Este organismo, dirigido a responder de manera completa a las necesidades más inmediatas de las víctimas, tiene como primer objetivo servir de órgano de información a las mismas. Se trata de remediar la carencia de información sobre los procesos, aliviando el entorno muchas veces doloroso en que se desenvuelven los actos procesales para las víctimas de terrorismo. Con esta nueva Oficina se pretende ofrecer, desde la Administración de Justicia, un servicio de tratamiento personalizado, facilitando a las víctimas la realización de los trámites judiciales y todo tipo de asesoramiento social.
Se trata, además, de configurar una Oficina que sirva de instrumento de cooperación y coordinación entre los diversos órganos de la Administración General del Estado que han asumido compromisos de atención a las víctimas.
Interconexión con otras instancias
Así, la Oficina podrá servir a los afectados para su interconexión con otras instancias competentes como el Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, el Ministerio del Interior -especialmente la Subdirección General de Atención al Ciudadano y de Asistencia a las Víctimas del Terrorismo-, el Consejo General del Poder Judicial; el Defensor del Pueblo o las Comunidades Autónomas.
Esta concepción integral se refuerza en el propio Acuerdo de Consejo de Ministros, al establecer expresamente la posibilidad de que el Ministerio de Justicia pueda celebrar convenios con el Consejo General del Poder Judicial y con otras entidades públicas y privadas para coadyuvar al adecuado funcionamiento de la Oficina.
Por otra parte, de conformidad con la disposición transitoria de la Ley Orgánica de 25 de mayo de 1988, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, corresponde a la Audiencia Nacional la instrucción y enjuiciamiento de los delitos relacionados con el terrorismo. Por ello, la Oficina de Asistencia a las Víctimas de Terrorismo debe radicarse en dicho órgano jurisdiccional, cuyo ámbito competencial se extiende a todo el territorio nacional, lo que justifica la competencia del Ministerio de Justicia para su creación.
