesta por el Informe) debe establecerse de tal modo que sea “perfectamente visible” para el espectador (nadie percibe una diferencia entre 9 o 12 minutos por hora; sí se percibe, por el contrario, una prohibición de emitir publicidad en horario estelar o los domingos –Alemania-, o de emitirla durante determinados tipos de programas –Francia-).
En fin, tal como propone el Informe, el control por una autoridad independiente con potestad sancionadora del cumplimiento de esas misiones y de la correcta utilización de los fondos públicos que se afecten resulta imprescindible.
Ahora bien, se podría decir que los dos problemas a los que acabo de referirme son menores en comparación con el tercero: RTVE lleva años arrastrando una importante crisis estructural y económica. Su deuda financiera, a finales de 2005, superará los 7.500 millones. Las perdidas acumuladas de RTVE de 1990 a 2004 suman más de 8.200 millones de euros. RTVE es una empresa sobredimensionada: sólo contando los trabajadores de TVE (lo que ya produce distorsiones, en la medida en que departamentos enteros afectos a la actividad televisiva se integran en el ente RTVE y no en TVE) esta empresa tiene 3 veces más empleados que Antena 3 (antes de su reciente reestructuración) y 4 veces más que Telecinco.
Este gravísimo problema sólo puede resolverse con un plan urgente de reestructuración que incluya una importante reducción de plantilla y un redimensionamiento de la empresa y del Ente. Este es, de los problemas de RTVE, el que exige una solución firme e inmediata. Y la solución pasa por adoptar las medidas drásticas que acabó de exponer y de las que, sin embargo, los sabios nada dicen. Pero no abordarlo ahora supondrá tener que hacerlo más pronto que tarde por exigencia de las autoridades europeas.
Eso sí, el Informe propone, por un lado, poner el contador de la deuda a cero y “perdonarle” a RTVE la citada deuda acumulada que “ha de quedar asumida como propia por el Estado”. Y, por otro, advierte que resulta necesaria una inicial dotación económica, extraordinaria y única, -llamado “fondo de arranque”-, que se sumaría a la financiación pública anual que se propone. Pues bien no sólo no es una solución para RTVE que el Estado asuma, sin más, la deuda y luego todo siga igual (no hace falta más que sentido común para entender que, sin una importante reestructuración, la deuda volvería a generarse en pocos años), sino que se desconocen las reglas comunitarias más básicas sobre financiación pública que impiden otorgar ayudas –y la asunción de la deuda y el “fondo de arranque “lo serían - a una empresa sin justificación alguna. El intento del experto económico-financiero por considerar la deuda acumulada como una compensación del servicio publico prestado por RTVE hasta ahora, aunque loable, no resulta creíble: tanto él como el propio Consejo admiten que RTVE ni ha tenido realmente encomendada ni ha cumplido nunca misión de servicio público alguna.
Comparto el criterio de los sabios sobre la necesidad de sanear RTVE y, sin embargo, el ordenamiento jurídico comunitario exige el cumplimiento de unas normas y condiciones bien precisas y estrictas que pasan por el establecimiento de un plan de reestructuración de la empresa que garantice su viabilidad a medio y largo plazo. Ni una palabra en el informe sobre esta cuestión que, sin embargo, es el elemento clave de cualquier reforma seria que se pretenda efectuar en RTVE. Me ha sorprendido enormemente que el Informe no sólo no aborde ni, por tanto, de soluciones para el problema más grave, con diferencia, que tiene RTVE sino que, además, lejos de redimensionar RTVE –lo que resulta imperativo- decida aumentar sustancialmente su estructura, canales y actividades, lo que no hará más que incrementar los costes y gastos de una empresa que ya se halla en quiebra técnica.
Desconozco la razón por la que los sabios no han querido abordar la realidad del ente RTVE y, en consecuencia, no han aportado ni una sola propuesta o solución que permita la viabilidad de esta entidad. Tengo, sin embargo, el convencimiento de que cuando el Presidente del Gobierno decidió crear este Comité lo hizo con el firme propósito de afrontar y resolver, de una vez por todas y de verdad, el viejo problema de la televisión pública estatal. Así lo afirma en su programa electoral donde se compromete al “saneamiento económico y financiero” del Ente Público consensuando “con los sindicatos un Plan de Viabilidad que permita una racionalización y modernización de sus estructuras”. Es su compromiso con todos los ciudadanos.
Los sabios han dictaminado. Dejemos, ahora, que opinen los expertos. Permitamos que el Gobierno haga su propuesta.
