Instituciones públicas y privadas establecerán mecanismos de autorregulación para detectar infracciones de derechos de la propiedad intelectual en Internet
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Plan integral para la disminución y la eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual, que pretende defender el derecho de los creadores frente a los efectos devastadores de la “piratería” desde el punto de vista cultural, económico y social.
El Plan, elaborado por el Ministerio de Cultura, implica a once Ministerios (Presidencia, Economía y Hacienda, Trabajo y Asuntos Sociales, Justicia, Interior, Educación y Ciencia, Industria, Turismo y Comercio, Sanidad y Consumo, Asuntos Exteriores, Administraciones Públicas y Cultura) y prevé la colaboración activa de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, de otros sectores implicados, las instituciones públicas y los consumidores.
El Plan se concibe como un instrumento integral que debe servir para erradicar o, al menos, contribuir a la erradicación de este fenómeno. El Plan del Gobierno aborda el problema de la conculcación de los derechos de autor desde su perspectiva más amplia, ya que no sólo se persigue a aquellos que ponen a disposición del público productos piratas, sino que se va a tener en cuenta la relación de estos infractores con bandas organizadas y su conexión con otro tipo de delitos.
Acciones urgentes
El documento aprobado hoy atiende a los distintos subsectores relacionados con la propiedad intelectual; esto es, al sector musical, al audiovisual, al del libro o al del software, entre otros. Contempla cinco bloques de medidas y la puesta en marcha de cuatro acciones que se aplicarán con carácter urgente:
El Ministerio de Justicia va a especializar a los miembros del Ministerio Fiscal en cada una de las fiscalías, así como a peritos judiciales y miembros de la Policía Judicial para agilizar los juicios rápidos relacionados con estos delitos. Asimismo, se instará al Fiscal General del Estado a dictar instrucciones a los integrantes del Ministerio fiscal para unificar criterios en el tratamiento de los delitos contra la propiedad intelectual.
El Ministerio del Interior va a constituir un grupo policial específico sobre actividades delictivas relacionadas con la propiedad intelectual que asegure la coordinación interna de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Este grupo se coordinará con los órganos de análisis y de investigación de la delincuencia organizada y, singularmente, con los de tratamiento de la extranjería, la documentación y la inmigración ilegal.
Asimismo, se va a reforzar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las policías autonómicas y locales mediante el establecimiento de un protocolo de actuación que evite la pérdida de inteligencia criminal y de eficacia y eficiencia policial.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y el de Cultura crearán un grupo de trabajo al que serán convocadas las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y la industria de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. El objetivo de este grupo es establecer mecanismos para detectar y retirar contenidos ilícitos de las redes digitales, así como para determinar la identidad de los infractores de derechos de propiedad intelectual.
Firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Federación Española de Municipios y Provincias, que prevé la elaboración de un “mapa de la piratería” en España, como instrumento para determinar las áreas geográficas donde concentrar los mayores esfuerzos policiales.
Cinco bloques de medidas
Además de estas acciones urgentes ya descritas, el Plan integral para la disminución y la eliminación de las actividades vulneradoras de la propiedad intelectual contiene cinco bloques de medidas cuya aplicación se va a realizar a medio y largo plazo: medidas de cooperación y colaboración, medidas preventivas, medidas de sensibilización, medidas normativas y medidas formativas.
Medidas Preventivas. Con ellas se quiere determinar el alcance real del problema y conocer las razones que llevan a los ciudadanos a consentir el comercio y consumo de productos ilícitos, cuando no a consumirlos ellos mismos. También llamar la atención de la connivencia existente entre las organizaciones que hay detrás de estas conductas con otra clase de delitos que sí generan un indudable rechazo social.
Medidas de Sensibilización. Campañas para explicar a la sociedad el valor y sentido de la propiedad intelectual. Debe ser la sociedad, y especialmente la población más joven, la que llegue al convencimiento de lo pernicioso de estas conductas. Además, el Plan aboga por ordenar los cauces de difusión de las creaciones intelectuales, especialmente en Internet, previendo acciones de impulso por parte de la Administración para estimular mecanismos de autorregulación entre prestadores de servicios y titulares de derechos de propiedad intelectual.
Medidas Normativas. El Plan parte de la premisa de que la legislación española es suficiente para acotar estos comportamientos delictivos. Pese a ello, dentro de la ejecución del Plan se analizará la actual normativa con el afán de suplir, en su caso, las lagunas normativas que pudieran existir para dotar a policías y jueces de los instrumentos precisos para combatir estas actividades.
Medidas Formativas. Éstas están dirigidas a todos aquellos que tienen entre sus funciones velar por el respeto de estos derechos, muy en particular Fuerzas y Cuerpos de Seguridad estatales, autonómicos y locales, así como de los miembros de la Carrera Judicial y de la Fiscalía.
Medidas de Cooperación y de Colaboración. El Plan prevé la creación de una Comisión Intersectorial constituida por representantes de todas las Administraciones Públicas con responsabilidad en esta materia y de las entidades que defienden los derechos de propiedad intelectual, la industria de las tecnologías de la información y las comunicaciones y las asociaciones de consumidores. Esta Comisión será la encargada de marcar las líneas directrices del plan así como del control de su ejecución. Será creada por Real Decreto en un plazo máximo de tres meses.
